El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, se refirió a la defensa del espacio aéreo y protección territorial que está encarando el gobierno de Santiago Peña mediante una histórica inversión en la adquisición de los avio­nes Super Tucano, así como radares que serán incorpo­rados próximamente. Tam­bién destacó la confianza del Ejecutivo en las acciones que despliegan las fuerzas de seguridad contra el cri­men organizado.

“Verdaderamente es una inversión histórica, eso hay que reconocer, valorar y, desde nuestro punto de vista de la Defensa y de las Fuerzas Armadas de la Nación, tene­mos que agradecer al señor presidente, porque esa una decisión política muy impor­tante la que tomó y aplicó, él anunció y después se hizo”, indicó el general al programa “Arriba hoy” de GEN y Uni­verso 970 AM.

Detalló que son USD 150 millones de inversión inicial, de los cuales USD 105 millo­nes se destinaron para la compra de los aviones Super Tucano, y USD 45 millones para los radares y un sistema de mando y control, “que va a servir no solamente para ese radar, sino a otros que van a ser adquiridos poste­riormente”.

“Son 150 millones de dólares invertidos por este gobierno para la Defensa Nacional, que enfrenta a una nueva forma de amenaza, porque existen las hipótesis de conflicto y en base a eso se hacen los planes. Noso­tros no tenemos hipótesis de conflicto de guerra conven­cional, pero sí tenemos la rea­lidad, que las nuevas amena­zas son el crimen organizado y el terrorismo, entonces las Fuerzas Armadas tienen que ser equipadas, respondiendo a esas amenazas”, sentenció.

Uno de estos golpes se está dando en el departamento de Canindeyú, donde se instaló la Subárea de Pacificación de la FTC ante la amenaza que representaba el grupo crimi­nal liderado por Felipe San­tiago Acosta, alias Macho. El ministro resaltó que ya se vienen dando importan­tes golpes a esta organiza­ción criminal, propiciando su debilitamiento en dicha zona.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González se refirió a la defensa del espacio aéreo y protección territorial que está encarando el gobierno de Santiago Peña mediante una histórica inversión en la adquisición de los aviones Super Tucano, así como radares que serán incorporados próximamente. También destacó la confianza del Ejecutivo en las acciones que despliegan las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado.

“Verdaderamente es una inversión histórica, eso hay que reconocer, valorar y, desde nuestro punto de vista de la Defensa y de las Fuerzas Armadas de la Nación, tenemos que agradecer al señor presidente, porque esa una decisión política muy importante la que tomó y aplicó, él anunció y después se hizo”, indicó el general, este viernes, en el estudio de Nación Media, entrevistado durante el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM.

Detalló que son USD 150 millones de inversión inicial, de los cuales USD 105 millones se destinaron para la compra de los aviones Super Tucano, y USD 45 millones para los radares y un sistema de mando y control, “que va a servir no solamente para ese radar, sino a otros que van a ser adquiridos posteriormente”.

“Son 150 millones de dólares invertidos por este Gobierno para la Defensa Nacional, que enfrenta a una nueva forma de amenaza, porque existen las hipótesis de conflicto y en base a eso se hacen los planes. Nosotros no tenemos hipótesis de conflicto de guerra convencional, pero sí tenemos la realidad, que las nuevas amenazas son el crimen organizado y el terrorismo, entonces las Fuerzas Armadas tienen que ser equipadas, respondiendo a esas amenazas”, sentenció.

Podes leer: Paro de buses: “Los reclamos ya se vienen trabajando en mesas instaladas”, dice viceministro

Por otra parte, el ministro de Defensa refirió las labores que vienen realizando la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), principalmente en el norte del país, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Explicó que las Fuerzas Armadas están habilitadas para la defensa dentro del territorio nacional y, en ese marco, se vienen concretando fuertes golpes a los grupos criminales.

