• La Paz, Bolivia. AFP.

Miles de empleados municipales comenzaron a recoger unas 13.500 toneladas de basura de la ciudad boliviana de Cochabamba durante 15 días de protestas después del acuerdo alcanzado para cerrar un vertedero de la zona, informaron este domingo autoridades locales.

Hace dos semanas los vecinos de esta ciudad, la cuarta más poblada del país con 600.000 habitantes, bloquearon los accesos al vertedero para pedir su clausura. Desde entonces, la basura se depositaba por la ciudad, lo que disparó las alertas sanitarias. La noche del sábado los vecinos de casas contiguas al vertedero de k’ara K’ara firmaron un acuerdo con el gobierno y el municipio para su cierre el 21 de abril.

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En septiembre pasado, la alcaldía y los vecinos acordaron cerrar la instalación en seis meses. Ante el incumplimiento de lo pactado, los vecinos comenzaron las protestas. Franz Knaudt, gerente de la empresa local de aseo EMSA, informó que unos 1.500 operarios trabajan en la retirada de la basura.

Informó que en 15 días “unas 13.500 toneladas se habían acumulado” en toda la ciudad y que serán trasladadas al vertedero. Canales locales de televisión mostraron a funcionarios, con palas, escobas y bolsas, y varios camiones y tractores, en el recojo de todos los desperdicios.

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• Sao Paulo, Brasil. AFP.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro encabezó este domingo una manifestación en Sao Paulo, la primera desde que la corte suprema decidiera enjuiciarlo acusado de liderar un complot para dar un golpe de Estado. El líder de extrema derecha fue la cabeza visible de una manifestación para pedir una amnistía a los condenados por el asalto a los poderes públicos en Brasilia en enero de 2023, poco después de que Bolsonaro terminara su mandato. El propio exmandatario (2019-2022) enfrentará un juicio por una supuesta trama golpista tras las elecciones de octubre de 2022.

Según la fiscalía, Bolsonaro buscó el respaldo de las fuerzas armadas para impedir la asunción de su sucesor en la presidencia, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro, que podría enfrentar hasta 40 años de cárcel si fuera hallado culpable, se declara inocente y dice ser un “perseguido”. “La presencia del pueblo en la Paulista será un termómetro para la amnistía”, dijo esta semana a la radio local AuriVerde Brasil, afín al bolsonarismo.

Dos horas antes del inicio del acto, los manifestantes se congregaban sobre la Paulista, casi todos vestidos con camisetas de la selección de fútbol de Brasil, apropiada como símbolo por el bolsonarismo. El exmandatario reclama que el Congreso apruebe una amnistía para los condenados por la invasión y destrucción de las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023, pocos días después de la asunción de Lula. Bolsonaro se encontraba en ese momento en Estados Unidos.

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Este domingo varios manifestantes llevaron a la marcha lapices labiales, un nuevo emblema del bolsonarismo alusivo a Débora Rodrigues, una mujer que estuvo en prisión preventiva durante dos años por participar en la asonada del 8 de enero y pintar con un labial una estatua frente al Supremo Tribunal Federal.

Bolsonaro afirma que Rodrigues, conocida como “Débora del labial” y ahora en detención domiciliaria, es víctima de una “injusticia”, como muchos otros procesados por los hechos del 8 enero. “Usar esa arma te condena 14 años”, ironizaban varios manifestantes en sus carteles con labiales.

“Estoy aquí para pedir por compatriotas que fueron injustamente presos. Quiero un Brasil mejor para mi hija, sin gobiernos que roben. Bolsonaro no robó y por eso lo persiguen”, dijo a la AFP Derlaine Costa, una empleada doméstica de 43 años que asistió a la marcha con su hija de 12.

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La corte suprema condenó a más de 500 personas por esa asonada, la mayoría por delitos graves como intento de golpe de Estado. La leyenda “Amnistía ya” acompañaba fotos de los condenados por los hechos de enero de 2023. “¡No hubo golpe!”, entonaba el público al ritmo de una banda de percusión. Hasta ahora, el bolsonarismo no cuenta con apoyos parlamentarios suficientes para concretar una amnistía.

La manifestación en Sao Paulo, la ciudad más rica y poblada de Brasil, servirá para medir la fuerza política de Bolsonaro, quien está inhabilitado para competir en elecciones hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema electoral. Pese a su inhabilitación, Bolsonaro, de 70 años, insiste en que quiere ser candidato en las presidenciales de 2026.

• Brasilia, Brasil. AFP.

