El proyecto de ley que busca modificar algunos artículos de la ley de patentes vehiculares será tratado en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. La propuesta legislativa se encontraba en el primer punto del orden del día del encuentro de ayer martes, pero el pleno decidió postergar el tratamiento por ocho días.
El proyecto “que deroga la ley n.° 7447/2025, que modifica el artículo 22 de la ley n.° 620/1976, ‘Que establece el Régimen Tributario para las Municipalidades de 1º, 2º y 3º Categoría’, modificado por la ley n.° 135/1991″, fue puesto a consideración del pleno de la Cámara Baja, sin embargo, se acordó que en la próxima sesión será estudiada una nueva iniciativa, por las posturas dispares al respecto.
En esta sesión se dará entrada oficial a un nuevo proyecto, con el objetivo de modificar la normativa y no la derogación. Entre las principales modificaciones planteadas se destacan la unificación de precios y la implementación de límites (mínimo y máximo) para el costo de las patentes y habilitaciones vehiculares.
El diputado Marcelo Salinas solicitó al plenario que la Cámara Baja se constituya en comisión para introducir las modificaciones al proyecto, lo que no prosperó y se acordó la presentación de una nueva propuesta legislativa.
“Hemos logrado una parametrización que resulta satisfactoria para el contribuyente, cuidando el bolsillo de quienes cumplen con sus obligaciones tributarias”, manifestó por su parte el diputado Néstor Castellano.
El planteamiento de modificar la ley que entró en vigencia en diciembre del año pasado, se dio por varios reclamos y cuestionamientos sobre los costos de las patentes vehiculares, que se unificó a nivel país. Esto también llevó a un debate entre los intendentes, la Opaci y otros organismos involucrados, por lo que nuevamente se plantea su modificación.
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Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.
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Fortalecimiento del Ejército es clave en combate al crimen organizado, terrorismo y ciberataques
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, resaltó la importancia de fortalecer las Fuerzas Militares, sobre todo teniendo en cuenta, que hoy el país está alejado de una guerra convencional, pero exige un fuerte combate ligado al terrorismo, ciberataques, crimen organizado y narcotráfico, que son los enemigos actuales.
El segundo del Poder Legislativo acompañó los actos de conmemoración del Día del Ejército Paraguayo y del natalicio del Mariscal Francisco Solano López, héroe máximo de la nación. El acto encabezado por el comandante en Jefe y presidente de la República, Santiago Peña, se llevó a cabo en el Cuartel General del Comando del Ejército.
En la ocasión, el titular de la Cámara Baja, se refirió a la política de defensa nacional, remarcando la necesidad de readecuar las Fuerzas Armadas ante las amenazas actuales que enfrenta el país.
“Hoy no existe una hipótesis de conflicto con países vecinos, pero debemos adaptar nuestras Fuerzas Armadas a las nuevas amenazas. La adquisición de radares y aviones como los Super Tucano permitirá, por primera vez, conocer lo que sucede en nuestros cielos y ejercer nuestra defensa de la soberanía aérea”, expresó.
Inversión estratégica
El diputado resaltó también la inversión estratégica en tecnología y equipamiento militar como parte de una visión integral de defensa nacional. Mencionó que los avances en defensa han sido posibles gracias a una eficiente gestión estatal, sin necesidad de subir impuestos.
“La exitosa negociación sobre Itaipú generó un superávit importante. A esto se suma la creación de la DNIT y otros cambios en el modelo de gestión, lo cual ha permitido aumentar la capacidad de inversión en defensa e infraestructura sin aumentar la presión tributaria. Esto refuerza nuestra competitividad y atractivo para la inversión extranjera”, explicó.
Lucha contra el narcotráfico
Sobre el combate al narcotráfico, el presidente de la Cámara de Diputados destacó avances concretos, y mencionó, como ejemplo, el récord en incautaciones de drogas.
“Por primera vez, no se ha detectado ningún cargamento de droga proveniente del Paraguay incautado en Europa. Esto refleja un mejoramiento, significativo, en nuestras capacidades de lucha contra el narcotráfico", precisó.
Resaltó que enfrentar al narcotráfico es como luchar contra un monstruo al que se debe combatir con todas las fuerzas. “Estamos dando pasos firmes mediante gestión, legislación y fortalecimiento de nuestras fuerzas de seguridad”, concluyó.
Es importante señalar que durante el acto central, la Cámara de Diputados también estuvo representada por los legisladores colorados Pedro Ortiz y Diego Candia, además de su colega liberal Federico Franco.
