El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, manifestó que la limitada vacancia en la Academia Militar (Academil) surge a raíz de la reducción de sus espacios físicos. Agregó que el pasado año la infraestructura de su sede fue supervisada por una firma constructora que aconsejó a sus autoridades proceder a la demolición.
“La infraestructura de la Academia Militar ya es muy antigua, realizamos el llamado a licitación para una reparación profunda de las instalaciones, lo último que queremos es que corran riesgos los cadetes albergados bajo ese techo. La empresa encargada emitió un dictamen indicando que era inútil el querer refaccionar la infraestructura porque todo estaba desecho, el cimiento estaba a punto de derrumbarse, esto era un peligro eminente para los cadetes”, indicó a la 1020 AM.
González detalló que tras la decisión de la demolición de la infraestructura el cupo inicial de 140 aspirantes se vio reducido a 100. “Las primeras conclusiones habían arrojado que solamente se podría incorporar a 80 aspirantes este año, pero después se tuvo que inventar más lugares llegando a la cifra de 100 vacancias. No podemos tener a todos los cadetes en condiciones infrahumanas, la decisión ya está tomada, no podemos inventar más lugares”, mencionó.
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Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgen ante la manifestación impulsada este sábado por familiares de los aspirantes que participaron de los exámenes de ingreso iniciados en diciembre y concluidos a finales de enero, en las inmediaciones de Mburuvichá Róga.
Al respecto, un total de 20 aspirantes de los 40 que quedaron fuera presentaron un amparo constitucional con el fin de revertir la decisión. “Nosotros tenemos el interés de incorporar a más oficiales, pero no podemos. El alto mando militar procuró aumentar la capacidad, el interés era aumentar los cupos, pero las instalaciones no nos permite”, remarcó.
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Espionaje de Brasil: “Hay que reconstruir la confianza, las explicaciones son necesarias”
El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, dijo este viernes que existe un compromiso por parte del Brasil en remitir en el transcurso de las próximas semanas un informe sobre el espionaje cibernético perpetrado contra autoridades paraguayas, en el marco de las negociaciones sobre el costo de la tarifa de la entidad binacional Itaipú.
“La situación actual es que seguimos aguardando el dosier. El gobierno brasileño se comprometió a darnos las explicaciones sobre este hecho lamentable de espionaje al Gobierno de Paraguay, que fue aceptado por la Cancillería del Brasil. Las explicaciones son necesarias para volver a la mesa de revisión”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El espionaje se inició en la gestión de Jair Bolsonaro y siguió siendo ejecutado en los primeros meses de la era de Luiz Inácio Lula da Silva. Según publicaciones de medios como UOL y el diario O Estado, la operación fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, refirió el gobierno de Lula, mediante un comunicado difundido el 31 de marzo pasado, responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.
La información sobre el espionaje fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre de 2024 y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones señalan que fue utilizado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.
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“Listo para la renegociación”
“Ellos prometieron que las informaciones serían remitidas en las próximas semanas. Hay que reconstruir la confianza, no es poca cosa lo que pasó, cuando uno está en una relación con un país hermano, en una entidad tan importante como es Itaipú. Esto erosionó la confianza, no se puede minimizar lo que ocurrió, necesitamos y exigimos las explicaciones para volver a reencauzar la revisión", refirió Giménez, quien también se desempeña como consejero de la hidroeléctrica.
“Paraguay está listo para la renegociación, viene trabajando con un equipo técnicos y por consejeros que son a la vez ministros del Ejecutivo. Estamos aguardando que se concrete este arreglo mediante las cancillerías y dar vuelta esta página que es desagradable y volver a incursionar en una agenda positiva que estoy seguro que ocurrirá”, comentó.
Las afirmaciones de Giménez surgen ante la intención de Brasil en revertir el acuerdo concretado en mayo del 2024, consistente en la fijación del precio de la tarifa de Itaipú a USD 19.28 por kW/mes para los próximos tres años. “Esto se encuentra fuera de discusión, la tarifa ya se pacto a nivel de consejo, está aprobado por ambos países”, refirió.
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Senado recusó a integrantes de sala constitucional por caso Kattya
La presidencia del Senado, liderada por Basilio Núñez, recusó al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos y al camarista del fuero civil, Esteban Kriskovich, quienes integran la sala constitucional ampliada que analizará la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra su pérdida de investidura. Ahora deberá integrarse la CSJ con otros dos camaristas para resolver ambas recusaciones.
