El tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, María Belén Agüero y Arnaldo Fleitas, revocó la resolución del juez Miguel Palacios, que había ordenado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que informe sobre financistas y participantes del evento del pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se realizó en nuestro país el año pasado.

Con la presente resolución judicial, la Seprelad no está obligada a brindar la información que ha solicitado vía amparo judicial Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), contra la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

Los camaristas mencionan en su resolución que “el derecho al acceso a la información pública se halla garantizada para todas las personas, sin embargo en este caso, la apreciación sobre si la proporcionada por la entidad del Estado es completa o incompleta responde a una apreciación subjetiva del reclamante, al quedar satisfecho o insatisfecho por la contestación que pueda recibir”.

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También agregan que “en el informe de Seprelad, sobre los nombres o denominaciones de las personas físicas o jurídicas de los organismos públicos o privados nacionales de derecho internacional extranjeros que financiaron total o parcialmente el evento, ha informado que “los datos solicitados no forman parte de sus registros y se puede concluir en consecuencia que, en realidad, al requerimiento del demandante ha existido una respuesta; que esta no haya complacido al mismo, ya responde a su entendimiento, pero de por sí, no constituye un acto ilegítimo de parte de la demandada es decir de la Seprelad” señala la determinación judicial.

Asimismo los jueces indicaron que el juez de primera instancia no ha considerado suficientemente los requerimientos de la norma constitucional para admitir el amparo, que debe ser revocado, al encontrar que no cumple con los presupuestos para su procedencia.

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“El llamado al diálogo entre los poderes es clave en cualquier país. Cuando se convoca a una cumbre hay que darse cuenta que esto refleja un compromiso institucional”, dijo el politólogo y consultor Víctor Genes, tras destacar el interés del gobierno del mandatario Santiago Peña en debatir sobre la problemática judicial. La reunión realizada ayer lunes culminó con una declaración de siete ejes para la lucha contra la corrupción.

“Si no tenemos una solidez institucional con un respaldo político no se podrá consolidar el Paraguay, y la corrupción estará desarrollándose continuamente. Desde la voluntad política se consolidan las instituciones. La buena consolidación institucional generan buenas prácticas y las buenas prácticas se traducen en un ejercicio de buenas costumbres”, manifestó Genes, este martes, al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970/Nación Media.

Las afirmaciones del analista surgieron ante el intento por parte de políticos opositores y disidentes colorados de desmeritar la iniciativa celebrada en el Palacio de Gobierno, calificándola como una “cumbre de la impunidad y un acto protocolar”, sin plantear propuestas para combatir la corrupción dentro del sistema judicial como consecuencia de la permeación del crimen organizado en las instituciones.

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No obstante, el politólogo consideró que en la cumbre de poderes se tomaron medidas concretas contra ambos flagelos, citando como un punto resaltante el instar a la implementación de la “Iniciativa 28″ referente a la Estrategia Nacional de Combate contra la Corrupción, la cual se refiere a la situación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de implementar un reglamento para las comunicaciones de sus integrantes.

“Falta un compromiso institucional por parte de los órganos vinculados al Poder Judicial. Es en el JEM donde se tienen que generar buenas prácticas para que haya una buena justicia en el Paraguay, entonces, mediante el hecho de que se busque impulsar la realización de reglamentaciones y controles internos, la corrupción tendría que ir decantándose como un efecto domino”, manifestó.

“Cuando se habla sobre la intención de implementar ciertas restricciones dentro del JEM, cuando se habla del control de la comunicación interna y externa, cuando se habla de que las conversaciones tendrán que ser oficiales y públicas, entonces lo que se busca es transparentar. Esto tendrá incidencia para que puedan haber buenas prácticas”, puntualizó el politólogo a NM.

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El gobierno de Mario Abdo Benítez dejó vía libre para que esquemas del crimen organizado se movieran con tranquilidad en territorio paraguayo, de acuerdo con varias investigaciones del Ministerio Público. Eliminación de puestos de control, amigos de los capos en puestos de confianza, aporte a campaña electoral son algunos de los elementos que permitieron esa tranquilidad y la instalación de redes narco en las que aparece salpicado el exmandatario y su entorno inmediato. Los casos suman y siguen.

• UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NACIÓN MEDIA

De Dalia López a Sebastián Marset, pasando por los dipu­tados Juan Carlos Ozorio, Lalo Gomes y Éver Noguera. El gobierno de Mario Abdo Bení­tez no solo estuvo plagado de narcovínculos, sino que tam­bién permitió que esquemas del crimen organizado se movie­ran a sus anchas y con exce­siva tranquilidad, sin mayores burocracias, privilegio no muy habitual para los comunes (ver infografía).

El 15 de agosto de 2018, en su primer día como presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez derogó un decreto emitido por el gobierno de Horacio Car­tes y volvió a restablecer pode­res al entonces ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, con lo que le permitió mover a sus anchas a agentes y directores de la institución.

