“Yo creo que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en mi opinión, es el peor de todos los órganos de la Constitución Nacional”, sostuvo el abogado Juan Carlos Mendonca, quien se mostró a favor de modificar la composición del órgano extrapoder que tiene como fin enjuiciar a magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por mal desempeño en sus funciones.
“La conformación del JEM es perversa porque tiene de entrada a dos diputados y senadores que responden necesariamente a los intereses políticos. A esto le sumamos que, normalmente, desde el Consejo de la Magistratura viene un abogado elegido en elecciones muy politizadas”, dijo el abogado, ayer domingo, en una entrevista con el programa “Cara o cruz”, emitido por Unicanal.
Las afirmaciones de Mendonca surgieron tras destaparse un supuesto esquema de corrupción en el órgano extrapoder, que salpica al exdiputado Orlando Arévalo, quien ejercía la vicepresidencia primera del JEM; a las fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, y a la jueza Sadi López. La acusación fue impulsada por el juez penal especializado contra el crimen organizado, Osmar David Legal Troche, y surge tras el peritaje realizado al teléfono del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gómez Batista.
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“Hay un problema de sistema y de hombres desde luego, somos la sociedad que conformamos así que nuestros órganos no pueden ser tan diferentes a las personas que somos, pero no hay dudas de que existe un problema institucional, entonces lo que habría que hacer es cambiar la composición del JEM, tenemos un órgano absolutamente politizado en el mal sentido de la palabra, en el sentido de la mala política, en el sentido de la partidización sobretodo”, manifestó Mendonca.
Asimismo, el abogado dijo: “Algunos magistrados dicen que esta institución no es un jurado de enjuiciamiento, sino un jurado de fusilamiento de magistrados. Esta composición hace que necesariamente la institución funcione de mala manera”.
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José Oviedo: “La justicia es permisiva con los casos de corrupción”
El senador José Oviedo cuestionó el rol del sistema de justicia en la lucha contra la corrupción y apuntó a la falta de independencia del Poder Judicial como uno de los principales obstáculos para erradicarla.
“La impunidad es lo que permite que los casos sigan”, afirmó en una entrevista, donde también sostuvo que “la justicia es la que está siendo permisiva con los casos de corrupción”, expresó el legislador de Cruzada Nacional en contacto con La Nación/Nación Media.
Oviedo citó un informe del Fondo Monetario Internacional, según el cual Paraguay pierde aproximadamente USD 1.500 millones al año a causa de la corrupción. “Eso es muchísimo, aunque estimo que el monto es superior. Imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer: infraestructura, rutas, escuelas, inclusive podemos pagar con eso nuestro déficit que ronda el 2% anualmente”, subrayó.
El parlamentario señaló que cada año se repite el mismo patrón: “La Contraloría audita a las instituciones y año tras año elevan su informe, y son millones y millones que no son bien justificados. Eso no significa necesariamente que haya desvío de fondos, pero no se justifican debidamente”. Aseguró que muchos de esos casos llegan al Ministerio Público, pero que “no conozco muchos casos de personas responsables de casos de corrupción que estén en la cárcel”.
Problema estructural
Para Oviedo, el problema de fondo es estructural. “La justicia aún no es completamente independiente, aún depende del poder político”, indicó, y citó como ejemplo la influencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Vimos cómo se inmiscuía el poder político en las decisiones del jurado en los chats filtrados del difunto diputado Eulalio ‘Lalo’ Gómez”.
En ese sentido, recordó que recientemente presentó un proyecto de ley para modificar la normativa del JEM y así evitar su uso como “garrote político” contra jueces. “Tenemos que buscar la forma de independizar al Poder Judicial del poder político”, enfatizó.
El senador también insistió en que los responsables de las instituciones deben asumir un rol activo para frenar la corrupción. “Si uno ve que se están cometiendo actos de corrupción, hay que tomar las medidas correctivas necesarias y no veo que eso esté sucediendo. Tiene que haber un cambio de paradigma, de mentalidad de quienes ejercen el gobierno”, expresó.
Finalmente, consideró que la lucha contra la corrupción debe ser un esfuerzo colectivo. “La corrupción ha permeado todas las instituciones públicas, incluso las privadas. Tenemos que ayudarnos entre todos para combatir, solamente del gobierno no va a venir la solución”.
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Elevar penas a 90 años requiere de una reforma: “Es populista e inconstitucional”, dice abogado
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
El abogado constitucionalista Marcelo Duarte calificó de populista el proyecto que “incorpora la prisión permanente revisable, en el marco de tolerancia cero contra la delincuencia, el crimen y la protección a la ciudadanía”. La propuesta plantea modificar el Código Penal con la elevación de la pena máxima a 90 años para homicidios y delitos graves.
La iniciativa tuvo su entrada oficial en el Legislativo el pasado 29 de julio y es impulsada por el diputado opositor Rubén Rubin. “El mismo es contrario a los fines previstos para las penas en la Constitución Nacional. En el Paraguay no se puede establecer la cadena perpetua o penas similares (más de 30 años), sin antes reformar la Constitución Nacional“, indicó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
El exsenador del Partido Patria Querida (PPQ), acotó: “La Constitución Nacional no se puede reformar por ley. Este proyecto es inconstitucional debido a que equivale a una cadena perpetua, nadie mayor de edad puede cumplir una cadena de 90 años de cárcel”.
Duarte sustentó su posición citando el artículo 20 de la Constitución Nacional referente al objeto de las penas privativas de libertad. La norma establece que estas penas deben tener como objetivo la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Además, prohíbe la pena de confiscación de bienes y la de destierro.
