La intervención de los nuevos fiscales asignados a la causa resultó determinante para que se concediera el sobreseimiento provisional de los encausados en el caso Metrobús. El nuevo equipo de agentes del Ministerio Público, integrado por Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grissetti, finalmente rectificó la acusación y solicitó la aplicación de la figura del sobreseimiento provisional.

Este hecho marca un contraste notorio con la acusación inicial impulsada por María Estefanía González, quien ya no forma parte del proceso. Los tres fiscales que tomaron el relevo analizaron minuciosamente los cientos de pruebas y solicitaron la rectificación de la acusación.

El equipo de fiscales fundamentó su decisión en la existencia de pericias contrapuestas y en inconsistencias detectadas tras revisar más de 300 pruebas presentadas por la defensa de los implicados, entre ellos Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas del gobierno de Horacio Cartes. Según explicaron, bajo el principio de objetividad, no era viable avanzar a la siguiente etapa procesal sin antes esclarecer estas contradicciones. Al tener elementos probatorios contrapuestos, el Ministerio Público admitió no estar en condiciones de pasar a la etapa procesal siguiente.

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Entre las diligencias solicitadas por los fiscales se incluyen una nueva pericia para resolver las discrepancias entre los estudios previos, así como la verificación de autorizaciones municipales en San Lorenzo, Fernando de la Mora y Asunción. También se pidió reevaluar los cauces hídricos que pudieron verse afectados por la construcción de las obras.

El juzgado acogió parcialmente estas solicitudes, aprobando 14 de las 15 diligencias propuestas. La última fue descartada por ser considerada demasiado genérica.

Este sobreseimiento provisional no solo refleja la importancia de la labor de los nuevos fiscales, sino que también subraya la necesidad de contar con pruebas sólidas y consistentes antes de avanzar en un proceso judicial de esta magnitud.

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El presidente del Congreso nacional y del Senado, Basilio Núñez, se refirió al pedido presentado por el Ministerio Público para desestimar denuncia de la muerte de Lalo Gomes; al respecto, indicó que, desde su rol como titular de uno de los poderes del Estado, exhorta a sus colegas respetar el trabajo que está haciendo la Fiscalía.

Durante una charla con los medios de prensa, indicó que si bien cada legislador tiene derecho a tener su parecer ante la situación, pero en principio pidió respetar el trabajo que se está haciendo. Indicó que si por cada acción se desacredita el trabajo del fiscal general del Estado, que recordó que logró ese cargo con el apoyo del gobierno anterior, por una mayoría, del que no formó parte el movimiento Honor Colorado; y asociado con la oposición, por tanto, lo que ahora compete es respetar la institucionalidad.

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“Pasa que acá en el Senado, y tal vez en Diputados, hay muchos que se creen fiscales, o que son fiscales frustrados. En mi caso, yo les diría dejarle trabajar a la Fiscalía, dejarle trabajar al Poder Judicial, sin evaluar los resultados”, acotó.

Señaló que si bien, hay bastante tela por cortar, insistió que se debe dejar hacer el trabajo a los fiscales. “Se tienen los teléfonos incautados, tanto del diputado fallecido, así como de otras personas, y seguramente van a salir más datos, y creo que la Fiscalía va a tener todo eso para analizar”.

“Tengo muy en cuenta, por el ejemplo, el Financiamiento Político, que cuando estaba como diputado, era lo primordial para un sector de la oposición. Nosotros aprobamos, pero ahora ya a nadie le interesa”, indicó.

Al respecto, recordó que ya habían anunciado que estarían trabajando en una modificación de la Ley de Financiamiento Político, que se estará compartiendo la propuesta con los diferentes sectores y tratarán de presentarla en la brevedad.

En otro momento de la conferencia, el titular del Senado fue consultado sobre las obras de reestructuración que se están realizando en algunas oficinas y dependencias de la Cámara de Senadores. Al respecto, el senador Núñez indicó que es una readecuación de las oficinas y que de ninguna manera significará la contratación de más funcionarios.

“Como presidente del Congreso, ordené que se lleven adelante esas readecuaciones de los espacios y modificaciones. Un ejemplo, tenemos una reunión de Mesa Directiva con la ministra de Salud, María Teresa Barán y están en una piecita entre 35 a 40 personas. Por eso, creemos que el Senado, el Congreso necesita de una especie de salón auditorio del tamaño de la sala de conferencia de prensa Pablo Medina”, indicó.

Al respecto, indicó que la oficina donde era la Vicepresidencia Primera, se está adecuando para que pase a ser una sala de reuniones del Congreso de la nación, que contará con equipos para que se puedan transmitir en vivo las reuniones que se lleven a cabo en el recinto.

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La Fiscalía requirió que en el juicio oral y público que enfrenta el exmi­nistro del Interior Arnaldo Giuzzio, por cohecho pasivo agravado, sea incluido como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado. El pedido fue reali­zado ayer al Tribunal de Sen­tencia especializado en delitos económicos conformado por Adriana Planas, Matías Gar­cete y Yolanda Morel.

El requerimiento surge teniendo en cuenta que Reges Furtado formaría parte del grupo criminal del también capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien contaba con la intención de contratar con el Estado paraguayo durante el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez, valién­dose de su amistad con Giuzzio.