En mayo de 2020, Giuzzio desmanteló la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (DIAFT), que reali­zaba fiscalizaciones en puertos privados. Tras esa maniobra la “narcoexportación” se dis­paró y el Paraguay se convir­tió en noticia por toneladas de cocaína decomisadas en serie en todo el mundo.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, volvió a señalar al supuesto narcotraficante uru­guayo Sebastián Marset como autor intelectual del asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado en mayo de 2022 en tierras colom­bianas. El señalado como líder de una organización crimi­nal trasnacional se instaló, se documentó en tiempo récord y montó su red de empresas con facilidad en Paraguay durante el gobierno de Mario Abdo.

Durante una reunión con su gabinete, Petro cuestionó las acciones de la Fiscalía colom­biana en la investigación del ase­sinato y apuntó directamente a Marset como el principal res­ponsable. “¿Por qué la muerte del fiscal paraguayo Pecci quedó en manos del fiscal Mario Bur­gos? ¿Por qué sacó al asesino del proceso, que es el narco­traficante Marset?”, expresó el mandatario. Petro también mencionó que Marset cuenta con el respaldo de otras figuras del crimen organizado, como el narcotraficante colombiano Julio Lozano Pirateque, quien actualmente reside en Dubái.

Recientemente, el medio El Colombiano reveló una agenda que supuestamente pertene­cía al exmilitar Francisco Luis Correa Galeano, señalado como autor material del asesinato de Pecci. Correa Galeano fue ase­sinado en su celda el pasado 3 de enero, y en su agenda se encon­traba una referencia a Marset, lo que refuerza la hipótesis de su participación en el crimen.

Marset, actualmente prófugo de la Justicia, ha construido una extensa red de operacio­nes criminales que incluye el tráfico de cocaína y el lavado de dinero a través de negocios lega­les. Su primera llegada a Para­guay se registró el 8 de abril de 2018, justo antes de las eleccio­nes generales en las que Mario Abdo Benítez resultó electo pre­sidente. Permaneció en el país hasta el 27 de abril, periodo en el cual comenzó a estructurar su operativa para el tráfico de drogas hacia Europa.

Fue precisamente durante el período de mandato de Abdo que Marset estructuró su red criminal con tranquilidad, gozando de impunidad y con­siguiendo utilizar las institu­ciones públicas con una calma llamativa.

En agosto de 2020, la Dirección de Identificaciones de Para­guay expidió cédulas de iden­tidad paraguayas para Marset y varios miembros de su fami­lia, incluyendo a su pareja Gia­nina García Troche y su her­mano de padre, Diego Nicolás Marset. El propio Sebastián Marset obtuvo su documento paraguayo en febrero de 2021. Ese mismo mes contrajo nup­cias con una ciudadana para­guaya que nunca lo vio siquiera en persona, gracias a la utili­zación del sistema público de forma impune.

En abril de 2021 se detecta en Amberes, Bélgica, un millo­nario cargamento de cocaína escondido entre paquetes de cuero azul enviados desde Para­guay por la empresa Neumáti­cos Guairá. Esta se convertiría en una de las mayores incauta­ciones de droga de la historia. Audios revelados con posterio­ridad, demuestran que la carga era de la organización ligada al uruguayo.

Desde entonces, el narcotrafi­cante uruguayo expandió sus operaciones en Paraguay, esta­bleciendo alianzas con organi­zaciones criminales locales y fundando diversas empresas para el blanqueo de capitales. En mayo de 2021, su pareja constituyó el grupo San Jorge SA - Total Cars, con un capi­tal inicial de G. 1.000 millones, según registros de la Subsecre­taría de Estado de Tributación. Marset también incursionó en el mundo del espectáculo y el deporte, financiando eventos musicales y equipos de fútbol, mientras afianzaba su red de narcotráfico.

Entre sus principales aliados en Paraguay se encuentran Miguel Insfrán Galeano, Alberto Koube y Mauricio Schwartz­man, este último asesinado el 12 de setiembre de 2021. Su car­tel operó en el país desde 2018 hasta la ejecución de la opera­ción A Ultranza Py en 2022, un operativo llevado a cabo con la colaboración de la DEA, Euro­pol y el Ministerio del Interior de Uruguay.

En junio de 2021, Marset aban­donó Paraguay con el objetivo de expandir su red de contactos internacionales. En octubre de ese mismo año fue detenido en Dubái por portar un pasaporte paraguayo falso.

Más de G. 175.526 millones (unos USD 23,4 millones) fue­ron movilizados solo por tres de los actores de una gigantesca red de lavado de dinero ligada a grandes capos del narcotrá­fico (2015- 2021). Los mayo­res movimientos de dinero se dieron durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, expre­sidente cuyo movimiento impulsó la campaña al Con­greso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Según el informe de inteligen­cia del operativo antinarco Pavo Real II, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el 31 de mayo de 2021, Eulalio Gomes transfirió de una sola vez unos G. 2.898 millones a Antonio Joaquín da Motta, empresario de frontera señalado por el Bra­sil por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En 2020, en menos de un mes, los Gomes realizaron trans­ferencias por más de G. 1.800 millones a Diego Benítez, seña­lado como responsable de un esquema gigantesco de narco­tráfico y quien fuera detenido en Emiratos Árabes Unidos, donde espera ser extraditado a nuestro país.