En el argumento para apartar a Ríos se hace alusión a que el mismo, en reiteradas ocasiones, preopinó sobre el caso, por lo que ya no puede intervenir en el fondo de la cuestión. “En su momento, él también fue legislador y participó de pérdida de investidura de varios excolegas”, comentó Núñez, este miércoles, en una entrevista con los medios de comunicación.
El documento de recusación contra Ríos indica que “los elementos fácticos que respaldan está recusación sobrevenidos y claramente identificables refuerzan de forma forma contundente la razonabilidad de la petición. Cabe destacar que, inicialmente, existía la convicción de que el pasado político del magistrado en cuestión no incidiría en el ejercicio de su función jurisdiccional. Incluso, albergábamos la expectativa, basada en el principio de buena fe procesal, de que su experiencia previa no influiría en su valoración de los hechos y en su desempeño como juez constitucional”.
Agrega que, “sin embargo, sus intervenciones públicas, formuladas ya ostentando la calidad de ministro de la Corte Suprema de Justicia, son elocuentes como para disipar toda expectativa de neutralidad. Se trata de declaraciones reiteradas, precisas y claramente orientadas hacia una de las posiciones procesales debatidas en este proceso judicial".
La recusación presentada con el respaldo de un grupo de senadores indica: “No nos hallamos ante expresiones vagas, circunstanciales o de carácter técnico doctrinario. Por el contrario, las manifestaciones referidas, expuestas de forma abierta y pública, revelan un posicionamiento definido y anticipado respecto del conflicto constitucional que esta sala debe resolver, por todo ello no puede interpretarse esta recusación como una maniobra procesal improcedente ni como una invocación extemporánea del derecho a recusar”.
Se señala que la petición es “legítima, presentada de manera responsable y dentro de los márgenes temporales legales, en atención a hechos que no solo configuran una sospecha, sino que constituyen una causal efectiva, concreta y objetiva demostrable para apartar al magistrado de la causa”.
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“Causa presentada”
Mientras que la recusación contra Kriskovich fue impulsada sin “causa presentada”. En el documento se sostiene que la medida fue realizada conforme con lo dispuesto en el artículo 24 y concordantes del Código Procesal Civil, el cual exige que se dé curso al trámite legal correspondiente y se resuelva según lo solicitado previo a cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
“Esto es hasta una cuestión ética, teniendo en cuenta que él fue embajador durante el gobierno del expresidente de la República, Horacio Cartes”, refirió Basilio Núñez.
El camarista aceptó atender el caso tras la inhibición de los ministros Eugenio Jiménez Rolón y César Garay Zuccolillo. A finales de mayo, la Corte comunicó al Senado la integración de la sala constitucional ampliada, cuyos integrantes también son los ministros Gustavo Santander, César Diesel, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y el camarista Miguel Ángel Rodas.
Antecedentes
Kattya González quedó fuera del Senado el 14 de febrero del 2024. Mientras que la acción de inconstitucionalidad fue promovida el 27 de febrero del mismo año.
Un total de 23 senadores acompañaron la expulsión de la ahora excongresista de la Cámara Alta, registrándose siete abstenciones y 15 ausencias. El procedimiento se basó en un libelo acusatorio de 73 páginas, en que, entre otras argumentaciones, sindicaban a la ahora exparlamentaria de uso indebido de influencias.
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Detienen por inmigración a familia de atacante en Colorado
- Los Ángeles, Estados Unidos. AFP.
La familia de un hombre sospechoso de atacar con cócteles molotov a manifestantes en Colorado que pedían la liberación de los rehenes israelíes en Gaza fue detenida por inmigración este martes, dijeron las autoridades estadounidenses. Kristi Noem, secretaria del departamento de Seguridad Nacional, dijo que la esposa y los hijos de Mohamed Sabry Soliman fueron detenidos.
"Investigamos hasta qué punto su familia sabía de este horrendo ataque, si tenían conocimiento, o si proporcionaron algún apoyo", agregó Noem. Las investigaciones criminales son tradicionalmente llevadas a cabo por el FBI y las fuerzas del orden, no por el departamento de Seguridad Nacional, que atiende, entre otros asuntos, temas migratorios.
La situación migratoria de Soliman se volvió central en la respuesta de la administración del presidente Donald Trump al ataque registrado en Boulder, Colorado, el domingo. El ataque incendiario dejó una docena de heridos. Las autoridades dijeron rápidamente que el sospechoso estaba “ilegalmente” en Estados Unidos, donde se había quedado excediendo el permiso de su visa de turista.
