Tras las manifestaciones realizadas por vecinos de la zona del Bañado Sur de Asunción a favor de la permanencia del oficial José Jiménez en la comisaría 24, el efectivo policial, quien se hizo conocido por grabar y posteriormente publicar sus procedimientos con el objetivo de transparentar el proceso, aprovechó este pedido para remarcar la necesidad de cooperación interinstitucional para hacer frente a las dificultades de la zona.

En conversación con La Nación/Nación Media, el oficial José Jiménez explicó que solicitó su traslado a otra dependencia no vinculada con el Sector 1 del Ministerio Público, ya que, desde hace tiempo, desde la dependencia en la que se encuentra y en el rol que cumple, ha solicitado entablar una mesa de diálogo con representantes del Ministerio Público para facilitar los trabajos, pero esto no se ha concretado.

“En varias ocasiones tratamos de armar mesas de diálogo u organizar servicios con los fiscales, pero nunca obtuvimos respuesta. Queremos reunirnos con ellos para explicarles la situación del bañado y los procedimientos que realizamos, ya que muchas veces nos cuestionan o por la liberación de los detenidos”, indicó el oficial Jiménez.

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El mismo reconoció que existen ocasiones en que los recursos públicos son limitados y que es entendible que los agentes fiscales no puedan acompañar todos los procedimientos, pero que al menos desde el cuerpo policial necesitan contar con el respaldo y la respuesta efectiva por parte del mencionado ente y sus representantes.

“El apoyo de la gente se da hacia nosotros porque transparentamos todas nuestras funciones y procedimientos dentro de la comisaría y damos respuesta a las necesidades de la gente, y muchas veces el cuestionamiento de ellos es que se le agarra al delincuente y se le suelta otra vez y no hacen caso a sus pedidos; por eso nosotros nos reunimos con las comisiones vecinales y les explicamos y mostramos los documentos”, manifestó el oficial José Jiménez.

El mismo remarcó que el ideal de los efectivos que prestan servicio en esta zona es contar no solo con el acompañamiento del Ministerio Público, sino también poder formar una mesa de trabajo con ellos y otros entes como el Ministerio de Salud y los equipos de prevención del consumo y distribución de drogas, ya que la situación que atraviesan los pobladores es bastante compleja.

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José Doldán, representante de ahorristas de la cooperativa Poravoty, lamentó el poco avance en la intervención por el supuesto desfalco en detrimento de los socios. Dijo que los propios afectados están cumpliendo el rol del Ministerio Público y tratando de elaborar un plan para recuperar el dinero depositado y reactivar la institución.

“Tarde o temprano nos van a entregar un informe final y sobre eso nosotros tenemos que trabajar y ver la forma de reactivar la cooperativa”, señaló a la 1020 AM.

Aseguró que la prioridad de los socios es que al menos las personas que están enfermas empiecien a recuperar sus ahorros.

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“Nosotros somos el primer grupo que estamos poniendo pecho y estamos haciendo ruido. Después vamos a exigir el fondo de garantías para las cooperativas. Esto tiene que terminar ya, mientras no haya un fondo de garantía, es una alerta para todas las otras cooperativas que en este momento no es seguro ninguna cooperativa”, expresó.

Se quejó de la falta de apoyo del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), y el respaldo de un fondo para este tipo de casos. “Si el Incoop no nos apoya, entonces por lo menos que tengamos un fondo de garantía”, manifestó.

El vocero de los ahorristas aclaró que la cooperativa desde sus inicios fue una institución abierta para los policías y luego extendieron a todos los interesados en general. “Y ahí captaron empresarios, ahorristas, inversionistas y de ahí que comenzó a subir muy grande la cartera de ahorros. Eso fue lo que pasó en esta cooperativa”, puntualizó.

