El expresidente de la República Mario Abdo Benítez anun­ció ayer que solicitará a la Cámara de Senadores su desafuero de la contun­dente imputación formu­lada por la Fiscalía en con­tra de sus exministros por el caso Seprelad. Tras el anun­cio del pedido de desafuero, que lo hizo el propio exman­datario a través de redes sociales, el senador Antonio Barrios calificó la solicitud como una “estrategia” polí­tica. Recordó que el pedido de desafuero está en comi­sión desde hace un año, debe ser analizado y que el expre­sidente debe someterse a la Justicia.

“¿Y cómo va a ser persecución política si él mismo lo pide?”, cuestionó Barrios a la emisora 970 AM. “El pedido (de desa­fuero) de Marito fue enviado a comisión, eso está en comi­sión, eso tenemos que estu­diarlo. Ya que él pide, hay que darle el desafuero y que se someta a la Justicia”, destacó el legislador.

Es que a pesar de la “dispo­sición” mostrada por Abdo Benítez, muchos dudan de que esta pérdida de fueros avanzará, ya que se escudó durante un año en su inmu­nidad como senador vitalicio para afrontar la causa de la filtración de Seprelad, en la que sí están procesados sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio o René Fer­nández. Voces como las de la senadora Lilian Samaniego hacen dudar aún más de que realmente se busque avanzar hacia el desafuero.

El legislador se refirió a la posición de la senadora Sama­niego, quien afirmó que no apoyará el pedido de desa­fuero al considerarlo una persecución política. Barrios, sin embargo, insistió en que se trata de una maniobra del expresidente y sus aliados para generar tensión en el escenario político. El senador también criticó lo que descri­bió como un “show mediático” impulsado por los defensores de Abdo Benítez y sus segui­dores.

“Gritan muy fuerte, pero no son la mayoría”, afirmó Barrios, señalando que estas voces están “estimuladas” para crear un clima de con­frontación. Además, destacó que el expresidente cuenta con un amplio respaldo legal y mediático, lo que, en su opi­nión, busca influir en la opi­nión pública.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, se refirió al anuncio de desafuero del expresi­dente de la República Mario Abdo Benítez. “Yo creo que tardó el expresidente, desde un inicio hubiera puesto a disposición sus fue­ros mediáticamente”, dijo en una conferencia de prensa. Núñez explicó que hasta el momento no cuentan con la solicitud y que se tratará el pedido en el momento que corresponda. “Se va a tratar, solo que no está en el orden del día, acá nadie va a venir a marcar una agenda del Legislativo, si no hay una imperiosa necesidad. Pasa que tenemos siete acusados parece y dentro de eso pusieron en tapa que Mario Abdo iba a ser acusado, y no, él no está en la causa y si está desaforado, ahora entonces tiene que ser investi­gado, como cualquier ciudadano común”, expresó.

El senador Natalicio Chase también se pronunció sobre la intención del expresidente de la Repú­blica. “No se evaluó el tema del desafuero en la reunión de bancada de Honor Colorado. Esto es un tema que se encuentra en la Comisión de Asuntos Consti­tucionales y seguro si existe el pedido de algún senador de reflo­tar el tema, la comisión tendrá que expedirse y el pedido volver al pleno. Seguro se analizará esto durante la semana”, dijo.

Luego manifestó que analizarán la solicitud en el transcurso de la semana y no descarta que el pedido de desafuero sea tratado en la próxima sesión de la Cámara. El pedido judicial está pen­diente en el Senado desde marzo del pasado año. En una opor­tunidad se puso a consideración, pero el Senado quedó sin cuó­rum no pudiendo tratar el pedido judicial.

El abogado de Horacio Cartes explicó que hay suficientes elementos que corroboran que hubo persecución política.

