El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, ratificó la admisión de la imputación contra la ujier notificador, Audrey Jazmín Galeano Mora, hija del expresidente del Colegio de Abogados, Rubén Galeano.

La imputada por el caso conocido como la mafia de los pagarés había presentado una reposición y apelación en subsidio contra la determinación del juez, quien admitió y procesó penalmente a la hoy exfuncionaria judicial. Ahora, el expediente judicial deberá subir al tribunal de apelación, donde se tendrá que estudiar si corresponde confirmar la resolución del juez.

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El magistrado mencionó que si bien es cierto, existe una práctica normalizada de presentar recursos de reposición contra todo tipo de providencias, es importante recordar lo que menciona el artículo 449 del Código Procesal Penal.

“Los recursos son admisibles únicamente cuando la resolución causa agravio al recurrente y simplemente realizar afirmaciones genéricas como, por ejemplo, expresar que no se pudo iniciar el procedimiento, pues el acta de imputación carece de especificidad o es un relato genérico, no es fundamento suficiente sino más bien, aparente y tampoco lo es no estar de acuerdo con la decisión”, señala la determinación adoptada por el juez.

Este tipo de presentaciones se realiza a los efectos de dilatar y evitar que la imputada se someta a los mandatos de la Justicia, atendiendo a que con la presentación hecha se tendrá que suspender la audiencia de imposición de medidas cautelares.

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El gobierno de Paraguay informó que ha tomado cuatro acciones concretas, considerando el comunicado del Gobierno del Brasil emitido ayer lunes en horas de la tarde y que confirma una orden de acción de inteligencia contra el Paraguay entre junio 2022 y marzo del 2023. En ese marco, anunciaron que se están tomando las medidas necesarias para lograr una solución al problema, ya que se trata de una grave violación del derecho internacional, el hecho de inmiscuirse en asuntos internos de un país a otro.

En una conferencia de prensa el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano, junto al titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, y el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, informó sobre las cuatro acciones tomadas, como ser la convocatoria a consultas inmediatamente al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes, para que ofrezcan explicaciones detalladas sobre la acción de inteligencia llevada a cabo por el Brasil en el período mencionado.

Las autoridades precisaron que el Mitic inició una investigación detallada de los eventos ocurridos en la fecha de junio 2022 y marzo del 2023, en vista que no existió ningún reporte del gobierno anterior sobre eventos que den indicios de una infiltración.

Confirmaron que quedan totalmente suspendidas de forma indefinida toda negociación relacionada al Anexo C de la Itaipú, hasta tanto el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva brinde las aclaraciones correspondientes al Gobierno del Paraguay. “Estamos ante un hecho histórico que definirá el futuro de la nación. La negociación del Anexo C debe estar revestido de confianza entre los socios”, remarcó el ministro de Industria y miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional.

El canciller mencionó que dependiendo de las respuestas que reciba de parte del Brasil a la solicitud de aclaratoria, estarán evaluando la posibilidad recurrir a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tanto el canciller nacional como el titular del Mitic confirmaron que desde que asumieron el mando el 15 de agosto del 2023, han detectado constantes ataques al sistema informático y tecnológico del país y desde entonces se han tomado todas las medidas correctivas y es justamente el Mitic el que está desarrollando todas las acciones de defensa de todas las informaciones consideradas confidencial. “Nosotros tenemos las informaciones delicadas de nuestro gobierno totalmente resguardadas”, remarcó Ramírez.

A su turno, el ministro Villate señaló que los hechos que ahora son objetos de investigación por parte de la institución a su cargo se dieron entre las fechas ya citadas que coinciden con el período pasado, tanto del gobierno del Brasil como de Paraguay, siendo de junio del 2022 y marzo del 2023.

“Nosotros no tenemos ningún informe relacionado a algún evento que haya ocurrido en esas fechas, ni comunicado de prensa en esas fechas, aludiendo alguna actividad de vulneración alguna, o algún sistema que pudiera tener relación con este hecho. No obstante, iniciamos una investigación para verificar si existió algún evento que pudiera significar algún relacionamiento a esta situación”, explicó Villate.

Remarcó que desde que asumió el gobierno actual se están llevando a cabo todas las acciones necesarias, no precisamente en relación a este evento, sino relacionadas al tema de seguridad. “Hoy lo que está entredicho es qué ocurrió en ese período de tiempo que pudo haber sido vulnerado o afectado”, remarcó.

A su turno, el titular del MIC explicó que las medidas que ahora toma el Gobierno de Paraguay se circunscriben al comunicado que emitió el Gobierno del Brasil, donde confirman que hubo acciones de inteligencia por parte del vecino país contra el Paraguay. Indicó que desconocen el resultado de esas acciones de investigación.

“Al tiempo se tomar la decisión de suspender por tiempo indefinido toda negociación sobre el Anexo C, porque es necesario restituir aquello que es fundamental para la relación bilateral que es la confianza. Somos socios en la mayor hidroeléctrica del mundo. Paraguay es propietaria en un 50 % y Brasil del otro 50 %, estamos ante un hecho histórico que va a definir en gran parte el futuro de nuestra nación. Por tanto, la renegociación del Anexo C debe estar revestida de lo que mencioné que es la confianza”, remarcó.

Giménez se mostró confiado de que el gobierno de Brasil estará brindando toda la información en el tiempo necesario, para que la mesa de renegociación del Anexo C pueda volver a instalarse en el menor tiempo posible.