Brasil y Paraguay quedaron envueltos la semana anterior en un sorpresivo conflicto diplomático, luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva admitiera una operación de espionaje contra su vecino, de la cual culpó a la gestión de Jair Bolsonaro. La revelación provocó la suspensión de las negociaciones entre ambos socios en el Mercosur sobre el precio de la energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú, un asunto clave en la relación bilateral.

El miércoles último, ambos gobiernos dieron las primeras señales para disminuir las tensiones y retomar las conversaciones sobre Itaipú. Según una fuente de la cancillería brasileña, el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Viera, conversó con su par paraguayo, Rubén Ramírez, y delegaciones técnicas deben reunirse la semana que viene.

“Estamos presentando las aclaraciones y el gobierno ya ha desmentido cualquier implicación”, indicó la fuente brasileña a la AFP. La fuente gubernamental paraguaya dijo por su parte que “una vez que Brasil explique satisfactoriamente qué es lo que pasó, como estamos seguros que lo hará, el Paraguay se va a sentar a conversar de vuelta sin ningún problema”.

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El sitio UOL publicó el pasado lunes que la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) espió a autoridades paraguayas durante el inicio del gobierno de izquierda de Lula, que asumió en enero de 2023. La operación habría sido aprobada por el actual director de la ABIN, Luiz Fernando Correa, nominado por Lula.

De inmediato, el gobierno brasileño negó “categóricamente cualquier implicación en la acción de inteligencia” y adjudicó su autorización a la gestión del antecesor de Lula, el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), según la cancillería.

De acuerdo con la prensa brasileña, el objetivo del espionaje era conocer la posición de Paraguay en las renegociaciones entre ambos países sobre las condiciones y precios del suministro de electricidad de la hidroeléctrica Itaipú, construida sobre el limítrofe río Paraná.

La ABIN habría hackeado computadoras de instituciones paraguayas. La policía brasileña investiga desde hace más de un año la instalación durante el gobierno de Bolsonaro de una supuesta ABIN “paralela”, a la que se le atribuye el espionaje ilegal de destacadas figuras políticas y periodistas en Brasil.

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El gobierno del presidente de Paraguay, Santiago Peña, convocó el martes pasado al embajador brasileño en Asunción para que diera “explicaciones” sobre la operación y llamó a consultas al representante paraguayo en Brasilia. En rueda de prensa, el canciller Rubén Ramírez anunció además la suspensión de “todas las negociaciones” sobre Itaipú “hasta tanto Brasil brinde las aclaraciones correspondientes a satisfacción” de Paraguay.

El embajador paraguayo en Brasil informó el miércoles a su canciller sobre la “acción de inteligencia” brasileña y acordaron un “monitoreo constante” del caso, según una nota oficial. Las autoridades de Paraguay no achacan una intencionalidad a Lula, “pero el espionaje estuvo operativo en su gobierno”, dijo a la AFP una fuente gubernamental paraguaya.

Paraguay exige respuestas sobre la duración y los objetivos del espionaje, los canales utilizados y las autoridades e instituciones afectadas. Para Carlos Mateo, exsenador paraguayo y exdirector de Itaipú, “las circunstancias son turbias y confusas, todavía no hay mucha claridad al respecto”.

Según analistas consultados, un pedido de explicaciones de este tenor no tiene antecedentes en las relaciones entre los dos países. “Es una confesión extremadamente embarazosa para Brasil” y “una quiebra de confianza en las relaciones entre los gobiernos (...) en medio de un proceso difícil de renegociación”, dijo a la AFP el exdiplomático brasileño Paulo de Almeida.

La usina hidroeléctrica de Itaipú, en funcionamiento desde 1984, ha sido motivo de frecuentes desacuerdos entre los dos países. Brasilia y Asunción renegocian el tratado firmado en 1973, cuando comenzó la obra, que reparte la energía entre ambas naciones.

Las condiciones financieras -el llamado “Anexo C” del tratado- están en el centro de las conversaciones: Paraguay busca aumentar los ingresos recibidos por la energía que vende a Brasil, consumidor de un 85 % de la electricidad producida. La hidroeléctrica, una de las más grandes del mundo con una capacidad instalada (potencia) de 14.000 megavatios, cuenta con veinte turbinas. Una sola de ellas puede abastecer de energía a un millón y medio de habitantes.

• Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com)

La confirmación del espionaje por parte del Brasil durante la presidencia de Jair Bolsonaro al Paraguay entre el 2022 y 2023, tiempo en el que Mario Abdo lideraba nuestro país, se sumó a la lista de eventos desafortunados para Paraguay, cuyos intereses se vieron perjudicados y amenazados durante toda la gestión de Abdo, mientras Brasil arrasaba todo a su paso.