El abogado Pedro Ove­lar, representante legal del exmandatario Horacio Cartes, se refirió a la deci­sión del Ministerio Público de acusar y requerir el jui­cio oral y público para los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindi­cados de cometer persecu­ción política y terrorismo de Estado contra su defendido mediante la instrumentali­zación de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

“Esto es naturalmente cómo se debe desarrollar el pro­ceso, a culminar la investi­gación donde hay elemen­tos suficientes que fundan los fiscales para discutir este caso en el juicio oral y público. En honor a la ver­dad, aquí aún no se ha con­denado a nadie, se abre la posibilidad de públicamente discutir las pruebas y ele­mentos probatorios, no los relatos mediáticos”, sostuvo Ovelar, al programa “Así son las cosas” (canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media).

Ovelar manifestó que mediante la acusación de la Fiscalía se corrobora que Abdo Benítez y sus excola­boradores Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fer­nández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Gui­llermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene atacaron políticamente al líder del movimiento Honor Colorado y titular del Par­tido Colorado.

“Con la acusación se abre la posibilidad de dilucidar, aclarar, de producir las prue­bas en favor y en contra. A criterio nuestro y sobre las bases de elementos proba­torios muy relevantes, per­siguieron políticamente al expresidente de la República Horacio Cartes”, refirió.

Al igual que su jefe, el diputado colorado abdista Mauricio Espí­nola se sumó a la iniciativa de solicitar el tratamiento de su desa­fuero para enfrentar la Justicia, luego de las acusaciones pre­sentadas contra exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo. Su abogada, Cecilia Pérez, una vez más se mostró reacia a analizar el fondo de la acusación, como lo hicieron durante todo el año que duró la investigación y se dedicó solamente a tratar de deslegiti­mar todo el proceso, obviando que sus colegas que defienden a los excolaboradores de Abdo impulsaron decenas de recusaciones y chicanas con el objetivo de paralizar el caso. El retiro de los fueros tendrá que analizarlo la Cámara de Diputados, cuerpo legislativo que ya el año pasado había recibido el pedido de desafuero.

La sala constitucional de la Corte Suprema de Justica, integrada por los ministros César Diesel, Víctor Ríos y Gustavo Santander, dio trámite a la acción de inconstitucionalidad que presentó el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien debe ser juzgado por cohecho pasivo agravado por recibir favores de un presunto narcotraficante detenido en Brasil.

El exsecretario de Abdo Benítez recurrió a la máxima instancia judicial tratando de dejar sin efecto las resoluciones de primera y segunda instancia que había elevado el presente proceso penal a un juicio oral y público.

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Los altos magistrados, al dar tramite a la acción de Giuzzio, han solicitado que se remita el expediente principal a la sala constitucional para que se pueda estudiar el planteamiento del acusado. Este hecho podría hacer que se suspenda el desarrollo ordinario del juicio oral al exministro del Interior.

El pasado martes se inició el juicio oral y público para el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado. Al iniciarse la audiencia oral, el fiscal del caso, Jorge Arce, solicitó al tribunal de sentencia integrado por Adriana Planas, Matthias Garcete y Yolanda Morel, que se pida vía exhorto el resultado de la extracción de datos del teléfono celular del presunto narco detenido en Brasil, Lindomar Regis Furtado, quien se había fugado de un barrio cerrado en Ciudad del Este.

La Fiscalía sospecha que Giuzzio pudo haber mantenido vínculo con Regis Furtado atendiendo a que este último es integrante del grupo de Marcus Vinicius detenido en Brasil.

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La intervención de los nuevos fiscales asignados a la causa resultó determinante para que se concediera el sobreseimiento provisional de los encausados en el caso Metrobús. El nuevo equipo de agentes del Ministerio Público, integrado por Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grissetti, finalmente rectificó la acusación y solicitó la aplicación de la figura del sobreseimiento provisional.

Este hecho marca un contraste notorio con la acusación inicial impulsada por María Estefanía González, quien ya no forma parte del proceso. Los tres fiscales que tomaron el relevo analizaron minuciosamente los cientos de pruebas y solicitaron la rectificación de la acusación.