“Los elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, a partir del 2014 con la modificación de la ley 1337, que incluye la palabra ´interna’, las Fuerzas Armadas pueden ser utilizadas cuando hay una amenaza a la soberanía externa, decía la ley anterior, y se le incluyó la amenaza interna, entonces, a partir de ahí se pueden utilizar los elementos de combate en el territorio nacional, pero con el cuidado doctrinario y de naturaleza de las Fuerzas Armadas”, explicó en el programa de GEN.

Uno de estos golpes se está dando en el departamento de Canindeyú, donde se instaló la Subárea de Pacificación de la FTC ante la amenaza que representaba el grupo criminal liderado por Felipe Santiago Acosta, alias Macho. El ministro resaltó que ya se vienen dando importes golpes a esta organización criminal, propiciando su debilitamiento en dicha zona.

Leé también: Gobierno asegura reincorporación laboral para Hambre Cero tras receso escolar

“Las operaciones contra el crimen organizado, en este caso contra el crimen organizado, se realizan por etapas, hay que darles tiempo a las fuerzas para que cumplan con la misión. Lo primero que se consiguió fue justamente, que no se tenga más el concepto que en el Norte manda ‘Macho’, eso cambió totalmente desde que nos instalamos ahí”, refirió.

Manifestó que “este criminal dejó de tener esa libertad de movimiento que tenía anteriormente, según las informaciones que tenemos, pero todavía no cumplimos la misión de ponerlo a disposición de la justicia, mientras eso nosotros no hagamos, no podemos decir que estamos tranquilos y con la satisfacción del deber cumplido”.

“Estamos realizando intensas tareas de inteligencia, y la inteligencia dice a la parte operativa dónde debe actuar y así lo estamos haciendo. Ya se dieron varios golpes importantes a la estructura, no solamente de este señor, sino de otras estructuras criminales, y esperemos que se dé el resultado que queremos, y eso va a ocurrir”, aseguró.

“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio un espaldarazo a la legalidad”, afirmó Agustín Encina, director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), refiriéndose sobre la revocación de la medida cautelar que obstaculizaba el proceso de compra de las 28.000 máquinas de votación, que inició el 22 de mayo y se interrumpió el 6 de junio.

“El proceso estará prosiguiendo aproximadamente desde el día viernes, una vez que quede firme la resolución de la Corte. Una vez que se emite una resolución de la máxima instancia judicial existen tres días para que la misma quede firme y ejecutoriada, y esto será el viernes a las 9:00 de la mañana", indicó Encina, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El proceso licitatorio había quedado obstaculizado tras la decisión del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, en dar lugar a una medida cautelar solicitada por la empresa Bypar S. A., que había objetado uno de los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), consistente en que las firmas interesadas en proveer las máquinas cuenten con 10 años de experiencia en la fabricación, utilización, alquiler y venta de las mismas.

Lea también: “Prieto sabe que ya no vuelve y se preocupó por el zoquete”, dice concejal esteño

“Esta empresa estuvo haciendo todo lo posible para trabar el proceso, pero la Corte Suprema de Justicia entendió que la DNCP actuó con un 100 % de legalidad y que el proceso es justo, por ende, para pasado mañana proseguirá a su etapa final”, comentó Encina.

Las máquinas de votación serán usadas en los comicios internos partidarios, en las elecciones generales municipales del 2026 y las presidenciales del 2028. El TSJE aguarda obtener para este año un total de 5.000 máquinas de votación con la finalidad de iniciar el proceso de capacitación a la ciudadanía, a los partidos políticos, y avanzar en la capacitación interna de sus funcionarios.

Te puede interesar: Militares paraguayos fueron capacitados en manejo de drones para control fronterizo

De acuerdo al análi­sis de los legislado­res, esta modifica­ción a la Ley n.° 6980/2022 es innecesaria y la Comisión de Defensa Nacional, Segu­ridad, Inteligencia y Orden Interno, de hecho reco­mendó el rechazo de la ini­ciativa.

