La ministra de Seguridad Nacional argentina, Patricia Bullrich, anunció ayer martes que declarará a un grupo indígena mapuche como “organización terrorista” en el contexto de diversos incendios presuntamente intencionales en la región de la Patagonia.

El anuncio del gobierno del presidente Javier Milei ocurre tras conocerse en medios locales un video grabado el domingo en el que el dirigente indígena Facundo Jones Huala reivindica los “sabotajes” como método de lucha de su agrupación, Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

“Reivindico los sabotajes, las acciones de resistencia, la autodefensa, la rebelión frente a la opresión de la que siempre hemos sido objeto”, dijo Jones Huala durante la presentación en Bariloche (sur) de su libro titulado “Entre rejas, antipoesía incendiaria”.

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En el mismo video, el referente mapuche asegura que es un militante y un activista político y que “la liberación (de la nación mapuche) incluye la lucha armada”.

Jones Huala, que regresó en agosto a Argentina tras cumplir una condena de prisión en Chile por incendiar una propiedad y por portar ilegalmente un arma en 2013, es uno de los líderes de RAM, un grupo radical pero minoritario de la comunidad indígena de la Patagonia que reclama tierras tomadas por el Estado en el siglo XIX.

“Declararemos a la RAM como organización terrorista e inscribiremos a este grupo en el Registro de Organizaciones Terroristas”, anunció en X la ministra Bullrich, que también presentará una denuncia penal contra Jones Huala “como jefe de esta organización, por incitación directa y llamado explícito a la lucha armada”.

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Además, Bullrich afirmó que el militante mapuche reivindicaba “los incendios que destruyeron propiedades y le costaron la vida a un ciudadano en la zona de El Bolsón y Epuyén”, dos localidades patagónicas que desde enero sufren incendios forestales.

En El Bolsón, en la provincia de Río Negro (1.700 km al suroeste de Buenos Aires), fueron arrasadas cerca de 3.000 hectáreas, se destruyeron 120 casas y debieron evacuarse más de mil personas.

Un vecino de la zona rural cercana a esa ciudad falleció el sábado de un paro cardíaco afectado por el humo, confirmó el domingo a la prensa local el intendente, Bruno Pogliano.

Sin embargo, en la presentación de su libro Jones Huala negó su participación y la de su organización en los incendios: “Dicen que andamos prendiendo fuego los bosques donde vive nuestra gente. Todas mentiras. Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos”. Los gobernadores de las provincias sureñas de Chubut, Ignacio Torres, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguraron que el origen de los incendios “fue intencional”.

Fuente: AFP.

Este viernes, tras más de una década del cierre del Colegio de Policía filial N.º 10 “Sargento Ayudante José Merlo Sarabia”, ubicado en la ciudad de Concepción, el mismo abrió sus puertas a 210 nuevos aspirantes a suboficiales con la presencia de autoridades locales, departamentales y una importante cantidad de familiares de aspirantes, quienes participaron orgullosos del acto de reapertura.

Durante el acto se destacó el crucial apoyo recibido por parte del Gobierno nacional para hacer posible la reapertura de la institución, ya que desde la gobernación del departamento de Concepción y la Policía Nacional asignaron fondos para la reparación y acondicionamiento de la estructura edilicia y la puesta a punto de todos los materiales y muebles necesarios para el óptimo funcionamiento del lugar.

“Dimos apertura nuevamente al Colegio de Policía después de más de una década y la mayoría de los aspirantes son concepcioneros. Realmente es algo histórico, no solo porque después de mucho tiempo se reabre el colegio, sino porque era el pedido de la ciudadanía en general y por suerte tenemos el apoyo de las autoridades”, comentó el comisario general inspector Sebastián Ramírez Delgadillo, director de Policía de Concepción, en conversación con Unicanal.

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El mismo destacó que al contar con una institución de formación policial en el departamento se beneficia al pueblo concepcionero, no solo porque se puede dotar de mayor cantidad de efectivos policiales a la zona, sino que las familias de los aspirantes a policías no deben de preocuparse por la distancia, haciendo también más llevadero el proceso de preparación de todos los jóvenes.

Para poner en marcha este año lectivo, se asignarán instructores que en su mayoría provienen del área Central y también de departamentos aledaños, esperando a su vez que en el futuro se puedan ver más agentes del departamento ocupando estos cargos.

Concepción es uno de los departamentos con mayor solicitud de refuerzos de seguridad, por lo que en los últimos cinco meses no solo se han entregado 21 nuevas patrulleras para toda el área, sino que también se dotó a la zona de 100 nuevos efectivos policiales para priorizar las tareas de prevención y seguridad.

