El titular de Codena Cíbar Benítez (c), sostuvo que el Gobierno de Paraguay ratifica plenamente todos los términos del convenio del 2022 con la DEA, y mantendrá una mesa de diálogo para seguir potenciando la cooperación. Foto: Archivo
Gobierno paraguayo ratifica convenio de cooperación con la DEA
Compartir en redes
El ministro del Consejo Nacional de Defensa (Codena), contraalmirante Cíbar Benítez, anunció que el Gobierno de Paraguay ratifica toda cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés) y que dicha cooperación incluso se extenderá a otras instituciones, como laSecretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y otras.
El anuncio se dio a través de una conferencia de prensa, en la que se informó sobre la respuesta que recibió la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con relación a la primera nota remitida el 6 de diciembre pasado, respecto a la culminación de la participación de Senad en el programa.
La contestación de Estados Unidos a Paraguay menciona que se debe dar un proceso de 90 días antes de una interrupción. Ante esto, Paraguay pide mantener esa cooperación, dejando sin efecto la nota N° 712 de la Senad, y hacer un nuevo memorando.
Al respecto, explicó que en respuesta a esta nota del organismo estadounidense que recibió ayer el titular de la Senad, Jalil Rachid, ya se remitió de vuelta una misiva a la DEA en la cual menciona que el memorandun de entendimiento entre el Ministerio Público, el Estado paraguayo, la Policía Nacional del Paraguay, la institución a su cargo por un lado, y la DEA por el otro, respecto a la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU Paraguay) que hoy día está vigente no fue contemplada en la nota enviada el pasado 6 de diciembre; por esa razón solicitaron dejar sin efecto.
El ministro Benítez remarcó que es un hecho que el citado memorandum de entendimiento del 2022, no obra en los registros de la Senad en la actualidad, por tal motivo esta institución estaba en desconocimiento del mismo.
“Ahora bien se ratifican plenamente todos los términos de aquel convenio del 2022, solicitando mantener una mesa de diálogo, para seguir potenciando la cooperación a fin de maximizar los resultados de la lucha contra el tráfico internacional de drogas y delitos conexos”, explicó el ministro.
Añadió que con esto, el gobierno de Paraguay ratifica el convenio 2022 válido hasta ahora. “Aparte de eso, seguimos con la misma intención que nosotros en principio habíamos dicho que se trataba de una reorganización, o una reprogamació, o bien una reconsideración de los términos de ese convenio”, dijo.
En otro momento, ratificó que la intención en todo momento fue fortalecer la lucha contra el crimen organizado trasnacional, que incluye el narcotráfico, donde la Senad tiene un papel protagónico. Explicó que en este plan, es que se busca ahora, anexar a ese convenio con la DEA del 2022 a otras instituciones del Estado.
“Nos gustaría por ejemplo incluir a la Seprelad, que no forma parte de este convenio, de tal manera que podamos ser aun más beneficiarios de parte de esa ayuda que tenemos de la DEA. Esto va continuar con mayor fuerza seguramente”, enfatizó.
El doctor Jorge Molina explicó que el acuerdo con Estados Unidos constituye apenas el primer paso para que Paraguay acceda a tecnología de reactores nucleares. Foto: Néstor Soto
La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear proyecta alternativas para la matriz energética
Compartir en redes
Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.
Paraguay inició formalmente el camino hacia el posible uso de tecnología nuclear civil. La firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) sobre Cooperación Estratégica Civil Nuclear con Estados Unidos marca el punto de partida para diversificar la matriz energética nacional y anticiparse a la crisis de demanda eléctrica que los expertos proyectan a partir de 2030.
Desde la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN), su titular, el doctor Jorge Molina, aclaró durante una entrevista para La Nación/Nación Media, que este es el primer tramo de un riguroso proceso que abarca la creación protocolos de seguridad, de diversas regulaciones nucleares y la ratificación de un tratado vinculante por parte de los congresos de ambos países.
