El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, arremetió ayer miércoles contra la justicia por pedir su desafuero para que sea juzgado por corrupción, lo que elevó la tensión política de cara a las elecciones de febrero en este país de reconocida trayectoria democrática. Señalado por sus críticos de irrespetar la independencia de poderes, Chaves, un economista conservador de 64 años, ha gobernado desde 2022 en abierto enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa -mayoritariamente de oposición- y el Tribunal Electoral.

Pero el martes el conflicto de poderes subió de tono cuando la Corte Suprema de Justicia pidió al Congreso que levante la inmunidad del presidente para que enfrente cargos de delitos de corrupción señalados por la Fiscalía. “La Corte sigue destruyendo la poca credibilidad que tiene, sigue construyéndose en una vergüenza nacional”, afirmó este miércoles Chaves en su conferencia de prensa semanal.

Esta es la primera vez en la historia del país centroamericano que el poder judicial pide quitar la inmunidad a un presidente, lo que el analista Felipe Alpízar, catedrático de la Universidad de Costa Rica, calificó como un “terremoto político”. Chaves, exfuncionario del Banco Mundial, fue señalado por la Fiscalía de obligar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia a darle 32.000 dólares a su amigo y exasesor de imagen Federico Cruz.

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El fiscal atribuye al presidente el delito de “concusión” (abuso de poder de un funcionario para favorecer a alguien), que se castiga con penas de dos a ocho años de cárcel.

Según la Fiscalía, la contratación de la empresa para el mandato de Chaves de 2022 a 2026 se hizo con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un procedimiento “aparentemente” indebido.

“Ni la Corte ni el fiscal buscan justicia. No, lo que buscan es sacarse un clavo (venganza)” porque “este gobierno ha expuesto las estructuras de grandes privilegios de los grupos poderosos en contubernio con la cúpula del Poder Judicial”, agregó.

Las autoridades judiciales y electorales también investigan al presidente por supuesto financiamiento irregular en su pasada campaña electoral y por interferir en la contienda para los próximos comicios, lo cual está prohibido por la legislación costarrricense.

Según Chaves, los magistrados están molestos porque “hay un presidente que no les debe favores, que no les guarda secretos y que no les permite hacer lo que les da la gana”.

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Magistrados de la Corte, diputados y otras autoridades del Estado critican lo que consideran una deriva autoritaria de Chaves y le piden respetar la independencia de poderes.

Costa Rica ha sido por décadas la democracia más estable de Centroamérica, una región sacudida en la segunda mitad del siglo pasado por cruentas guerras civiles.

“Lo que está en juego es la democracia costarricense tal como la conocemos”, dijo Alpízar, quien advirtió que, pese a la crisis política, “hay instituciones muy firmes”.

Chaves, admirador del presidente salvadoreño Nayib Bukele, ha dicho que espera que su partido obtenga en las próximas elecciones una mayoría calificada en el Congreso para reformar la Constitución y dar más poder al Ejecutivo.

Para Alpízar, esta crisis afectará el rumbo de la campaña porque puede convertirse en una especie de “referendo a favor o en contra de Chaves” sin que se debatan “los problemas de fondo” del país, como la creciente violencia criminal.

Aunque su perfil de líder populista de mano dura atrae simpatías en parte de la población, Chaves no puede aspirar a la reelección consecutiva, prohibida en Costa Rica, pero funcionarios cercanos no descartan que busque un escaño en la Asamblea Legislativa.

No obstante, para lanzar una candidatura a diputado deberá renunciar antes del 31 de julio y perdería su inmunidad automáticamente, lo cual lo dejaría al descubierto para ser procesado. El pedido de la Corte sobre el despojo de la inmunidad debe primero ser debatido en comisión parlamentaria y luego por el Congreso en pleno.

Fuente: AFP.

Este martes 1 de julio, conforme a lo que establece la Constitucional Nacional arranca un nuevo periodo legislativo, con la salvedad de que el diputado Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados y el senador Basilio Núñez, titular de la Cámara Alta, comienzan hoy un nuevo periodo al frente del Congreso Nacional.

La particularidad de este nuevo comienzo es que los legisladores de ambas cámaras han definido ya sus respectivas Mesas Directivas meses atrás, cuando dieron sus votos de confianza para que se mantengan por un periodo más tanto Latorre al frente de la Cámara Baja y el senador Bachi Núñez como titular de la Cámara Alta y por ende presidente del Congreso Nacional.

