El Ministerio Público, enca­bezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil con­tra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú.

Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue ejecutada por la Agen­cia Brasileña de Inteligencia (Abin).

En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos elec­trónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, dipu­tados, miembros del cuerpo diplomático, de la Adminis­tración Nacional de Electri­cidad, entre otros”.

El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio de 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo de 2023, de acuerdo a las informacio­nes que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El mandatario brasileño respon­sabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, informó que siguen las conversaciones entre los sectores partidarios con respecto a las candidaturas para la representación de la institución legislativa ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). En consecuencia, aún no se estableció cuándo estaría siendo incluido en el orden del día de las sesiones tras la renuncia del diputado Orlando Arévalo.

“No está en el orden del día, se había dado la tarea, en la última reunión que hablamos sobre el caso en mesa directiva le dimos la tarea a los diferentes interesados, está la terea de ir conversando con los colegas de las diferentes bancadas para ver si se puede llegar a un consenso sobre un nombre o por lo menos sobre un grupo de nombres”, indicó a los medios de comunicación antes del inicio de la sesión ordinaria de este martes.

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Latorre señaló que existen varios interesados de diferentes sectores políticos que quieren ocupar ese espacio, mientras tanto, el objetivo es llegar a un acuerdo entre las bancadas para establecer una lista de candidatos. Apuntó que de no llegar a ese consenso, se incluirá en el orden del día y lo va decidir la mayoría.

“Tenemos que avanzar en esa dirección, nosotros buscamos no apurar esa situación, no atropellar ese espacio y que se pueda generar un diálogo franco entre los diferentes espacios políticos desde la iniciativa de los interesados, porque finalmente son los candidatos, los que creen que están en condiciones de ocupar ese espacio, quienes tienen la tarea de conversar con los diferentes colegas”, sentenció.

Por otra parte, Latorre se refirió al desafuero del diputado Mauricio Espínola, quien vía nota solicitó ser tratado el retiro de sus fueros por el pleno, cuya imputación ya fue comunicada en marzo del 2024 por la jueza penal de control y garantías de capital, Cynthia Lovera, en el marco del caso filtraciones de datos de la Seprelad. Espínola será convocado por la Comisión de Asuntos Constitucionales a fin de exponer su pedido.

“El colega está en el espíritu de ser desaforado y si bien es una potestad, una atribución constitucional de la Cámara de Diputados decidir sobre eso, para lo cual es necesario una mayoría de dos tercios, entiendo que está en el espíritu del colega y finalmente se va a proceder al desafuero”, puntualizó.

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, salió en defensa de la actuación de sus fiscales respecto al caso de filtraciones de Seprelad, asegurando que el Ministerio Público trabaja en equipo y que no tiene compromiso político con ningún sector. Dijo que los agentes fiscales Cristian Benítez, y Silvia González, no son personas desconocedoras del tema en cuestión. Enfatizó en que la Fiscalía General no tiene comunicación política con ninguno de los actores involucrados.

En declaraciones a la radio 1020AM, el titular del Ministerio Público se refirió a la serie de críticas y fuertes calificativos que recibió personalmente, así como el equipo de fiscales que presentó finalmente la acusación contra tres exministros y colaboradores del expresidente Abdo Benítez, en el caso de filtraciones de la Seprelad.

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“Me parece muy irresponsables las declaraciones, ya que hemos dado muestras claras a lo largo de nuestra gestión de nuestra intensión de institucionalizar la República. El Ministerio Público es un órgano que debe preparar el caso y sostenerlo en cada una de las etapas. No tenemos compromiso político, no tenemos comunicación política con ninguno de los actores, y simplemente la institución actúa conforme a las evidencias”, enfatizó.

Asimismo, remarcó que cada agente fiscal es independiente para ir concluyendo su caso en la medida que existan las evidencias reales. No obstante, señaló que hoy la Fiscalía se mueve y trabaja en equipo. Al respecto, mencionó que, desde las 17:00 de ayer martes, está con permiso, ya que tiene previsto un viaje al exterior para participar de un congreso.