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Pero también reconocieron que había solicitado asilo y recibido un permiso de trabajo. La Casa Blanca se refirió al anuncio en redes sociales este martes. “Seis boletos sólo de ida para la esposa de Mohamed y cinco hijos”, escribió en la cuenta de X. “Última llamada para abordar en breve”.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el lunes que su departamento tomará medidas drásticas contra los “terroristas” que se encuentran en Estados Unidos de forma temporal. Tammy Bruce, vocera del departamento de Estado, amplió en esta línea.
“Este horrendo ataque es un recordatorio de que las decisiones sobre a quiénes dejamos entrar en este país, y a quienes les permitimos quedarse son de vital importancia en materia de seguridad nacional y personal tanto para este país como para los estadounidenses en cualquier lugar”, dijo.
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Soliman debe presentarse ante un tribunal de Colorado el jueves. Se prevé que sea acusado en la esfera federal por crímenes de odio, así como con cargos estatales de intento de homicidio.
Es el sospechoso de atacar con líquido inflamable a un grupo de personas que marchaban para pedir la liberación de los rehenes israelíes aún en manos del grupo islamista palestino Hamás tras el ataque del 7 de octubre de 2023.
El ataque ocurrió durante el evento “Run for Their Lives”, una cita semanal de la comunidad judía en apoyo a los rehenes. Los investigadores dijeron que al ser detenido cargaba un lanzallamas improvisado, hecho con un pulverizador portable lleno de gasolina.
En un video que muestra el ataque, se ve a un hombre sin camisa y con botellas en las manos que camina mientras el césped frente a él arde. También se le oye gritar “¡Acabemos con los sionistas!” y “¡Son asesinos!”, dirigiéndose a varias personas con camisetas rojas que atienden a una persona en el suelo.
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Partidarios de Evo Morales radicalizan protestas en Bolivia
- La Paz, Bolivia. AFP.
Seguidores del exmandatario Evo Morales intensificaron sus protestas este lunes pasado en Bolivia, con marchas y bloqueos de caminos, para presionar a la autoridad electoral a validar su candidatura presidencial, pese al veto de la justicia. Morales, que gobernó en tres períodos entre 2006 y 2019, no consiguió inscribir su candidatura para los comicios del 17 de agosto por falta de partido tras su renuncia al Movimiento Al Socialismo en febrero de este año. Además, está impedido de postular por un fallo judicial que permite una sola reelección presidencial.
En Cochabamba, el bastión político del exmandatario, se reportaron nueve puntos de bloqueo en carreteras que conectan el rico departamento de Santa Cruz con La Paz, sede de gobierno. “Sin la participación de grandes mayorías no se pueden realizar elecciones”, afirmó desde Cochabamba a la AFP Mario Soto, dirigente campesino regional.
También señaló que las protestas son contra el gobierno del presidente Luis Arce, a quien culpan por la crisis económica, la falta de dólares y de combustibles, a raíz de la caída de la producción y exportación de gas. “Las organizaciones sindicales han pedido su renuncia, que el gobierno se vaya”, afirmó Soto. El tiempo se agota para el líder cocalero de 65 años. El 6 de junio se anunciará la nómina definitiva de los participantes en los próximos comicios.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, dijo en conferencia de prensa que “el bloqueo solamente tiene la finalidad de boicotear las elecciones generales” para que “la candidatura de una persona que está inhabilitada y que además no tiene partido se anteponga ante todo el sistema jurídico”.
En paralelo, centenares de campesinos e indígenas también marcharon este lunes por las calles de La Paz a favor de la candidatura de Morales.
El domingo el propio líder cocalero alentó a sus partidarios a radicalizar sus protestas. “Desde el lunes, todos a La Paz. ¡Ya basta! (Vamos) a hacernos respetar con este gobierno”, dijo en su programa en la radio Kawsachun Coca.
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Morales y sus seguidores también culpan a la administración de Arce por los vetos judiciales y electorales. El jueves se registraron en la ciudad altiplánica choques con más de 20 civiles detenidos y tres agentes heridos.
Morales está refugiado desde octubre en la región cocalera del Chapare, para evitar que se ejecute una orden de captura en su contra por un caso de trata de una menor que él niega. Cientos de comerciantes marcharon también este lunes contra el gobierno de Arce por la crisis económica.