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Al respecto, el diputado Latorre manifestó antes del inicio de la primera sesión ordinaria de este periodo, que se realizó este martes, que celebra el comienzo de esta nueva administración con el nacimiento de su hija.

“No puedo dejar de agradecer a mis colegas que, en una tercera ocasión me han brindado su confianza y me han permitido seguir ejerciendo la presidencia de la Cámara, con el 93 % de los votos de mis colegas, eso me permite seguir por el camino del diálogo y los consensos”, opinó Latorre.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados había aprobado en marzo de este año la definición de las autoridades que conforman la Mesa Directiva que a partir de hoy asume la conducción. En esa ocasión, Latorre había sido electo presidente para continuar al frente de la Cámara Baja, con 74 votos, de los 80 que conforman el cuerpo legislativo.

En tanto, ya en diciembre del año pasado, la Cámara de Senadores había modificado su reglamento interno para que la duración de mandatos suba a dos años para los primeros dos periodos legislativos y se mantenga un año para el último periodo. Esto significa que el senador Basilio Núñez presidirá el Senado y el Congreso hasta junio de 2027.

En tanto que la Mesa Directiva del Senado está integrada además por Ramón Retamozo, en la Vicepresidencia Primera, Dionisio Amarilla; en la Vicepresidencia Segunda y como secretarios parlametarios están Patrick Kemper, Hermelinda Alvarenga y Lizarella Valiente.

En la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados están en la Vicepresidencia Primera el diputado Hugo Meza y como vicepresidente segundo el diputado Jorge Ávalos Mariño.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, destacó las políticas sociales que lleva adelante el Gobierno encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña, que presentará su segundo informe ante el Congreso Nacional, este martes a las 20:00. El legislador indicó que los sectores más vulnerables, los niños y personas de la tercera edad están siendo atendidos por el Gobierno.

“Esta noche vamos a estar recibiendo en el Congreso Nacional al presidente Santiago Peña para dar su acostumbrado informe de gestión. Nosotros estamos convencidos de que estamos yendo por el sendero correcto”, expresó Latorre en conversación con los medios de comunicación en la sede legislativa.

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El diputado destacó principalmente el programa Hambre Cero en las escuelas, que tiene un impacto directo en el desarrollo de los niños y niñas en edad escolar. “Un sendero en el cual hoy más de un millón de niños paraguayos están recibiendo una alimentación escolar gratuita, fortaleciendo la educación, disminuyendo los índices de deserción, fortaleciendo la nutrición de nuestros niños, en una etapa particularmente sensible para el desarrollo neuronal”, indicó.

Así mismo, se refirió al programa de Pensión a los Adultos Mayores, que en la actualidad ya es de acceso universal. “Un sendero en el cual estamos transitando con una pensión universal para la tercera edad que ya tiene hoy más de 300 mil afectados, una situación que nunca se había se había vivido, ya no existen los censos donde visitan a nuestros abuelitos y porque tiene heladera no puede recibir la pensión”, aseveró.

Por otra parte, se refirió al nuevo periodo legislativo que asume este martes 1 de julio, recordando que su elección se dio prácticamente de manera unánime. “No puedo dejar de agradecer a mis colegas que en una tercera ocasión me han brindado su confianza, me han permitido ejercer la presidencia de la Cámara de Diputados, en este caso, con alrededor de 93 % de los votos de mis colegas, 74 de los 80”, refirió.

Ratificó su compromiso de seguir trabajando en el marco del diálogo y la pluralidad. “Me compromete seguir por el camino del diálogo, por el camino de los consensos, por el camino de una visión plural, del entendimiento de la importancia y de cuánto enriquece a nuestros procesos republicano y la democracia el poder escucharnos todos, en poder alimentarnos en las diferentes visiones a las diferentes opiniones y experiencias en el proceso del desarrollo de nuestro país”, puntualizó Latorre.

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La causa que inves­tiga la filtración de documentos y fal­seamiento de información de Seprelad tropieza nue­vamente con una paraliza­ción. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por aso­ciación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Sepre­lad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.

Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apela­ción general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cues­tionan la resolución del tri­bunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los pro­cesados en el presente caso.

Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apela­ción de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exmi­nistros de Abdo.

Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación inte­grado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fer­nández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos cola­boradores de Abdo Benítez.

Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes plan­teados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.

La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, tes­timonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acu­sados.

En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inte­grada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.

En aquella oportunidad los ministros de la Corte men­cionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el pre­sente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en difi­cultar el normal desarrollo de la administración de jus­ticia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.

De la misma manera, los altos magistrados mencio­naron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.

Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.