“Se trata de una extracción realizada en Brasil y solici­tamos la obtención de datos de los teléfonos incautados de Lindomar Reges Furtado. Nosotros creemos que existe información que podría valo­rarse dentro del marco de este juicio”, mencionó el fis­cal de la unidad anticorrup­ción Jorge Arce, al programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El agente que impulsó junto a su colega Diego Arzamendia la imputación contra el tam­bién extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) señaló que el requerimiento fue realizado a la Justicia bra­sileña vía exhorto. “Solicita­mos esta información para que pueda ser valorado por el tribunal. Lo que esperamos es que se pueda revelar cierta información que haga también a la participación del acusado”, manifestó.

Reges Furtado fue detenido en enero en un condominio ubicado en Recreio dos Ban­deirantes, un lujoso barrio de Río de Janeiro, Brasil. En su contra pesa una orden de cap­tura emitida por Paraguay en febrero de 2022, luego de que el investigado por nexos con el narcotráfico lograra fugarse de las autoridades tras una intervención de la Senad y la Fiscalía en el Paraná Coun­try Club.

Se sospecha que Giuzzio reci­bió obsequios por parte de Reges Furtado y que habría colaborado en su fuga del barrio cerrado en el marco del fallido operativo Turf. La solicitud realizada por los agentes fiscales deberá ser estudiada por el Tribu­nal de Sentencia.

El exministro del gobierno de Mario Abdo Benítez se sentó finalmente ayer en el banquillo de los acusados.

El juicio oral y público con­tra el exministro del Inte­rior Arnaldo Giuzzio se inició ayer martes, pese a las múlti­ples acciones dilatorias pre­sentadas por su defensa. El Ministerio Público lo inves­tigó por cohecho pasivo agra­vado (coima), luego de reu­nir múltiples elementos en que lo vinculan con el narco­traficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.

A lo largo de 2024, Giuzzio presentó una serie de chica­nas con el objeto de pospo­ner el juicio. Hasta la fecha, el abogado que encabeza su defensa, el también exmi­nistro Emilio Fuster, no ha presentado elementos que desacrediten la acusación de la Fiscalía y las acciones planteadas solo apuntaban a seguir posponiendo el inicio de la audiencia.

Y esta misma estrategia se repitió antes del inicio del juicio, cuando su defensa solicitó la suspensión por un plazo de 10 días, argumentando que el pedido de declaración para que pueda declarar Vinicius no había sido aprobado, lo cual fue rechazado por el Tribunal de Sentencia integrado por Adriana Planas, Yolanda Morel y Mathías Garcete.

En el pedido de posposición de la audiencia también se fundamentó en que Giuzzio no cuenta con los recursos económicos para solventar los gastos de un traductor, y ante este hecho, el Tribu­nal de Sentencia fue categó­rico al manifestar que si el exministro carece del dinero necesario se solicitará a la Corte Suprema de Justicia a que designe un perito matri­culado.

De esta forma, las artimañas de Giuzzio quedaron deshe­chas ante la firmeza del tri­bunal y se dio inicio al juicio, donde el agente del Ministe­rio Público Jorge Arce realizó el pedido de incluir como ele­mentos probatorios los datos extraídos del sindicado nar­cotraficante, Lindomar Regis Furtado, quien fue detenido en Brasil en enero de este año. Cabe mencionar que Lindomar está vinculado al esquema delictivo de Vinicius.

La Fiscalía requirió que en el juicio oral y público que enfrenta el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, por cohecho pasivo agravado sea incluido como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado. El pedido fue realizado este martes al tribunal de sentencia especializado en delitos económicos conformado por Adriana Planas, Matías Garcete y Yolanda Morel.

El requerimiento surge teniendo en cuenta que Reges Furtado formaría parte del grupo criminal del también capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien contaba con la intención de contratar con el Estado para­guayo durante el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez, valiéndose de su amistad con Giuzzio.

“Se trata de una extracción realizada en Brasil y solicitamos la obtención de datos de los teléfonos incautados de Lindomar Reges Furtado. Nosotros creemos que existe información que podría valorarse dentro del marco de este juicio”, mencionó el fiscal de la unidad anticorrupción, Jorge Arce, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El agente que impulsó junto a su colega Diego Arzamendia la imputación contra el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) señaló que el requerimiento fue realizado a la justicia brasileña vía exhorto. “Solicitamos esta información para que pueda ser valorado por el tribunal. Lo que esperamos es que se pueda revelar cierta información que haga también a la participación del acusado”, manifestó.

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Reges Furtado fue detenido en enero en un condominio ubicado en Recreio dos Bandeirantes, un lujoso barrio de Río de Janeiro, Brasil. En su contra pesa una orden de captura emitida por Paraguay en febrero del 2022, luego de que el investigado por nexos con el narcotráfico lograra fugarse de las autoridades tras una intervención de la Senad y la Fiscalía en el Paraná Country Club.

Se sospecha que Giuzzio recibió obsequios por parte de Reges Furtado y que habría colaborado en su fuga del barrio cerrado en el marco del fallido operativo Turf. La solicitud realizada por los agentes fiscales deberá ser estudiada por el tribunal de sentencia.

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