El ministroMolina dijo que la meta es que el Paraguay pueda acceder a reactores modulares para ampliar su capacidad de generación eléctrica con energía nuclear y diversificar la matriz energética de cara a los desafíos de la demanda eléctrica que se proyectan a partir del 2030.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, se dan la mano tras firmar un Memorando de Entendimiento (MOU) sobre Cooperación Estratégica Civil Nuclear en la Sala de Tratados del Departamento de Estado en Washington, D.C., el 4 de agosto de 2026. Foto: Mandel NGAN/AFP
“Solamente para la energía eléctrica; o sea, cada reactor produce energía eléctrica y también energía térmica que puede utilizarse en fábrica para lo que necesite, desalinización, producción de hidrógeno verde, cualquier proceso que necesite calor”, comentó.
Mencionó que, aunque Paraguay cuenta actualmente con un excedente de energía proveniente de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá; las proyecciones oficiales advierten que este margen entrará en crisis hacia el final de la década.
“Con el ritmo de crecimiento actual, la escasez energética podría presentarse incluso antes del 2030. Debemos prever esta contingencia diversificando nuestras fuentes de generación con energía solar, gas y tecnología nuclear. Necesitaremos de todas las alternativas disponibles”, afirmó Molina, agregando que desde el gobierno de Santiago Peña se están comenzando a evaluar alternativas para evitar llegar a esa crisis energética.
Para concretar la compra y operación de reactores de origen norteamericano, Paraguay deberá cumplir primero las condiciones del denominado Acuerdo 123, un convenio bilateral altamente exigente que regula la transferencia de tecnología sensible. Este acuerdo incluye un marco legal enfocado en la no proliferación de armamento nuclear, así como en implementación de medidas de seguridad y salvaguardias.
El titular de la ARRN explicó que el uso de reactores nucleares que se plantea usar en Paraguay es solo y exclusivamente para uso civil, es decir, para generar energía eléctrica. Puntualizó que el estudio previo al Acuerdo 123 se llevará a cabo con una comisión de especialistas norteamericanos que vendrá al país para llevar adelante el estudio que una vez acabado elaborarán un dictamen que será remitido al Poder Legislativo.
Detalles sobre la tecnología emergente para producir energía nuclear. Foto: Gentileza
“Ese Acuerdo 123 es un acuerdo vinculante, entonces tiene que pasar por ambas cámaras del Congreso, que deben dar su visto bueno, y ahí recién se puede firmar el acuerdo bilateral. Después de eso, nosotros podemos comprar cualquier tipo de reactor nuclear”, precisó.
El actual memorando no vinculante —suscrito entre el canciller Rubén Ramírez y el secretario de Estado, Marco Rubio— refleja dos años de trabajo conjunto entre La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear y la iniciativa FIRST (Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños, por sus siglas en inglés), un programa del Departamento de Estado de Estados Unidos que promueve el despliegue seguro de Reactores Modulares Pequeños (SMR).
Reactores modulares de última generación
En América Latina, países como Argentina, Brasil y México operan centrales nucleares tradicionales caracterizadas por sus monumentales torres de enfriamiento. La nueva tendencia global —en la que Paraguay, El Salvador y Perú han mostrado interés inicial— apunta a unidades más pequeñas, flexibles y seguras.
Los reactores nucleares se clasifican en tres categorías:
Los microreactores que tiene una capacidad degeneración de energía que va de 0 a 30 MW.
Los reactores modulares pequeños (SMR) con capacidad de generación de 30 a 300 MW.
Los reactores convencionales (tecnología antigua) que producen desde 600 hasta 1.000 MW aproximadamente.
A modo de comparación, el doctor Molina explicó que una sola turbina de Itaipú produce 700 megavatios(MW). Con dos de los SMR todavía no alcanza a una turbina de las 20 que cuenta el Paraguay en la hidroeléctrica binacional.