En mayo del 2019, a solo 9 meses de la asunción de Abdo a la presidencia, el país fue sacudido con la noticia de que se había firmado un acta entreguista y secreta con el Brasil respecto a la Itaipú Binacional, documento en el cual se estipulaba la contratación de energía entre la hidroeléctrica y Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Electrobras), que contemplaba sobrecostos para nuestro país en orden a los USD 250 millones.

Los pormenores de este hecho generaron aún más indignación a nivel nacional, puesto que uno de los activos más importantes de nuestro país estaba en manos de un joven abogado. Aquí entra en escena José “Joselo” Rodríguez, quien en ese momento solo tenía 27 años y fue nada más y nada menos que un intermediario a favor de la empresa brasileña Leros en la negociación de venta de energía con la Administración Nacional de Electricidad (Ande), en el marco de este acuerdo.

El escándalo siguió escalando al punto que se produjo la renuncia del entonces presidente de la Ande, Pedro Ferreira, lo que se materializó tras haber dejado en claro estar en contra de las negociaciones y de que se negara a formar parte del esquema.

Mario Abdo y su vicepresidente Hugo Velázquez estuvieron a puertas de un juicio político y pese a que esto no se concretó, para la opinión pública no quedó dudas de que este suceso fue un acto entreguista del gobierno abdista hacia el Brasil.

La administración de Abdo continuó con su agenda bilateral con Brasil, la cual era publicitada como una de las mejores relaciones y esto debido a que el expresidente celebraba que su par lo llame “Marito”; de hecho, en un acto público afirmó: “me emociona cuando me llama ‘Marito’” y “no me llama ‘señor presidente de la República’, me llama ‘mi amigo Marito’”.

Esta amistad pública entre los presidentes no se tradujo en beneficios para el Paraguay, sino todo lo contrario, nuestro país continuó perdiendo terreno con relación a Itaipú y la tarifa energética descendió de USD 22,60 por kilovatio-mes a USD 20,75, cifra acordada entre ambos países en agosto del 2022, luego de que Abdo no pudiera sostener la posición nacional de mantener la tarifa y ceder en cierta medida al objetivo de Bolsonaro que buscaba una importante disminución, intentando empujar a USD 18,90.

Bolsonaro no descansó en su objetivo y de manera unilateral, en diciembre del 2022, fijó la tarifa en USD 12,67, lo que tomó por sorpresa a nuestro país y por sobre todo al gobierno de Abdo que no pudo anticiparse a la jugada de su “gran amigo”.

En la negociación del 2023, Brasil sumó otra victoria ante nuestro país y esta vez, en consenso con Paraguay se acordó la tarifa en USD 16,71 por kilovatio-mes, lo cual incluso fue celebrada por el gobierno de Marito, quien quiso instalar que esto era beneficioso para nuestro país, pese a que significaba recibir menor cantidad de recursos de parte de la binacional.

Aun estando lejos del poder, Paraguay continúa sufriendo los estragos de la administración abdista. Hace unos días salió a la luz el espionaje del Brasil que pasó totalmente inadvertido para las instituciones nacionales. Durante 9 meses el vecino país estuvo inmiscuido sin que el gobierno anterior despierte alertas sobre la vulneración de los sistemas, en tanto, la prensa brasileña hizo referencia a que el espionaje tuvo como foco a la tarifa energética.

La propia administración de Lula da Silva reconoció que su antecesor tuvo acciones de inteligencia contra Paraguay que se desarrollaron entre junio del 2022 y marzo del 2023, cuando fue suspendido este operativo, ya con Da Silva al mando de Brasil.

A la fecha, se desconoce cómo se materializó este espionaje, qué instituciones se quebrantaron, a qué información se accedió, ¿realmente el Gobierno no se percató de este hecho o prefirió guardar silencio?

Todas estas preguntas todavía carecen de respuesta, lo concreto es que la supuesta amistad Abdo-Bolsonaro tuvo efectos dañinos para Paraguay, este último hecho incluso se sitúa como una violación del Brasil a los principios internacionales, así que no solamente se habla de una mala gestión del presidente anterior, sino de una vía libre a que nuestro país y sus instituciones sean pisoteadas, vulneradas y perjudicadas por la vecina nación, la que tuvo en sus manos nuestro destino y que encontró en Mario Abdo la debilidad, pasividad o complicidad para concretar sus pretensiones.