El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, sostuvo que se debe buscar una solución al actual sistema de transporte público, que no funciona. El parlamentario se refirió a los cuestionamientos de algunos sectores políticos dentro del Parlamento, que plantean incluir modificaciones en el proyecto de ley integral de la reforma del transporte público remitido por el Poder Ejecutivo.

“El mensaje a esos legisladores es que planteen otra solución, que pidan entonces el no tratamiento, yo estoy a favor del ciudadano que quiere un nuevo sistema de transporte, una nueva ley de transporte”, respondió Núñez en conversación con los medios de comunicación este jueves.

Para el legislador, en este momento se debe buscar soluciones y terminar con el actual sistema de transporte, dando opciones válidas a la ciudadanía que diariamente utiliza el transporte público. Agregando, que el Poder Ejecutivo está buscando con esto el bienestar de la población.

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“El sistema actual no funciona, entonces tenemos que buscar el sistema que funcionó, y el sistema que funcionó, un ejemplo es el implementado en el gobierno de Horacio Cartes donde se renovó casi mil buses, en el gobierno de Mario Abdo, cero buses. Ahora en el gobierno de Santiago Peña yo sé que no vamos a terminar con cero buses”, apuntó.

Igualmente, manifestó que la ciudadanía “va a tener opciones, el ciudadano va a tener la posibilidad de tener nuevamente buses cero kilómetros que puede ser comprado a través de un fideicomiso por el Estado, y también la ley habilita para que el empresario compre, renueve sus flotas”. Afirmando que este proyecto no requiere de modificaciones.

El proyecto de ley debió tratarse en la sesión ordinaria del Senado, ayer miércoles, sin embargo, el pleno decidió postergar el tratamiento para el próximo martes 9 de setiembre, bajo la recomendación de la Comisión de Hacienda. La argumentación de la comisión fue que se requiere de más información sobre el proyecto de ley.

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La senadora Lizarella Valiente anunció que recurrirá a la justicia por los dichos del diputado opositor Raúl Benítez por las declaraciones en su contra, sobre el supuesto uso de dinero de la Municipalidad de Asunción para financiar su campaña política para las elecciones del 2023. La parlamentaria cuestionó la deliberada acusación del diputado Benítez y afirmó que la misma fue víctima de violencia.

“Es de público conocimiento, estuve en el escarnio público en estos días con respecto a las declaraciones del diputado Raúl Benítez. Yo realmente lamento que un congresista no realice (averiguar), con todo derecho puede cuestionar el tema que tenga que ver con el tema de mi financiamiento político, hay una ley que todos los candidatos estamos obligados a presentar”, indicó la senadora durante la sesión ordinaria de este miércoles.

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Explicó que como congresistas y ciudadanos, existen todos los mecanismos para el acceso a la información pública, en este caso sobre la ley del financiamiento político, en el cual figura su rendición de cuenta y trazabilidad de todo lo que fue su campaña. “Podemos realizar, hacer pedidos de informes a las instituciones de manera oficial. Tenemos inmunidad de opinión, claro que sí, pero en el ejercicio de nuestras labores parlamentarias y en el pleno, no así en las redes sociales, en las plataformas sociales”, expresó.

Así mismo, sostuvo que el diputado Benítez incurrió en una violencia en contra su persona, lo que fomentó los ataques en las redes sociales. “Hasta comprendo talvez, porque considero que la violencia no se justifica en ningún sentido, la indignación de la ciudadanía. El mal rato, el dolor, el sufrimiento, porque no creo que a nadie en su sano juicio le agrade estar leyendo tantos agravios hacia uno. En ese sentido, absolutamente todo lo que ha cuestionado, en un ámbito equivocado el diputado Raúl Benítez es información pública”, lamentó.

Ante estas declaraciones y acusaciones de haber utilizado dinero público, refirió que el legislador tendrá que demostrar sus dichos. “Ya es sabido que voy a entablar una demanda. Su objetivo no fue saber si era verdad o no lo que supone, sino más bien, ponerme en una vidriera para que la gente me lapide y no hay derecho, yo soy una ciudadana, soy una mujer y en un estado de derecho nadie tiene por qué agredirnos de la manera que usted me expuso”, sentenció.