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Bancada HC analizará pedido de suspensión del diputado Miguel Martínez
El diputado Miguel Del Puerto, vicelíder de la bancada de Honor Colorado, indicó esta mañana que en los próximos días estarán analizando la posibilidad de solicitar la suspensión de su colega liberal Miguel Martínez, debido a los constantes insultos e improperios que lanza hacia los demás colegas.
El legislador se refirió a los exabruptos que propició su colega Martínez, exCruzada Nacional y ahora diputado liberal; quien durante la sesión ordinaria de ayer martes, utilizó términos descalificativos hacia el Partido Colorado, e incluso fue irrespetuoso hacia el titular del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez.
Esto generó una inmediata reacción de los legisladores colorados y del propio presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre quien inmediatamente le llamó al orden y le lanzó una advertencia para que mida sus palabras y respete al plenario.
Del Puerto señaló que si bien aún no hay una propuesta concreta, la misma ya está siendo manifestada por una mayoría de los miembros de la bancada oficialista y que será analizado en los próximos días.
“Creo que el colega fue muy irrespetuoso, salió de lo que fue el reglamento interno sobre el respeto a los colegas; y nosotros estamos analizando la posibilidad de presentar un proyecto de pedido de suspensión”, preció.
La propuesta ya está siendo analizada entre los colegas de forma individual, y que en la siguiente reunión de bancada se estará tomando la decisión.
“Hay un criterio prácticamente de mayoría, para presentar dicho pedido. El principal motivo es que no es la primera vez su exabrupto, ya son reiterativos y con mucha reincidencia pese a las advertencias. Prácticamente con ataques muy personales a los colegas”, acotó.
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Diputados hablan de “acto de alta traición” y piden que EE. UU. intervenga
“De ser necesario, hay que darle participación al Departamento del Tesoro de EE. UU. para que tome intervención en este caso. Si esto es verdad, no hablamos solamente de corrupción, sino de un acto de alta traición a la patria en sus horas más oscuras, y eso no tiene perdón ni de la Justicia, ni de Dios”, enfatizó el diputado Rodrigo Gamarra durante el espacio de oradores de la sesión ordinaria de Diputados.
Algunos legisladores expusieron las graves denuncias que pesan contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, sobre cuentas millonarias en paraísos fiscales.
Gamarra agregó que este caso no puede tomarse a la ligera, ya que no se trata de un simple caso más, sino que posiblemente se constituya en el robo institucionalizado más grande y descarado de la historia del país.
Indicó que, de acuerdo a la investigación periodística que se realizó en la Argentina, y no en el Paraguay, hablan de dos cuentas offshore, que estaría superando 7 veces más el patrimonio declarado por el exmandatario al finalizar su mandato.
Recordó que la información provino del extranjero, y que, por tanto, ni el gobierno actual, ni el Partido Colorado o el movimiento Honor Colorado han tenido participación en el asunto.
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“Es una publicación que hizo un medio argentino, y que luego de publicado se hicieron eco los medios de prensa locales. Es decir, no hay ningún tipo de intervención desde el partido, o el movimiento, ni siquiera del país, como algunos quieren pintar para tratar de tapar esto que sale a la luz”, comentó.
Insistió, además, en que como cuerpo legislativo deben exigir a la Fiscalía, a la Seprelad, a la Contraloría y a todo organismo de control que investigue y aclare esta situación.
EE. UU. debe tomar cartas en el caso
También el diputado Yamil Esgaib señaló que espera que el Departamento de Estado del gobierno norteamericano tome igualmente cartas en el asunto. “Así como ocurrió con algún compatriota en algún momento, que al tocar los dólares y moverlos de manera ilegal los Estados Unidos tienen derecho de venir y llevarlo de la oreja, si quiere”, enfatizó.
Agregó que la Cámara de Diputados no puede dejar pasar una denuncia tan lamentable que se ha divulgado a través de la prensa extranjera, que nuevamente está poniendo en una situación desagradable al país, por causa de políticos corruptos.
Indicó que esta investigación periodística que se hizo en el vecino país vino a confirmar lo que ya desde hace un tiempo venían denunciando, sobre los hechos de corrupción en el gobierno anterior.
“Hoy están desesperados y asustados por una denuncia, que estoy convencido de que es cierta, y que debe haber más cuentas en paraísos fiscales. Porque acá no solo se robaron 21 millones de dólares, acá se robaron miles de millones de dólares. Esos 21 millones seguramente fue la colita de cuando ya se iba y que están a nombre de Mario Abdo y su señora”, comentó.