El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, quien ejerce la defensa legal del diputado Orlando Arévalo, denunciará al juez especializado en lucha contra el crimen organizado, Osmar Legal, por prevaricato ante la Fiscalía y el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El letrado incluso acusa a Legal de haber filtrado los mensajes a los medios de comunicación.
Duarte insiste en acceder a los datos obtenidos en la pericia judicial del teléfono del fallecido diputado Eulalio Gomes. “El no tener acceso a las extracciones de los datos ya es algo realmente intolerable e irregular, no puede ser que se publiquen las conversaciones a los medios de prensa y que las partes no tengan acceso, entonces hoy vamos a presentar una denuncia penal por prevaricato y otros hechos punibles contra el juez Osmar Legal por todas sus inconductas”, indicó a la 1080 AM.
“Las partes no pueden ejercer sus derechos y garantías. Ambas instituciones deben tomar cartas en el asunto de acuerdo a sus competencias y que se intervenga el juzgado. Él tuvo que haber protegido el material, él tuvo que haber operativizado las garantías constitucionales, hablamos de gente que abusa de su poder para fines particulares”, acotó el abogado.
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Antecedentes
El caso guarda relación con la filtración selectiva a determinados medios de prensa de supuestos chars obtenidos del teléfono de Gomes, fallecido en agosto pasado durante un procedimiento del caso Pavo Real II. El hecho motivo a la dimisión del diputado Arévalo al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en donde se desempeñaba como vicepresidente primero.
A la vez, lo obligó a presentar su renuncia como parlamentario para evitar someterse a un proceso de pérdida de investidura. Igualmente, en el caso se encuentran afectadas las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, y la jueza Sadi López por las presuntas conversaciones con el difunto legislador.
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“Marc Ostfield puso en peligro la democracia paraguaya”, repudia diputado
El diputado Alejandro Aguilera se refirió a la alianza entre el exmandatario Mario Abdo Benítez y el exembajador de Estados Unidos Marc Ostfield para atacar políticamente al presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, con la finalidad de impulsar una agenda de alternancia basada en mentiras y arbitrariedades.
“Desde todo punto de vista, es repudiable la siniestra intromisión que ejerció Ostfield en la política interna del Paraguay, poniendo en peligro la democracia en nuestro país cuando quiso alterar el proceso eleccionario paraguayo, querer descabezar al principal líder del Partido Colorado, Cartes, y descabezar al candidato oficialista a la presidencia de ese entonces, Hugo Velázquez”, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Las afirmaciones de Aguilera surgen tras la filtración de un documento interno enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre de 2024. El informe confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía de Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez.
En el informe elaborado por Ostfield, se puede observar como ejerció una inexplicable defensa hacia Abdo Benítez, a quien calificaba como un “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empresas Aldia S.A. y Createc S.A lograron con el negocio del asfalto, en plena crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19.
“Tanto en el caso de Cartes y Velázquez no hay un solo elemento de prueba de lo que se les acusa. Y puedo afirmar también que los cipayos que apoyaron esa intervención extranjera afectando los intereses nacionales, la historia los juzgará”, arremetió Aguilera.
La gran farsa asfixió los ingresos fiscales
La gran farsa de Ostfield y Abdo Benítez no solo golpeó a Cartes, sino que también asfixió los ingresos fiscales. Las sanciones económicas impuestas al expresidente de la República terminaron extendiéndose a Tabacalera del Este S.A. (Tabesa). De esta forma, la empresa, de ser la mayor aportante al fisco del sector privado con USD 40 millones en el año 2022, tras las sanciones de la OFAC, redujo su participación a USD 7 millones en el año 2024.
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Califican como alentadora la decisión de Trump de revisar sanciones impuestas por Biden
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, destacó la decisión del gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, en evaluar y levantar las sanciones por supuestos hechos de corrupción que fueron aplicadas a varios líderes políticos por el Departamento del Tesoro durante la gestión de Joe Biden.
