Continúa la búsqueda de Elías Giménez, el joven con autismo desaparecido el pasado lunes 19 de mayo en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Marta Riveros, madre del muchacho, se quejó de la labor fiscal porque supuestamente cuestionaron que se arme “escándalo” con el caso.

“La fiscal traba mucho, yo hice la denuncia ya en la Comisaría el martes a la mañana y el miércoles me fui a declarar. Y ella el jueves empezó a enviar correos a Bolt, a Tigo y es lenta. Ella envía un correo y después ya se queda sentada, no sigue. Por lo menos que insista”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Según la mujer, inclusive la fiscal interviniente le habría mandado decir “por qué hace tanto escándalo” a través de los medios de comunicación. “Porque ella ya hizo su trabajo y yo le dije: sí, yo no digo que no hiciste tu trabajo. Y envío ella lo que se tenía que enviar a Tigo y a Bolt, pero se quedó ahí. La gente de búsqueda y localización tiene que hacer prácticamente el trabajo de la Fiscalía”, afirmó.

Desde la Asociación de Padres y/o tutores de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA Py) también exteriorizaron su preocupación en torno al caso.

“Estamos desesperados porque no le encontramos, hoy hace ocho días que Elías no está en su casa. Hay una mamá destrozada, detrás de TEA Py hay toda una familia, una comunidad de más 900 familias que está al pendiente de esta situación. Entonces, pedimos un poco la colaboración del fiscal general del Estado para que esta situación se pueda llevar a buen puerto”, manifestó Diana Villalba, presidenta de TEA Py.

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El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, de 44 años, considerado como testaferro de Sebastián Marset Cabrera, en el rol de blanqueador de dinero transnacional del narcotráfico, se declaró culpable ante la justicia estadounidense, reportó la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, a través del portal del Departamento de Justicia, el 21 de mayo. Santoro fue extraditado desde Paraguay en julio de 2024.

En este marco, el Gobierno norteamericano anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) por información que conduzca al arresto o condena de Marset, que se suma a la recompensa de 100.000 dólares en Bolivia, anunciada en 2023.

El narcotraficante uruguayo también es sospechado de haber ordenado el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y las autoridades de Estados Unidos manifestaron la posibilidad de que se encuentre actualmente prófugo en Venezuela. Su esposa, Gianina García Troche, fue extraditada de España a Paraguay, el pasado 21 de mayo, y fue recluida en la cárcel militar de Viñas Cue, en Asunción.

Este último anuncio fue realizado por Erik S. Siebert, fiscal dederal para el Distrito Este de Virginia, y Louis A. D’Ambrosio, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA), en una coordinación entre el Departamento de Justicia, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

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Santoro se declaró culpable de una conspiración para lavar dinero que involucró millones de dólares provenientes del narcotráfico. El acusado era un estrecho colaborador del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 29 años, quien, según se alega en un auto de procesamiento abierto esta semana, es un narcotraficante transnacional responsable del traslado de toneladas de cocaína con valor millonario desde Sudamérica a Europa. Santoro se desempeñó como blanqueador de dinero transnacional para organizaciones narcotraficantes y facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde varios países de Europa a Sudamérica y otros lugares.

Marset presuntamente lideraba una organización de narcotráfico a gran escala que distribuía miles de kilogramos de cocaína, incluyendo hasta diez toneladas a la vez, desde Sudamérica, generalmente a Europa. La organización Marset traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros lugares.

Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros. Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Posteriormente, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias. Santoro solía indicar que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitaba la transacción.

Santoro utilizaba al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero y ocultaba la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante empresas no relacionadas, todas registradas como presuntamente operando en industrias diferentes y no relacionadas. Santoro utilizó empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultó el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias.

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Santoro y, presuntamente, Marset amenazaron con violencia para proteger sus actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales. Santoro blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Como pago, Santoro se apropió de un porcentaje del dinero ilícito que blanqueaba.

En enero de 2021, se adeudaba a Marset presuntamente más de 17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína. Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales se blanquearon a través del sistema bancario estadounidense.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y sus socios policiales en Paraguay brindaron asistencia sustancial para lograr el arresto y la extradición de Santoro Vassallo. Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo del caso.

“Se insta a cualquier persona que tenga información sobre las operaciones de Marset, incluyendo su tráfico de drogas, lavado de dinero y uso (o amenazas de uso) de la violencia, o sobre su paradero, a contactar a la DEA por correo electrónico a MarsetTips@dea.gov”, señala el informe del Departamento de Justicia en su portal oficial.

Esta investigación forma parte de la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.

Una copia de este comunicado de prensa se encuentra en el sitio web de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Los documentos e información judicial relacionados se encuentran en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia o en PACER, buscando el caso n.° 1:23-cr-143.

