En sesión ordinaria que se llevó a cabo este miércoles 15 de enero, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de resolución “Que solicita convocar a sesión extraordinaria de la Honorable Cámara de Diputados, durante el receso del Congreso”.
La propuesta fue presentado por el diputado colorado Néstor Castellano, quien mencionó que la propuesta tiene la finalidad de analizar como único punto del orden del día el proyecto de ley “De modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, que ya cuenta con media sanción del Senado.
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Durante su explicación, señaló que la propuesta tiene como objetivo introducir modificaciones a la actual Ley N° 5102, conocida como Alianza Público Privada, con el objetivo de atraer mayores inversiones al país y generar nuevos empleos, según manifestó el proyectista.
Indicó además que entre las principales modificaciones a introducir a la presente normativa, se ampliaría la participación del Estado en un 25 % en las Alianzas Público-Privadas, de manera a que el mismo tenga una mayor influencia en los proyectos conjuntos, según el documento.
Si bien, la petición fue acompañada por la mayoría, la fecha de convocatoria a la Cámara Baja aún no ha sido estipulada por la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso.
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Diputados debatirá elevar a 20 años la pena máxima para adolescentes que cometan crímenes
La Cámara de Diputados se prepara para debatir en su próxima sesión ordinaria el proyecto de ley que eleva de 8 a 20 años la pena máxima de privación de libertad para adolescentes de entre 14 y 17 años que cometan crímenes. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y plantea modificar el artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
Los proyectistas, como el senador Javier Zacarías Irún, justifican la propuesta en el aumento de hechos delictivos protagonizados por menores. Señalan que existen casos de adolescentes que actúan “con premeditación y extrema violencia” y que el crimen organizado utiliza a jóvenes como ejecutores, aprovechando las penas reducidas previstas actualmente.
De acuerdo con la exposición de motivos, esta situación “socava la autoridad del Estado y expone a los propios menores a contextos de violencia, abuso y muerte”. Además de endurecer las sanciones, la propuesta incorpora medidas complementarias.
Entre ellas, evaluación pericial obligatoria para determinar la capacidad de discernimiento del infractor, un sistema mixto de responsabilidad penal juvenil, que combine sanciones con programas de rehabilitación y reinserción, aplicación de criterios de proporcionalidad, reincidencia y madurez psíquica al momento de dictar sentencia.
Entre los fundamentos, los autores citan el artículo 20 de la Constitución Nacional, que ordena que las penas tengan por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. También apelan al Pacto de San José de Costa Rica, alegando que si los adolescentes gozan de las mismas garantías que los adultos, deben asumir también “las mismas obligaciones y consecuencias”.
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La propuesta contempla que en caso de un hecho calificado como crimen por el “derecho penal común, la duración máxima de la medida será de veinte años”. Si obtiene la aprobación en Diputados, el proyecto quedará sancionado y representará un giro drástico en la política penal juvenil del país.
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Bajo apercibimiento de ley citan a Miguel Prieto y otros acusados por lesión de confianza
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”
En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.
La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.
Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.
En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.
Otros casos
Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.
Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.
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Congreso reprograma fecha de reunión bicameral para recibir al presidente Javier Milei
El titular del Congreso Nacional, Basilio Núñez, firmó una nueva resolución por la cual modifica la fecha de convocatoria de la reunión de ambas Cámaras del Poder Legislativo para recibir la visita del presidente de la Argentina, Javier Milei. Esta nueva convocatoria será el miércoles 17 de septiembre a las 10:00.
La resolución 520 modifica la resolución 466 del pasado 1 de septiembre por la que convoca a Diputados y Senadores a una reunión bicameral del Congreso para recibir a la máxima autoridad del vecino país conforme al artículo 184 de la Constitución Nacional.
La visita oficial del mandatario argentino se enmarca dentro de la nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se desarrolla en el Hotel Sheraton en Asunción, los días 15 y 16 de septiembre. Esta será la segunda presencia del presidente argentino en Asunción este año.
Si bien, su agenda se encuentra en pleno diseño, la idea del libertario es, igualmente, concretar una nueva bilateral con el presidente de la República, Santiago Peña, con quien mantiene una muy buena sintonía respecto a su visión política y económica.
La anterior visita del mandatario vecino fue el pasado 9 de abril, en esa ocasión, Milei había valorado la construcción de una relación bilateral que acerque a ambos países y que eventualmente se traslade al resto de la región.
También ambos mandatarios habían expresado la voluntad de avanzar en una agenda bilateral centrada en el desarrollo económico, la libertad como valor compartido y la integración regional. Asimismo, se espera que el bloque del Mercosur también integre el temario de este nuevo encuentro entre los dos mandatarios.
Acerca de CPAC
Cabe destacar que la CPAC, reconocida como la conferencia política conservadora más importante del mundo y nuclea a las principales figuras de derecha internacional, se desarrolla por primera vez en el Paraguay, y se prevé igualmente la participación del presidente Santiago Peña como anfitrión.
Este evento, que tuvo su origen en Estados Unidos en la década de 1970, se ha consolidado como un espacio clave para el debate de ideas conservadoras y libertarias, atrayendo a figuras de alto perfil internacional.
Además de la presencia destacada de los jefes de Estado de Paraguay y Argentina, se prevé la presencia de figuras cercanas al presidente estadounidense Donald Trump, además de otros exponentes de la región y del mundo.
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Diputados aprueba con modificaciones proyecto que limita embargos a funcionarios públicos
La Cámara de Diputados aprobó en sesión ordinaria, con modificaciones, el proyecto de ley “que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos”, iniciativa derivada de la trama delictiva conocida como “mafia de los pagarés”, que busca evitar nuevos casos en el futuro.
El texto aprobado establece que los descuentos compulsivos derivados de créditos o embargos no podrán superar el 50 % del ingreso mensual del servidor público, siempre que se trate de conceptos autorizados por el trabajador y canalizados por asociaciones, cooperativas, sindicatos o mutuales legalmente reconocidos.
La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, defendió el dictamen que recomendó la aprobación con modificaciones. Entre los cambios introducidos, se sustituyen los términos “empleado público” y “funcionario público” por “servidor público”, en concordancia con la ley de la Función Pública y del Servicio Civil.
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Otro ajuste relevante es la designación de las Unidades de Gestión y Desarrollo de las Personas de cada entidad estatal como responsables de recibir denuncias y velar por la aplicación de la ley. Además, se incorpora un artículo que establece el orden de aplicación de los descuentos y sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento, consideradas como faltas graves.
La diputada Rocío Abed, presidenta de la Comisión de Equidad Social, respaldó el dictamen y subrayó que la regulación “garantiza que los descuentos no superen el 50 % del ingreso mensual”, con mayores requisitos de autorización y transparencia. En el mismo sentido, el diputado Jorge Ávalos Mariño señaló que la normativa introduce “herramientas claras para prevenir abusos y garantizar la transparencia”.
Por su parte, la legisladora Rocío Vallejo destacó que las modificaciones mejoran sustancialmente la media sanción del Senado, especialmente con la incorporación del artículo sobre prelación de cobros, que ordena los múltiples descuentos que afectan a los trabajadores.
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Tras su aprobación en Diputados, el documento será remitido nuevamente a la Cámara de Senadores para su estudio. Parlamentarios coincidieron en que la iniciativa constituye un paso hacia la justicia social y el respeto a los derechos fundamentales de los servidores públicos.