“Es muy alentador ver que las cosas que se hicieron mal se revisen y se rectifiquen, que no exista ese corporativismo de dejar las cosas como están para no afectar la institución. Que ellos puedan verificar, auditar, revisar y revocar una sanción mal dada”, sostuvo este miércoles a la 1020 AM.
Las afirmaciones de Ovelar surgieron tras informarse que Trump levantó las sanciones aplicadas contra Antal Rogán, jefe de gabinete del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. El abogado aguarda que lo sucedido sea replicado a favor de su cliente.
“Estamos en directa comunicación y por sobretodo dejando que los abogados de la ciudad de Washington tomen las medidas administrativas, jurídicas para que esto sea revisado. Esto lo hacemos con mucha paciencia y con buena letra, sin atropellar o saltar procesos. Todo se hace en los Estados Unidos”, remarcó.
Detalló que la realización de un lobby político dependerá de las instrucciones que sean impartidas por los abogados que ejercen la defensa legal de Cartes en el país norteamericano. “Las sanciones contra Cartes finalmente fueron motivadas políticamente por el Departamento de Estado, pero ellos requieren antes de una fundamentación y análisis jurídico, de esto dependemos”, dijo.
Asimismo indicó: “Desde el principio nosotros hemos sostenido que estas sanciones se trataban de una cuestión política. Abogados de Estados Unidos con trayectoria y experiencias importantes, nos dijeron que se encuentran sorprendidos por el manejo discrecional y sin criterio que se tomó hasta el último día del gobierno de Biden”.
EE.UU. debe investigar la conducta de Ostfield
Por otra parte, Ovelar manifestó que el gobierno de Trump debe impulsar una investigación sobre el esquema de persecución política contra Cartes, que fue desplegado por el exmandatario Mario Abdo Benítez y el exembajador norteamericano Marc Ostfield.
“Había una cercanía y connivencia tremenda entre ambos. El Departamento de Justicia debe investigar la conducta de Ostfield y de su cómplice en el Paraguay. Desde nuestro país se motivaron todas las acciones que terminaron con la sanción. Las sanciones no vieron desde Estados Unidos naturalmente, fueron provocadas, auspiciada desde Paraguay”, refirió.
El requerimiento de Ovelar se da tras la filtración de un documento interno enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre del año 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez.
Además Ostfield ejerció una inexplicable defensa hacia Abdo Benítez, a quien calificaba como un “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empresas lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria generada por la pandemia del covid-19.
“A partir de esto que se hizo público, amerita que Paraguay proteste por el nivel de injerencia política que hubo y más todavía cuando escuchamos al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, contar algo gravísimo. Cuando ellos eran candidatos en la embajada de Estados Unidos en Paraguay, les indicaron que no debían temer a la alternancia. Quienes son ellos para estar por encima del soberano que es el pueblo paraguayo, quien en mayoría debe decidir quien estará al frente de un gobierno”, puntualizó.
Ovelar siguió argumentando que “¿Por qué debe existir la alternancia? Dónde en la Constitución Nacional se determina que esto debe existir. En ninguna parte dice la alternancia es una obligación o algo que debe ocurrir sí o sí”.
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Lavado de dinero en Atlas: pasos procesales fundamentan denuncia de la Conmebol
El abogado Claudio Lovera se refirió al urgimiento realizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), consistente en impulsar la causa judicial abierta por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo, y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
“Desde la Conmebol entendemos que este tipo de investigaciones financieras tienen sus niveles de complejidad. Para que pueda ser desarrollado se requiere de las sospechas de un hecho punible en concreto, hay ciertos pasos procesales que no se pueden realizar si no existe esto”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera indicó: “En este proceso penal en el año 2021 la Fiscalía allanó la sede del banco Atlas. Un allanamiento implica que existe la sospecha de un hecho punible, incluso esa sospecha está avalada por un juez que otorga el allanamiento. La Fiscalía ya exteriorizó que existe la sospecha de un hecho punible”.