Tras las manifestaciones realizadas por vecinos de la zona del Bañado Sur de Asunción a favor de la permanencia del oficial José Jiménez en la comisaría 24, el efectivo policial, quien se hizo conocido por grabar y posteriormente publicar sus procedimientos con el objetivo de transparentar el proceso, aprovechó este pedido para remarcar la necesidad de cooperación interinstitucional para hacer frente a las dificultades de la zona.

En conversación con La Nación/Nación Media, el oficial José Jiménez explicó que solicitó su traslado a otra dependencia no vinculada con el Sector 1 del Ministerio Público, ya que, desde hace tiempo, desde la dependencia en la que se encuentra y en el rol que cumple, ha solicitado entablar una mesa de diálogo con representantes del Ministerio Público para facilitar los trabajos, pero esto no se ha concretado.

“En varias ocasiones tratamos de armar mesas de diálogo u organizar servicios con los fiscales, pero nunca obtuvimos respuesta. Queremos reunirnos con ellos para explicarles la situación del bañado y los procedimientos que realizamos, ya que muchas veces nos cuestionan o por la liberación de los detenidos”, indicó el oficial Jiménez.

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El mismo reconoció que existen ocasiones en que los recursos públicos son limitados y que es entendible que los agentes fiscales no puedan acompañar todos los procedimientos, pero que al menos desde el cuerpo policial necesitan contar con el respaldo y la respuesta efectiva por parte del mencionado ente y sus representantes.

“El apoyo de la gente se da hacia nosotros porque transparentamos todas nuestras funciones y procedimientos dentro de la comisaría y damos respuesta a las necesidades de la gente, y muchas veces el cuestionamiento de ellos es que se le agarra al delincuente y se le suelta otra vez y no hacen caso a sus pedidos; por eso nosotros nos reunimos con las comisiones vecinales y les explicamos y mostramos los documentos”, manifestó el oficial José Jiménez.

El mismo remarcó que el ideal de los efectivos que prestan servicio en esta zona es contar no solo con el acompañamiento del Ministerio Público, sino también poder formar una mesa de trabajo con ellos y otros entes como el Ministerio de Salud y los equipos de prevención del consumo y distribución de drogas, ya que la situación que atraviesan los pobladores es bastante compleja.

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No una, sino tres veces (dos de ellas en los últimos meses), Gustavo Petro, presidente de Colombia, acusó al uruguayo Sebastián Marset de ser el autor intelectual del crimen de Mar­celo Pecci, ocurrido hace 3 años (10 de mayo de 2022) en la isla de Barú, en Cartagena. Según el mandatario del país cafetero, Marset, junto con su socio Julio Lozano Pirateque, un capo del tráfico de drogas que ya cum­plió una condena en EE. UU. y que sería parte de una “junta directiva de la mafia”, fueron los que ordenaron el asesinato del agente paraguayo.

En febrero de este año, Petro tildó a Marset de “asesino”, en medio de un Consejo de Minis­tros. En su breve mención, el presidente colombiano dijo que Marset “es socio del nar­cotraficante (Julio) Lozano Pirateque, ciudadano de Dubái, colombiano, que está matando a los esmeralderos”, recordó. Petro ya había acu­sado en 2022 a Marset –poco después de ganar las elecciones presidenciales– de participar en el asesinato de Pecci en sus redes sociales. A pesar de que en Colombia, nada menos que del propio presidente del país, tienen indicios y señalamien­tos de que el uruguayo estaría detrás del crimen, en nuestro país esa línea investigativa no se ha avanzado y algunos medios paraguayos insisten en que no hay mayores datos y que se des­conoce a los autores intelectua­les. El Ministerio Público debe profundizar esta línea investi­gativa, habida cuenta los víncu­los del uruguayo en nuestro país y los casos en los que está invo­lucrado junto con sus secuaces.

Marset, que es la cabeza de una amplia red regional de narco­tráfico que envía enormes car­gas de cocaína a los puertos europeos, tiene “socios” en Paraguay. El uruguayo está aso­ciado a nombres muy podero­sos del mundo de las organiza­ciones delictivas como Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, (actualmente detenido en la penitenciaría de Minga Guazú) y Jaime Franco, otro pez gordo del tráfico de estupefacientes que está recluido también en prisión. Este último fue arres­tado luego de un operativo que encabezó en su momento el ase­sinado fiscal Pecci, móvil sufi­ciente para que este buscara una represalia.

Sebastián Marset Cabrera, actualmente prófugo, llegó a Paraguay generando vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico internacional de dro­gas luego de cumplir una con­dena en Uruguay por tres casos de narcotráfico. Su esposa, Giannina García Troche, será extraditada la próxima semana a nuestro país (el 20 de mayo), la mujer está procesada por el caso A Ultranza Py. Había sido dete­nida en julio de 2024 en el aero­puerto de Barajas, en Madrid.