“La ley vigente de vigilancia y espacio aéreo paraguayo faculta a realizar operacio­nes para la intersección y el uso de la fuerza mediante la legítima defensa para caso de vuelos ilícitos a los efec­tos de neutralizar la ame­naza inminente si fuere necesario, sin comprome­ter la responsabilidad del Estado paraguayo a posibles daños y perjuicios”, expresó el diputado Pedro Ortiz, de la mencionada Comisión.

El legislador mencionó una serie de motivos por los cua­les consideraron que la apli­cación de la propuesta legis­lativa no era viable. En esta línea, indicaron que la reco­mendación de rechazar el proyecto se debe a una con­clusión remitida por el pro­pio Ministerio de Defensa, que expuso la serie de tra­tados internacionales y con­venios a los que se encuen­tra suscrito nuestro país que son contrarias a este proyecto.

“Cualquier derribo de avio­nes que la Fuerza Aérea pueda ejecutar, debe ser para preservar la seguridad y defensa nacional y estar vin­culada a la potencialidad de las aeronaves ante una posi­ble acción hostil que consti­tuya una amenaza a los inte­reses vitales del Estado, pero no puede estar asociado a un hecho ilícito o posible comi­sión de delito”, explicó.

El Ministerio de Defensa alegó que consideran los prin­cipios y garantías constitu­cionales, así como las normas y convenios internacionales como la protección a la vida, el debido proceso, el convenio de Chicago, que los estados contratantes reconocen que deben abstenerse del uso de las armas en contra de aero­naves civiles en vuelo.

Por otra parte, la Conven­ción Americana sobre Dere­chos Humanos establece la presunción de inocencia y garantía del debido proceso. La Fuerza Aérea Paraguaya, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución, tiene como misión la integridad territo­rial en el espacio aéreo nacio­nal. “Por lo tanto, es innece­saria la modificación de la normativa vigente y solicito el rechazo de este proyecto de ley”, añadió Ortiz, moción que fue votada en mayoría por sus colegas.

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, explicó el motivo de su postura y la de varios de sus colegas de la bancada colorada al no acompañar esta iniciativa legislativa.

El parlamentario explicó que esta propuesta va en contra de las normas establecidas en la Constitución Nacional. Sin embargo, aseguró que el proyecto será debatido en el pleno legislativo y se pondrá a consideración de los dipu­tados. La normativa se reim­pulsa con el reciente arribo de los cuatro primeros avio­nes Super Tucano desde Bra­sil para reforzar la defensa aérea.

“Esta lucha, esta protección de nuestro espacio aéreo, debe estar hecha, debe ser realizada en el marco de nues­tros principios constitucio­nales. En nuestro país está abolida la pena de muerte, si se realiza un juicio con­tra narcotraficantes y se los encuentra culpables, ellos deben ir a prisión”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

Agregó que “el plantea­miento, la autorización de un derribo de una aeronave civil, además del hecho de que no pasó por un debido proceso de juzgamiento, más bien encajaría con una ejecución sumarial”.

El destaque fue publicado ayer a través de la red social X de la representación diplomática norteamericana en Paraguay.

La Embajada de los Esta­dos Unidos en Paraguay resaltó el compromiso del Gobierno paraguayo con las recientes adquisiciones de los aviones Super Tucano, así como próximos rada­res, para la protección del espacio aéreo. El destaque fue publicado este martes a través de la red social X de la representación diplo­mática norteamericana en Paraguay.

“Acompañamos al Para­guay en su compromiso con la protección del espa­cio aéreo y adhesión a los estándares internaciona­les, en el marco de nuestra colaboración en la lucha contra el crimen organi­zado”, expresa la publica­ción de la embajada.

La misma responde a una publicación del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien señaló que la adquisición de estas herramientas se da en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, por parte del gobierno de Santiago Peña.