Hablando del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes admitió en un chat filtrado haber donado un millón de dólares de origen dudoso a la campaña electoral de Mario Abdo Benítez. Carlos Arregui, entonces titular de Seprelad en 2021, conocía esta información y habría optado por ocultarla para proteger a Gomes, quien posteriormente fue electo diputado por Amam­bay con el respaldo del abdismo.

En una conversación con el exti­tular de la Dinac, Édgar Melga­rejo, Gomes expresó su preo­cupación por las repercusiones que podría tener la revelación de esta donación, ya que afecta­ría al Gobierno. Además, men­cionó que Arregui había solici­tado informes sobre el dinero, lo que le generó inquietud.A pesar de estas irregularidades, meses después, Gomes lanzó su pro­pia candidatura y en 2023 fue electo diputado por el movi­miento Fuerza Republicana, obteniendo una banca en la Cámara de Diputados.

En la investigación Belia sobre tráfico internacional de drogas, la Senad interceptó llamadas entre el diputado Éver Aparicio Noguera y Hugo Antonio Meza Huespe, miembro de la banda del narco Miguel Ángel Servín Palacios. Este grupo enviaba drogas a Europa en bolsas de carbón vegetal. También estuvo implicado Cristian Turrini, vin­culado a Servín Palacios. Ade­más, Noguera habría influido en la designación de una jueza que favoreció al grupo y obtuvo ilegalmente vacunas contra el covid-19 para su familia.

A Noguera y Gomes, se le suma el exdiputado Juan Carlos Ozo­rio, quien también llegó al Con­greso de la mano del abdismo.

Ozorio –de acuerdo con la Fis­calía– forma parte del esquema de tráfico de drogas encabezado por el uruguayo Marset.

Esta extensa lista se cierra –al menos por ahora– con el caso de Dalia López, la “empre­saria” que “paraguayizó” al famoso exfutbolista brasi­leño Ronaldinho Gaúcho y a su hermano Roberto de Assis Moreira, gracias a la complici­dad o a la ineptitud de funcio­narios de su Departamento de Identificaciones y de la Direc­ción General de Migracio­nes (DGM), dependiente del Ministerio del Interior.

El caso puso a Paraguay en el foco del mundo en 2020. López comenzó a mostrar su rostro de “filántropa” en un evento oficial del gobierno de Abdo que contó con la presencia del mismísimo presidente de la República.

Fue el 20 de setiembre de 2019, durante una visita oficial del mandatario al distrito de San Juan del Ñeembucú. Un video publicado en redes sociales por la Fundación Miss Para­guay mostró que la empresaria acompañó a Abdo para entregar asistencia médica.

“Los mensajes no tienen ninguna relevancia penal. Están fuera de su real contexto”, dijo la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz en torno a los chats filtrados que mantuvo con el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. Agregó que los mensajes están siendo utilizados por medios de comunicación para ataques en su contra.

“No tengo vínculo ni fui un contacto en el sentido que pretenden darle del señor Lalo Gomes. Nunca estuve al servicio ni de él ni de nadie en mi carrera fiscal y tampoco mi hermano (el ministro de la Secretaría de Inteligencia, Marcos Alcaraz). Todo esto es una puesta en escena y está absolutamente fuera de contexto todo lo que se está publicando”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba Hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Detalló que las conversaciones con el dirigente de Amambay data del año 2021 cuando tuvo el interés de pugnar por el cargo de la presidencia en la Asociación de Agentes Fiscales. En ese contexto, Alcaraz indicó que mantenía contacto con la agente fiscal Egidia Gomes, hermana de Lalo Gomes, quien también miembro del gremio.

“Siempre me gustó la gestión gremial. Cuando estaba en campaña realizamos visitas a distintas localidades del país, y en una de esas oportunidades, por referencia de su hermana, conocí al diputado Lalo Gomes, quien en ese momento era presidente de la Asociación Rural de Amambay”, dijo.

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Asimismo la funcionaria de Estado refirió que la segunda conversación con el entonces legislador fue en diciembre del 2021 cuando Eulalio Gomes le dio los pésames por el fallecimiento de su madre. Mientras que la tercera conversación se concretó en el 2023 cuando asumió el cargo de titular en la Seprelad.

Señaló que el último contacto mantenido fue en solidaridad ante los ataques recibidos en torno a su gestión como ministra de la Seprelad. “Sus mensajes fueron de saludo, yo no recibí ningún regalo ni ofrecimiento”, comentó.

Asimismo Alcaraz acotó: “Hay un grupo de medios cuya intención es atacar al gobierno y con mi hermano formamos parte. Siempre hay un medio que genera un relato fantasioso, así como lo hacen con Gafilat que se cae porque no tiene nada. Todos los odios que generé fueron por cumplir con mi trabajo, pero no tengo miedo y no me mueve ni un centímetro una tapa, porque la mentira siempre cae con la evidencia”.

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