“En otros países se considerarían propuestas populistas, ya que buscan agradar a la mayoría de la opinión pública, que está harta de la delincuencia y la impunidad, pero sin tener en cuenta su viabilidad constitucional“, dijo Duarte.
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La propuesta de Rubin también establece la acumulación de condenas y toca 25 artículos del Código Penal. El proyecto refiere que en los casos de pena privativa de libertad de 50 años en adelante, podrá ser revisable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 de Código Penal.
De acuerdo con el proyecto, los condenados podrán solicitar una revisión si han cumplido al menos dos tercios de la pena, se presume que no reincidirán en delitos o si el condenado lo solicita o consiente expresamente.
“El problema es mucho más complejo de lo que se plantea. No se trata solamente de aumentar las penas. Se trata también de rever el sistema penal y penitenciario, así como la educación, la reinserción social y la contención familiar en los casos de menores y adolescentes, como también la reinserción laboral de los exconvictos de todas las edades", sentenció Duarte.
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Caso Abdooffshore podría anexarse a causa por inconsistencias en DDJJ, dice exfiscal
El abogado Juan Emilio Oviedo afirmó que los agentes fiscales que investigan al exmandatario Mario Abdo Benítez por las inconsistencias en sus declaraciones juradas, podrían anexar a la causa las informaciones sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas en Seychelles que tendrían por beneficiarios finales al exjefe de Estado y su esposa Silvana López Moreira.
“Puede ser muy buena hipótesis. Por economía procesal, también es una investigación que pueda estar abierta, que pueda tener algún vínculo con los datos obtenidos por este periodista argentino para confirmar, descartar o revisar la información que pueda haber en el extranjero y que incidencia pueda tener dentro de la carpeta fiscal”, indicó el exfiscal de Asuntos Internacionales en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, aludiendo al informe de Luis Casulla publicado en el portal PeriodismoyPunto.
La Fiscalía impulsó la apertura de una investigación a Abdo Benítez en setiembre del 2024 debido a las inconsistencias detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en las extraordinarias ganancias que tuvieron, durante su mandato, la empresas distribuidoras de asfalto Aldia S. A. y Createc S. A., que lo vinculan entre sus principales accionistas.
“Eventualmente, esto sería una decisión de los fiscales de la causa (anexar las informaciones de las cuentas bancarias ocultas como un hecho nuevo) porque son ellos lo que tienen la teoría del caso, son los que tendrán que probar la existencia de un hecho punible a través de las evidencias que se incorporan no solo a nivel nacional, sino internacional”, comentó Oviedo.
Asimismo, dijo que Paraguay y Seychelles son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un tratado impulsado en el 2023 que permite la cooperación entre fiscalías generales. Agregó que Seychelles estableció reformas en el año 2022 que facilitan la entrega de datos financieros, incluso sobre beneficiarios finales, si el pedido cumple los requisitos legales.
“Esto también dependerá de la política criminal, de la persecución penal y de las informaciones o elementos que cuente el Ministerio Público, es una opción que tiene la institución de separar o unir causas, de armar equipos de investigación, de incorporar áreas especificas como de Asuntos Internacionales que tiene personal calificado para ello”, indicó el abogado.
Antecedentes
El informe periodístico refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas.
La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados serían Abdo Benítez y López Moreira. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391 y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado. En junio del 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02, y también tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y su esposa.
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Abdo offshore: Fiscalía debe identificar quién forma parte de las empresas, dice Preda
El abogado Ricardo Preda insistió en que el Ministerio Público debe identificar a las personas que forman parte de las sociedades remitentes o intermediarias vinculadas a las supuestas cuentas bancarias ocultas que tendrían por beneficiarios finales al exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, y su esposa Silvana López Moreira, en el paraíso fiscal de las islas Seychelles (África).
“La decisión para poder abrir una investigación tiene que ver con la calidad de la información y no la fuente de la información. En este caso concreto se determinan los números de cuentas, montos, fechas de transferencias. La Fiscalía tendría que identificar quiénes son o forman parte de esas empresas que fueron las que transfirieron dinero a las cuentas”, refirió el experto en derecho penal económico en una entrevista con el programa “Cara o cruz” de Unicanal.
Los fondos ocultos por Abdo Benítez y López Moreira estarían canalizados a través de firmas offshore, específicamente Star Capital y Exchange Contract, que habrían recibido depósitos desde otras firmas creadas en Hong Kong y Dubái, según la investigación del portal argentino PeriodismoyPunto del periodista Luis Gasulla, publicada el pasado 20 de julio.
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Diversas aristas
“Habría que ver quiénes son los beneficiarios finales de esas sociedades para determinar si en alguna parte hay conexión con el expresidente, su familia o familia política. Hay muchas aristas a ser investigadas, no es solamente enviar una carta a Seychelles y solicitar información sobre esas cuentas nada más (Star Capital y Exchange Contract)“, refirió Preda.
“Esto no nació del movimiento Honor Colorado, el movimiento está totalmente lejos y ajeno a esta información que surgió en el país vecino. Esta denuncia contra Abdo da una información con datos y nombres certeros, concretos, para que las instituciones puedan hacer la verificación si es o no correcto. Yo hacía denuncias en época de pandemia de que nos estaban asaltando, robando, saqueando y ahora nos encontramos con esto, casualmente posterior a ese periodo tan nefasto”, dijo el diputado Rodrigo Gamarra, respaldando las afirmaciones del abogado Preda.
El informe periodístico refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas.
Detalles del informe argentino
La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran Abdo Benítez y López Moreira. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391 y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado. En junio del 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02, y también tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y su esposa.
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