A la organización deportiva le preocupa de sobremanera que ocurra la prescripción de la causa judicial, atendiendo al largo período transcurrido y los pocos avances obtenidos en la pesquisa realizada en Paraguay.
El banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.
“La Fiscalía también allanó la Superintendencia de Bancos y esto también implica que se sostenga las sospechas de un hecho punible. Luego la Fiscalía pidió cooperación al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para tratar de obtener la información que estos dispongan respecto a ciertas operaciones financieras, lo cual en Paraguay, también implica la existencia de sospechas de un hecho punible”, sostuvo.
El abogado siguió sosteniendo que “ninguno de estos pasos procesales se pudieron realizar sin que existan sospechas, esto implica que la denuncia de la Conmebol es fundada porque a veces se escucha que esta denuncia no tiene fundamentos. Estos tres pasos procesales claramente denotan que un órgano de persecución estatal entendió que existen sospechas”.
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En junio del 2017 fue presentada la primera denuncia penal ante el Ministerio Público del Paraguay, con base en la información recopilada y disponible hasta ese momento. La segunda denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero fue presentada el 4 de febrero del 2021.
Informaciones recopiladas
“Lo que señalamos es que ante estos pasos y ya las informaciones recopiladas, la Fiscalía está en condiciones de pronunciarse sobre el fondo del asunto para poder impulsar la persecución penal. Sería lamentable que una causa de esta envergadura no se resuelva sobre la base del fondo del asunto, sino por el mero transcurso del tiempo”, dijo Lovera.
La confederación ya consiguió recuperar más de USD 130 millones en el extranjero, sin embargo, esto no ocurre en Paraguay a causa de la inacción de las autoridades competentes. Los agentes fiscales del caso son Francisco Cabrera, Jorge Arce y Verónica Valdez.
“La Conmebol seguirá impulsando con fuerza la sanción de los responsables y la privación de las ganancias ilegítimas a través de estas operaciones. La Fiscalía es la única jurisdicción que en el transcurso de todos estos años no tuvo un pronunciamiento de fondo, pese a que las operaciones principales de perjuicio patrimonial de la Conmebol ocurrieron en Paraguay, y la Conmebol tiene su sede en el país. Esto sorprende a cualquier observador objetivo, Paraguay no puede dejar de pronunciarse sobre este hecho”, sentenció.
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Operativo Turf: juez autorizó extracción de datos de teléfono celular de Lindomar Reges Furtado
El juez del crimen organizado, Osmar Legal, autorizó al Ministerio Público extraer datos del teléfono celular del presunto narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado y Karla Guimaraes, quien habría colaborado para la fuga de Reges Furtado en el operativo Turf realizado en febrero del 2022 en un barrio cerrado de Alto Paraná.
La diligencia se realizará en el Laboratorio Forense de la Fiscalía debido a que ya se tiene la tecnología avanzada, así como una nueva actualización del equipo forense UFED, para la extracción de los datos.
El pedido fue presentado por el agente fiscal, José Martín Morínigo, quien solicitó la extracción y análisis forense de los datos almacenados en los teléfonos. Ambos aparatos, modelos iPhone, habían sido incautados en febrero del 2022 durante un allanamiento en el Paraná Country Club, pero hasta la fecha no había sido posible acceder a su contenido debido a sistemas de seguridad avanzados.
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Los datos que se pretende recuperar son mensajes de texto, registros de llamadas, contactos, imágenes, videos y otros archivos que puedan ser relevantes para la investigación. El perito designado es el ingeniero Jorge Sebastián Riquelme Salinas, de la Sección de Informática Forense del Ministerio Público.
El magistrado recordó la necesidad de garantizar los derechos constitucionales de las personas involucradas, por lo que dispuso que la diligencia sea acompañada por un defensor público. La audiencia para el juramento del perito fue fijada para el próximo 5 de mayo a las 9:00.
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