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El embajador de Paraguay en Uruguay, Didier Olmedo, y el director de la Secretaría del Mercosur, Jimmy Voss Donamarí, suscribieron un convenio de financiamiento para el mejoramiento del Centro de Frontera de Puerto Falcón, entre Paraguay y la Secretaría del Mercosur.

Ambos diplomáticos afirmaron que este es un proyecto regional fundamental para nuestro país y el proceso de integración, teniendo en cuenta la relevancia de este paso fronterizo en el comercio de bienes y servicios, además de la dinámica social entre Argentina, Paraguay, y todo el Mercosur.

Este proyecto fue aprobado por el Consejo del Mercado Común (CMC) en diciembre del 2024 durante la 65ª Cumbre del Mercosur, realizada en Montevideo. El bloque aportará USD 32.625.188 en recursos no reembolsables provenientes del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem).

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Al respecto, el embajador Didier Olmedo subrayó la importancia de este proyecto ya que el punto de frontera es muy activo, y es prácticamente el único punto de enlace físico entre Paraguay y Argentina, en la frontera oeste. Agregó que esto implica un destacado mejoramiento del flujo de personas, mercancías, transporte, atendiendo a los objetivos del artículo primero del Tratado de Asunción que dispone de la libre circulación de bienes y factores productivos.

El Focem es un fondo destinado a financiar proyectos para promover la convergencia estructural, desarrollar la competitividad, promover la cohesión social, en particular de las economías menores, regiones menos desarrolladas, apoyar el funcionamiento de la estructura institucional y el fortalecimiento del proceso de integración.

Es el primer mecanismo solidario de financiamiento propio de los países del Mercosur y tiene por objetivo reducir las asimetrías del bloque. Los fondos son destinados a los países y entregados en carácter de donación no reembolsable para financiar hasta el 85 % del valor elegible de los proyectos presentados.

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Un comunicado publicado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) explica que durante el año 2018, la institución tenía una carga salarial por mes de G. 39.665 millones. Sin embargo, durante los 5 años del gobierno de Mario Abdo, esta cifra se disparó a G. 80.905 millones en 2023, marcando un aumento del 104 %. Además, se registró el récord histórico de recategorizaciones, otorgando categorías altas sin criterio técnico y priorizando vínculos políticos.

Durante el gobierno anterior, se incorporaron más de 560 nuevos funcionarios, muchos de ellos sin roles claros, contribuyendo al desequilibrio financiero de la entidad. Esta práctica irresponsable dejó a Yacyretá en una situación crítica, y los altos salarios heredados de esta administración son los que hoy generan titulares en medios afines a su gestión.

Sandra Ofelia Saldívar Vera, consuegra de Alliana, lleva 27 años de antigüedad en la EBY, y su salario no es nuevo, sino resultado de decisiones tomadas en administraciones pasadas.

Juan Bautista González Vaesken, mencionado en las críticas, ingresó en el año 2010 durante el gobierno de Fernando Lugo y fue recategorizado durante el gobierno de Mario Abdo.

Los sueldos de telefonistas, guardias y choferes que asombran al país también se originaron en gestiones previas, y son parte del problema heredado.

En cambio, la administración actual está enfocada en corregir estos excesos y marcar un giro hacia la sostenibilidad financiera:

- Se evitó el pago de G. 108.042 millones (USD 14,2 millones) mediante gestiones jurídicas favorables en juicios laborales y demandas civiles (agosto 2023 - agosto 2024).

- Desvinculación de más de 120 funcionarios.

- Reducción de la compra de combustibles y alquiler de vehículos.

- Eliminación total de vuelos privados.

- Reducción en pagos por publicidad y en viáticos y horas extras, que ahora solo se asignan a quienes efectivamente trabajan fuera de horario o viajan.

- Corte de gastos en líneas telefónicas corporativas, TV cable y otros lujos innecesarios.

- Ahorros importantes en licitaciones, como el mantenimiento cloacal de Encarnación.

- Optimización en áreas clave como el mantenimiento de vehículos y equipos de oficina.

El comunicado de la EBY explica que recibieron una institución en quiebra, que hoy se está ordenando y bajando muchos gastos innecesarios. Se están reduciendo deudas bancarias y se proyecta que, para el 2028, la EBY estará sin deudas. Se está priorizando el uso eficiente de los recursos, eliminando privilegios heredados.

La institución expresa que es fundamental que el debate público sea informado y justo. La administración actual no solo está enfrentando el desbalance heredado, sino que también lidera un camino hacia la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en la gestión de recursos.