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• Caracas, Venezuela. AFP.

El ‘dólar negro’ se dispara en Venezuela y con ello se reavivan los temores de un repunte de la inflación y el recuerdo de los peores años de la crisis económica que forzó a migrar a millones de venezolanos. Mientras reina la incertidumbre por el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, la cotización del dólar rompió esta semana la barrera de los 100 bolívares en el mercado paralelo que nació a la sombra de un férreo control cambiario que estuvo vigente por 15 años.

La tasa oficial, en contraste, es de 69,5 bolívares por dólar. La brecha entre ambas cotizaciones, que bordea el 50 %, genera presión sobre los precios, mientras las autoridades obligan a los comercios a regirse por el cambio oficial bajo amenazas de cierres y multas.

Ya había comenzado a abrirse en el segundo semestre de 2024, rondando 20 %, pero el fenómeno se agravó tras la decisión de la administración de Donald Trump de suprimir la licencia a la petrolera estadounidense Chevron para operar en Venezuela pese a las sanciones, coinciden expertos. La compañía energética tiene plazo hasta el 27 de mayo para permanecer en el país caribeño.

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“El anuncio” de la salida de Chevron “generó de inmediato una inquietud muy grande”, dice a la AFP César Aristimuño, director de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados. Ello derivó en un aumento de la demanda de dólares, con los venezolanos buscando cubrirse las espaldas, en un momento en el que la oferta en el mercado formal ha disminuido. “Hoy tenemos una demanda que excede muchísimo la oferta”, apunta Aristimuño.

“Nos está afectando”, lamenta Darwin Contreras, de 40 años, vendedor en una tienda de ropa en Caracas. “Aumenta la comida, aumenta todo”. “Es algo insoportable”, añade este hombre, que rememora la grave crisis vivida durante los ocho años de recesión que encadenó este país entre 2013 y 2020, en los que la economía se redujo 80 % y los venezolanos remaban contra la hiperinflación, que llegó a 130.000 % en 2018, y una aguda escasez de alimentos y medicinas.

Con el fin de dar estabilidad a la tasa oficial, el gobierno inyecta periódicamente dólares en el mercado cambiario. Solo en 2024 fueron colocados 5.000 millones de dólares, según datos de Aristimuño Herrera & Asociados. Las llamadas “intervenciones cambiarias”, sin embargo, han caído para ubicarse de acuerdo con esta firma en 634 millones de dólares en 2025 frente a los 934 millones que sumaban a estas alturas en el año anterior.

En ese contexto, llegó el anuncio del fin de la licencia a Chevron, así como la amenaza de Washington de imponer aranceles a los compradores de crudo venezolano. Aristimuño cree que la violenta alza del dólar paralelo es “coyuntural”, producto de lo que denomina “efecto Chevron”.

“Chevron es uno de los proveedores importantes de divisas (...), que fortalecía y complementaba de una u otra manera las divisas que viene dando el Banco Central de Venezuela (BCV) vía intervención cambiaria”, explica. Un 25 % de la producción petrolera venezolana, actualmente alrededor de los 900.000 barriles diarios, proviene de las operaciones de Chevron, según estimaciones privadas.

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Maduro, en el pico de la crisis hace unos años, sostenía que Venezuela era víctima de “una guerra económica”, en la que enmarcó las sanciones estadounidenses para presionar, sin éxito, por su salida del poder. El gobernante izquierdista, cuya reelección en 2024 es desconocida por Trump entre denuncias de fraude de la oposición, retomó ese discurso este viernes al referirse al aumento del dólar paralelo y reconocer que la demanda de divisas en el mercado formal aumentó 40 % en las últimas semanas.

“El dólar de guerra” es “un viejo enemigo de la economía venezolana”, dijo en un acto transmitido en cadena de radio y televisión. “Tenemos que hacer todo lo que haya que hacer para superar la perturbación que ha creado los dos anuncios de guerra económica del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela”, lanzó el mandatario. La inflación venía cayendo. Cerró en 48 % el año pasado, según Maduro, después de ubicarse en 189,8 % en 2023, 234 % en 2022 y 686,4 % en 2021 de acuerdo con el BCV, que dejó de publicar reportes sobre este indicador en octubre.

Tres personas murieron y otras seis resultaron heridas tras una explosión en una barcaza petrolera en el Lago de Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, según un informe del equipo de seguridad de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). El estallido ocurrió durante la madrugada y las causas aún se desconocen.

La barcaza pertenecía a una empresa de mantenimiento de pozos que opera en el estado de Zulia, fronterizo con Colombia. Fueron encontrados tres cuerpos “lamentablemente sin signos vitales” y “hay 06 heridos de los cuales 04 fueron trasladados a Ciudad Ojeda y 02 a Maracaibo”, señaló el informe sin añadir más detalles.

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Hace seis meses dos personas murieron y otras cuatro desaparecieron tras hundirse otra barcaza de la misma empresa en el lago de Maracaibo. En esa oportunidad, PDVSA atribuyó el incidente a “malas condiciones climáticas”.

El Lago de Maracaibo fue epicentro de la industria petrolera, golpeada en los últimos años por la corrupción, la falta de inversión y el embargo petrolero impuesto por Estados Unidos. La producción venezolana de petróleo, que sobrepasaba los 3 millones de barriles diarios hace 25 años, está hoy alrededor de 1 millón, después de caer a mínimos históricos.

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Fuente: AFP