Por otra parte, Valiente se refirió a otra situación que fue publicada y expuesta por algunos medios de comunicación, el supuesto doble salario, ya que la misma percibe una remuneración en el Congreso Nacional, además de un salario en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). En este caso, aclaró que la misma cuenta con un permiso sin goce de sueldo por el periodo de 5 años, mientras dure el periodo legislativo que ocupa actualmente.

“Yo no he percibido un guaraní, no he cobrado absolutamente nada de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, pongo a disposición de la prensa, el extracto de la línea que me corresponde, porque esa línea presupuestaria me corresponde, yo sigo siendo funcionaria de la Dinac, con permiso sin goce de sueldo, que nunca he retirado un peso de la Dinac”, sentenció.

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Los legisladores resolvieron postergar por ocho días la emisión del dictamen para el proyecto de reforma del transporte público en el área metropolitana, a fin de conformar una mesa técnica y trabajar con el Viceministerio de Transporte. El proyecto del Poder Ejecutivo tiene tratamiento de código y figura en el orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles, por lo que el pleno podría avanzar con el debate o bien optar por una nueva postergación.

Las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Control, y de Obras Públicas, realizaron ayer martes una reunión con la presencia de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión; del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de cuyo debate se decidió conformar la mesa de trabajo.

El aplazamiento surge para evaluar junto con el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional las implicancias del proyecto en el ámbito de los derechos laborales. La decisión derivó en la desactivación de la huelga anunciada por el sector de los choferes, que manifestaron preocupación en relación con la antigüedad laboral y la estabilidad en caso de cambios de empresas.

A estadio lleno se jugará el partido mañana en el Defensores del Chaco, donde Paraguay puede confirmar su clasificación al Mundial 2026. La Policía prepara un megaoperativo de seguridad. Habrá varios anillos de control, molinetes y prohibición de ciertos objetos.

Unos 4.000 efectivos policiales están asignados a la cobertura de seguridad del partido más importante de los últimos 16 años a nivel de selección nacional, pues, la Albirroja puede confirmar su clasificación al Mundial 2026, después de una larguísima espera.

El director de Eventos Deportivos, comisario Héctor Fernández, confirmó que el partido se jugará a estadio lleno, con 35.000 espectadores. Se estima el ingreso de unos 400 hinchas ecuatorianos, a quienes se les asigna el sector de Preferencia E, hacia Gradería Norte.

En el marco del operativo internacional “Aliados por la Infancia”, agentes del Departamento contra Delitos Informáticos realizaron allanamientos simultáneos en las ciudades de Capiatá, San Antonio y Ciudad del Este.

El comisario Diosnel Alarcón, jefe de dicha dependencia, explicó que los procedimientos se llevaron a cabo con el objetivo de combatir la explotación sexual infantil en internet y frenar la descarga de material de pornografía infantil, según comentó a la 1020 am.

“Se analizaron más de 500 archivos de materiales de abuso sexual infantil que se estaban descargando en dispositivos. Hasta el momento tenemos dos detenidos”, confirmó Alarcón.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, desmintió un supuesto plan para privatizar la Administración Nacional de Electricidad (Ande), como argumentan algunos sindicatos de la empresa estatal, que se movilizan ante el debate legislativo sobre el proyecto de ley que busca la creación del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía.

“Les quiero garantizar que no existe ninguna intención de privatizar una empresa que es fundamental en este momento y que va a ser más importante, incluso, a futuro. No sé de dónde quitaron la idea de que hay un plan de privatización. No tiene sentido”, sostuvo el titular del MEF, ayer martes, a los medios de comunicación en el Congreso Nacional.

La propuesta del Poder Ejecutivo plantea que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) absorba el Viceministerio de Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur). En tanto, los gremialistas alegan que mediante esta fusión supuestamente se restarían prerrogativas y atribuciones a la Ande.

La Junta de Gobierno del Partido Colorado sesionará de forma extraordinaria el próximo lunes, ocasión en la que aprobará nuevas afiliaciones y extenderá la campaña de adhesión a más integrantes.

El titular de la ANR, Horacio Cartes, firmó la resolución de convocatoria a sesión extraordinaria (presencial y virtual) de la Junta de Gobierno para el próximo lunes 8 de septiembre a las 17:00 en la sede partidaria.