Regulación nuclear
Molina indicó que, en paralelo al estudio de factibilidad, la ARRN trabaja en un proyecto de ley para dotar al organismo regulador de las atribuciones necesarias para fiscalizar esta tecnología emergente.
Indicó que el plan requerirá la creación de un manual de procedimiento nacional para la importación y transporte del material radioactivo, un diseño de resguardo físico para los residuos radiactivos en búnkeres especializados y la definición del protocolo de seguridad gubernamental entre las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
“La soberanía energética paraguaya pronto dejará de depender de cuánta agua mueva Itaipú para depender de nuestra capacidad de administrar la tecnología más avanzada y celosamente vigilada del planeta. Este es apenas el preámbulo”, remarcó Molina.
En una próxima parte de esta entrevista, el doctor Molina revela los plazos reales para encender el primer microreactor en suelo guaraní. Además, destacó la apertura de las instituciones del Estado para abrir las opciones de la matriz energética.
En las intervenciones fueron destruidos 24.485 kilos de marihuana, también desmantelados un total de 71 campamentos clandestinos y erradicadas 158 hectáreas de cultivos de la droga. Foto: Gentileza
Nueva Alianza 56 cerró con pérdidas por USD 73 millones para el narcotráfico
Compartir en redes
Las incursiones realizadas en el departamento de Amambay en el marco de la operación Nueva Alianza 56 permitieron sacar de circulación 498 toneladas de marihuana, con un perjuicio económico de más de USD 73 millones para las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que la operación finalizó después de 10 días de incursiones en zonas boscosas de Amambay. En las intervenciones fueron destruidos 24.485 kilos de marihuana, también desmantelados un total de 71 campamentos clandestinos y erradicadas 158 hectáreas de cultivos de la droga, “evitando que 474 toneladas de cannabis llegaran al mercado criminal”, detalló la institución en el reporte.
Nueva Alianza 56 contó la participación de miembros de las fuerzas especiales y agentes Antidrogas que llevaron a cabo las tareas con apoyo de helicópteros de la Policía Federal de Brasil, la Fuerza Aérea Paraguaya, personal del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y del Ministerio Público.
Entre los procedimientos efectuados se destaca el realizado en una zona de Aguará Vevé del distrito de Capitán Bado, que permitió desmantelar un megacentro de producción marihuana mecanizada. El cultivo contaba con riego automatizado e invernaderos hidropónicos.
En el marco de estas intervenciones se desarrollaron 16 operativos desde agosto de 2023, arrojando como resultado pérdidas para las estructurales criminales por USD 1.600 millones, había informado la Senad en mayo tras culminar Nueva Alianza 55.
Durante estos procedimientos fueron erradicadas plantaciones de marihuana, incautados 623 toneladas de marihuana procesada y cosechada; así también se desmantelaron 1.218 campamentos que eran usados además como bases logísticas utilizadas para la producción y acopio de la droga.
Un hombre viaja en una carreta tirada por caballos mientras otro viaja en un bicitaxi por una calle de La Habana el 29 de julio de 2026. Foto: Yamil Lage/AFP
EE. UU. sanciona al ministro de Fuerzas Armadas cubanas y cúpula de la industria militar
Compartir en redes
Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas cubanas, general Álvaro López Miera, así como responsables y cinco empresas del sector industrial militar de la isla.
Los sancionados están implicados en “la adquisición y el mantenimiento de armas y equipo militar en el extranjero destinados a las fuerzas militares y de seguridad”, explicó el comunicado del Departamento de Estado.
Estados Unidos considera que Cuba es un Estado que “patrocina el terrorismo” y una “amenaza a la seguridad nacional”, y ha ido aumentando la presión económica y diplomática sobre la isla desde principios de año.
Esta nueva oleada de sanciones llega tras la publicación de un largo informe del Departamento de Estado sobre las actividades militares y diplomáticas de La Habana en todo el mundo desde el triunfo de la Revolución castrista, en especial en América Latina y el Caribe.