Comentó que hay dos fiscalías interviniendo en el caso, de Asunción y San Lorenzo, respectivamente. “La Fiscalía de Sajonia que es antidisturbios fue a raíz de la manifestación que hicimos frente a la Central de Cooperativas. Y a consecuencia de esa manifestación fuimos denunciados. De ser víctimas fuimos revictimizados”, lamentó.

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Maricel Albertini, madre del fiscal Marcelo Pecci, sostuvo que el Ministerio Público está poniendo su máximo empeño para llegar a buen término con la investigación del crimen ocurrido hace tres años. La misma acudió este sábado a un acto en homenaje al agente paraguayo, ante su monolito ubicado en la Fiscalía, al cumplirse otro aniversario del criminal atentado en Colombia.

“Yo confío mucho en el equipo que está trabajando, Manuel (Doldán) sobre todo, porque fue amigo personal de Marcelo”, enfatizó Albertini en conversación con varios medios de prensa, luego de la ceremonia.

Respecto al proceso que se está llevando tanto en Colombia como en Paraguay, señaló que tal vez no toda la información está llegando a la Prensa, cuidando detalles que son delicados por la investigación. No obstante, señaló que está en conocimiento que la investigación está siguiendo su curso, y que los equipo de investigadores continúan con las diligencias.

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“La esperanza es lo último que se pierde, y yo creo que en algún momento sí, y ojalá sea pronto, lleguemos a saber la verdad. Me dijeron que un equipo de investigación de Colombia estará viniendo al país pronto”, expresó.

Indicó que siempre está en contacto con los responsables de la investigación del crimen de su hijo, y que las veces que solicitó algún informe siempre ha recibido respuesta.

“No solo en mi familia, creo que, ante un evento como este, toda la sociedad exige justicia y busca tener una justicia pronta. Realmente para nosotros se va a cerrar el caso el día que se sepa quiénes fueron los responsables. Mientras tanto, está todavía pendiente una parte, ya que otra ya se resolvió, pero recién ese día que se sepa todo y se cierre el proceso, vamos a descansar”, expresó.

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El director de gabinete de Petróleos Paraguayos (Petropar), Alberto Acuña, manifestó que la institución presentó una denuncia ante el Ministerio Público por lesión de confianza y otros hechos punibles, en torno a la paralización de las obras del nuevo tren de molienda en la planta, que se había truncado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Ayer miércoles se hizo una denuncia penal ante el Ministerio Público. Básicamente se focaliza en lo que sería la ejecución del proyecto”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La obra de Troche debía estar operativa en el 2023 y tenía como objetivo aumentar la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias, pero terminó paralizada debido a una “sobrefacturación gigantesca” registrada durante el gobierno del exmandatario Mario Abdo Benítez, según denuncias.

El proyecto tiene problemas de diseño y no tuvo en cuenta consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña y sus subproductos, de acuerdo a las argumentaciones del titular de la petrolera estatal, Eddie Jara. La obra empezó con la firma Eisa (propiedad del empresario Alberto Palumbo) y luego fue otorgada a la empresa Ocho A (propiedad del senador Luis Alberto Pettengill). La planificación inicial fue con la primera empresa y la segunda terminó de ejecutar la obra

La acusación refiere que se apunta a la “búsqueda de la verdad a fin de evitar que la conducta siga causando sus defectos”. También se solicita a la Fiscalía que se realicen todas las diligencias requeridas y necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

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Se detalla además que Petropar “ha abonado y está expuesta a tener que seguir realizando pagos por una obra que se ha visto sujeta a cambios del originalmente previsto y a demoras, pero sobre todo con serias posibilidades que esta no podría funcionar“.

Agrega que la situación “representaría la necesidad de recurrir a una inversión adicional que según se estima o detalla estaría aproximadamente en otros USD 30 millones”.

Las afirmaciones de Acuña surgieron tras concretarse recientemente la firma de un preacuerdo entre el gobierno y los cañicultores consistente en que Petropar presentará en no más de 30 días una nueva propuesta de tren de molienda. “El reclamo es genuino y lo entendemos”, remarcó.

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