Explicó que ya desde el 7 de marzo pasado, se le encargó como interina de la Fiscalía General, a la adjunta, la fiscal Patricia Rivarola, sin dimensionar, entonces, los acontecimientos que podría ocurrir posteriormente. Señaló que ya en ejercicio de sus funciones, la fiscal Rivarola nominó a dos personas para encargarse del proceso en cuestión.

“Hoy en día la Fiscalía se mueve en todo lo que es funcionamiento institucional, con equipos de trabajo, el cual muchas veces está compuesto por tres o cuatro fiscales y una serie de técnicos, peritos. Porque la misión es preparar el caso, para sostener la investigación en cada una de las etapas. De hecho, no me es ajeno el trámite porque tengo que saber, y esa es la explicación que tengo respecto a los fiscales”, mencionó.

Afirmó que es muy bueno discutir este asunto, pero en el ámbito jurídico, señalando que no considera relevante, ni determinante que la discusión quede solamente en el ámbito público, que solamente polemiza, antes que aclarar.

“Nosotros tenemos la conciencia clara y tranquila de que se está actuando institucionalmente. Reitero, la preparación de la acusación es objeto de atención por parte de los fiscales, así como por la adjunta que en este momento está operativa. No eludo responsabilidad, simplemente hago una explicación, para que se entienda cómo funciona esto”, acotó.

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El abogado penalista, Ricardo Preda explicó que independientemente a la chicana que interponga la defensa de los imputados en el caso de Filtración de Seprelad, el Ministerio Público está en el derecho de presentar el requerimiento conclusivo en la fecha. Indicó que en el eventual caso que no lleguen a presentarlo, el código procesal penal establece que el juzgado puede fijar un nuevo plazo de 10 días.

El especialista mantuvo una charla en el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970am/Nación Media, donde explicó sobre el procedimiento que se llevará a cabo ante la nueva chicana interpuesta por la defensa del expresidente Mario Abdo y Daniel Farías Kronawetter en el citado caso.

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Al respecto, el abogado señaló que en primera medida la Fiscalía General podría confirmar de vuelta a los fiscales que fueron recusados o bien, establecer a los fiscales que podrían presentar el requerimiento conclusivo.

Ahora bien, atendiendo a que el propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón fue recusado igualmente por la defensa, señaló que existe una veintena de fiscales adjuntos que podrían obrar en su reemplazo y que no hayan sido recusados. “Habría que ver quién de los fiscales adjuntos que no hayan sido recusados pueden resolver el caso, en sustitución del fiscal general que fue recusado”, acotó.

Mencionó, además que, en sus años de experiencia, desconoce que exista una causa o proceso, que no se haya presentado requerimiento conclusivo por causa de recusaciones a los fiscales investigadores. Indicó que la Fiscalía siempre ha resuelto este tipo de cuestiones, porque obviamente no es la primera vez que sucede un hecho similar, en que los fiscales son recusados hasta el último plazo límite.

“No creo que sea un tema que ni la Fiscalía General actual, ni administraciones anteriores, desconozcan que se presenten recusaciones masivas, ante la inminente presentación del acto conclusivo, estimo que será el día a día del Ministerio Público, ya que en la práctica es algo común esto”, explicó.

Al respecto, Preda no cree que las recusaciones tengan un impacto final en la decisión a partir de la presentación del requerimiento conclusivo, donde los agentes fiscales deberán solicitar elevar el caso a juicio oral o el sobreseimiento de los procesados.

“Desconozco que exista algún caso, en el que el Ministerio Público no haya presentado su requerimiento conclusivo, por causa de las recusaciones. Pero en la peor hipótesis, que esto no ocurra, se aplica un trámite que se basa en el artículo 139 del Código Procesal Penal, que de no presentarse el acto conclusivo, el juez tiene que correr traslado a la Fiscalía General, con un plazo de 10 días para que emita finalmente su posición al respecto”, explicó.

Con ello, remarcó que el proceso no termina hoy si es que la Fiscalía no presenta sus requerimientos conclusivos en la fecha establecida como límite el cual, en este caso de filtraciones de Seprelad, vence a las 23:59 de este martes 11 de marzo. Preda, agregó que está seguro que de una u otra forma la Fiscalía va a presentar sus actos conclusivos, porque desconoce que exista un antecedente en donde no se haya presentado por causa de las chicanas.

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