Ese informe “relata las continuas asociaciones del régimen cubano con Rusia y China, ambos proveedores de hardware (equipamiento, ndlr) militar, tecnologías de vigilancia y otras capacidades de seguridad para Cuba”, indica el comunicado.
Las sanciones alcanzan al ministro López Miera y a su viceministro Roberto Legrá, al que se acusa de estar involucrado en la compra de armamento ruso. También abarcan a altos funcionarios del ministerio.
Asimismo, fue sancionada la coronel Mónica Milián Gómez, agregada militar en la embajada en Moscú, que medios de comunicación en el exilio acusan de estar involucrada en el supuesto reclutamiento de cubanos para participar en la guerra contra Ucrania.
Waldo Pérez Cortés, agregado militar en la embajada cubana en Pekín, también está sancionado.
La lista incluye entidades como Tecnoimport, Duna, Unión de Industria Militar (UIM) y la empresa Yuri Gagarin, todas ellas especializadas en la compra y reparación de equipamiento militar.
De acuerdo a la legislación estadounidense, los sancionados no pueden tener bienes ni acceder a servicios financieros ni económicos de ningún tipo en Estados Unidos.
Washington, que tiene a Cuba sometida a un embargo desde 1962, activó este año un bloqueo casi total al suministro de hidrocarburos a la isla.
El gobierno de Donald Trump ha sancionado en los últimos meses casi a la totalidad del gobierno cubano.
También ha presentado cargos contra el líder histórico de la Revolución, Raúl Castro, acusado de haber ordenado, hace tres décadas, el derribo de dos aviones civiles procedentes de Florida, cuando era ministro de Defensa.
Durante la reunión del Consejo Asesor Agrario, el Gobierno y las principales organizaciones del agro acordaron reforzar la prevención y mantener una coordinación permanente ante el escenario climático. Foto: Gentileza
Escudo al campo: gobierno y productores preparan un plan de choque contra El Niño
Compartir en redes
El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó una reunión del Consejo Asesor Agrario junto con representantes de los principales gremios del sector productivo, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y fortalecer la planificación ante los posibles impactos del fenómeno climático “El Niño” sobre la producción agropecuaria nacional.
Del encuentro participaron el viceministro de Ganadería, Marcelo González, representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), así como dirigentes de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) y la Asociación de Productores de Semillas del Paraguay (Aprosemp).
El principal tema abordado fue la evaluación de los posibles impactos del fenómeno El Niño sobre el sector productivo, analizando tanto las oportunidades que podrían generar las lluvias para determinados cultivos como los riesgos asociados a inundaciones y al aislamiento de comunidades, con efectos sobre la producción agrícola y pecuaria.
El viceministro de Ganadería, Marcelo González, destacó que la reunión permitió mantener un diálogo abierto entre el Gobierno y los gremios productivos para incorporar sus planteamientos a la agenda de trabajo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dando continuidad a este espacio de coordinación mediante una nueva reunión prevista para los primeros días de septiembre.
Coordinación de trabajos
El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, valoró la reactivación del Consejo Asesor Agrario como un espacio institucional para fortalecer el trabajo conjunto entre los sectores público y privado. Señaló que el desafío es anticiparse a los problemas mediante la planificación y la prevención, antes de que los efectos climáticos generen mayores impactos.
En la misma línea, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Daniel Prieto Davey, expresó la disposición del sector ganadero para trabajar coordinadamente con el Gobierno, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Emergencia Nacional, con el propósito de reducir las consecuencias que podrían generar las intensas lluvias, especialmente en comunidades y establecimientos productivos ubicados en zonas vulnerables.
Nueva campaña agrícola
Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Semillas del Paraguay (Aprosemp), Fabián Pereira, destacó que el encuentro permitió analizar tanto los desafíos como las oportunidades que podría representar el fenómeno climático para la agricultura, reafirmando la necesidad de fortalecer el sector mediante políticas públicas y un trabajo coordinado entre el Estado y los productores.