El equipo de fiscales fundamentó su decisión en la existencia de pericias contrapuestas y en inconsistencias detectadas tras revisar más de 300 pruebas presentadas por la defensa de los implicados, entre ellos Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas del gobierno de Horacio Cartes. Según explicaron, bajo el principio de objetividad, no era viable avanzar a la siguiente etapa procesal sin antes esclarecer estas contradicciones. Al tener elementos probatorios contrapuestos, el Ministerio Público admitió no estar en condiciones de pasar a la etapa procesal siguiente.

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Entre las diligencias solicitadas por los fiscales se incluyen una nueva pericia para resolver las discrepancias entre los estudios previos, así como la verificación de autorizaciones municipales en San Lorenzo, Fernando de la Mora y Asunción. También se pidió reevaluar los cauces hídricos que pudieron verse afectados por la construcción de las obras.

El juzgado acogió parcialmente estas solicitudes, aprobando 14 de las 15 diligencias propuestas. La última fue descartada por ser considerada demasiado genérica.

Este sobreseimiento provisional no solo refleja la importancia de la labor de los nuevos fiscales, sino que también subraya la necesidad de contar con pruebas sólidas y consistentes antes de avanzar en un proceso judicial de esta magnitud.

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El presidente del Congreso nacional y del Senado, Basilio Núñez, se refirió al pedido presentado por el Ministerio Público para desestimar denuncia de la muerte de Lalo Gomes; al respecto, indicó que, desde su rol como titular de uno de los poderes del Estado, exhorta a sus colegas respetar el trabajo que está haciendo la Fiscalía.

Durante una charla con los medios de prensa, indicó que si bien cada legislador tiene derecho a tener su parecer ante la situación, pero en principio pidió respetar el trabajo que se está haciendo. Indicó que si por cada acción se desacredita el trabajo del fiscal general del Estado, que recordó que logró ese cargo con el apoyo del gobierno anterior, por una mayoría, del que no formó parte el movimiento Honor Colorado; y asociado con la oposición, por tanto, lo que ahora compete es respetar la institucionalidad.

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“Pasa que acá en el Senado, y tal vez en Diputados, hay muchos que se creen fiscales, o que son fiscales frustrados. En mi caso, yo les diría dejarle trabajar a la Fiscalía, dejarle trabajar al Poder Judicial, sin evaluar los resultados”, acotó.

Señaló que si bien, hay bastante tela por cortar, insistió que se debe dejar hacer el trabajo a los fiscales. “Se tienen los teléfonos incautados, tanto del diputado fallecido, así como de otras personas, y seguramente van a salir más datos, y creo que la Fiscalía va a tener todo eso para analizar”.

“Tengo muy en cuenta, por el ejemplo, el Financiamiento Político, que cuando estaba como diputado, era lo primordial para un sector de la oposición. Nosotros aprobamos, pero ahora ya a nadie le interesa”, indicó.

Al respecto, recordó que ya habían anunciado que estarían trabajando en una modificación de la Ley de Financiamiento Político, que se estará compartiendo la propuesta con los diferentes sectores y tratarán de presentarla en la brevedad.

En otro momento de la conferencia, el titular del Senado fue consultado sobre las obras de reestructuración que se están realizando en algunas oficinas y dependencias de la Cámara de Senadores. Al respecto, el senador Núñez indicó que es una readecuación de las oficinas y que de ninguna manera significará la contratación de más funcionarios.

“Como presidente del Congreso, ordené que se lleven adelante esas readecuaciones de los espacios y modificaciones. Un ejemplo, tenemos una reunión de Mesa Directiva con la ministra de Salud, María Teresa Barán y están en una piecita entre 35 a 40 personas. Por eso, creemos que el Senado, el Congreso necesita de una especie de salón auditorio del tamaño de la sala de conferencia de prensa Pablo Medina”, indicó.

Al respecto, indicó que la oficina donde era la Vicepresidencia Primera, se está adecuando para que pase a ser una sala de reuniones del Congreso de la nación, que contará con equipos para que se puedan transmitir en vivo las reuniones que se lleven a cabo en el recinto.

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