En el orden del día figura la aprobación de nuevas solicitudes de afiliaciones y también pondrán a consideración la prórroga de campaña masiva de afiliaciones.

La justicia paraguaya reafirma la prisión preventiva de Gianina García Troche en Viñas Cué, sosteniendo que ha recibido atención médica adecuada y negando traslado a una clínica. La jueza penal de garantías Rosarito Montanía resolvió mantener la prisión preventiva a la esposa del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

El pedido de traslado a un centro médico especializado fue rechazado, pese a las argumentaciones de su defensa sobre su delicado estado de salud. La jueza enfatizó en su resolución que desde su ingreso a la prisión, la procesada ha recibido atención por parte de médicos del Ministerio de Salud, del Hospital Militar y de profesionales como ginecólogos, psicólogos y psiquiatras que realizaron estudios de laboratorio, placas radiográficas y ecografías. En consecuencia, la magistrada concluyó que “no se vulneraron sus derechos” y que no hay justificación para un traslado asistencial.

La defensa, conformada por Rafael Alcides Blanco, apeló a un incidente innominado solicitando la internación hospitalaria, indicando que García Troche se encontraba en estado “deplorable” y argumentando que necesitaba evaluación médica urgente.

Avícola Itapúa SA ha presentado una denuncia for­mal ante el Jurado de Enjui­ciamiento de Magistrados (JEM) contra la jueza de Pri­mera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de Presidente Franco, Cynthia Rossana Pineda Morel, por mal desempeño de sus funciones, atendiendo que, en violación de la ley, ha dictado recientemente una resolución que deja sin efecto otra resolución previa emitida por un juez del mismo grado, que aprobaba una subasta y ordenaba el inmediato des­alojo, para que el legítimo pro­pietario –Avícola Itapúa SA– pueda finalmente gozar de la posesión de la planta indus­trial que actualmente está siendo explotada y usurpada por el anterior propietario.

La denuncia sostiene que la resolución de la jueza Cyn­thia Rossana Pineda Morel no solo vulnera la competencia en grado, sino además la terri­torial (el juicio principal está en la jurisdicción de Encar­nación).

Este caso es un claro ejemplo de una violación a los principios básicos de la seguri­dad jurídica, que genera incer­tidumbre y desconfianza en el sistema judicial paraguayo. Al dejar sin efecto una resolu­ción previamente dictada por un colega de igual jerarquía y fuera de la competencia terri­torial, se crea un precedente peligroso que puede afectar negativamente la estabilidad y predictibilidad del ordena­miento jurídico.

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Además de ser llamativa la intervención de la jueza en un juicio en el cual no tiene com­petencia de grado ni territorial, llama la atención la excesiva celeridad en resolver el disfra­zado juicio autónomo de medida cautelar de urgencia solicitando dejar sin efecto el desalojo, ya que en menos de una hora de promovido el mismo, el asunto ya estaba resuelto.

“Esta acción es un claro ejem­plo de la falta de coherencia y uniformidad en la aplicación de la ley, además resulta inconce­bible e inaceptable en nuestro derecho positivo que un juez de igual grado, clase y jurisdic­ción, mediante una supuesta ‘medida de urgencia’ autónoma suspenda una orden judicial de desalojo dada por un intérpretes en otro juicio, en lo que en doctrina se conoce como caos jurídico, lo que produce inseguridad jurídica”, afirmó la abogada de Avícola Itapúa SA, Ana Inés Peña.

“La jueza hoy denunciada se extralimitó en sus funciones y se atribuyó facultades propias de un Tri­bunal de Alzada, poniendo en riesgo la seguridad jurí­dica que es fundamental para atraer inversiones y promover el desarrollo económico en nuestro país. La conducta de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo pone en riesgo la confianza de los inversores, sino de todos los ciudadanos en general en nuestro sistema judicial”, advirtió la abogada de Avícola Itapúa SA.

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá investigar y resolver esta denuncia de manera trans­parente y justa, asegurando que se respeten los princi­pios de independencia judi­cial y debido proceso.

Avícola Itapúa SA espera que esta denuncia contribuya a fortalecer la integridad y efi­ciencia del sistema judicial paraguayo, garantizando así la seguridad jurídica y el Estado de derecho en nuestro país.