El senador Antonio Barrios aseguró la viabilidad del proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas la reingeniería en el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2025 para redireccionar unos G. 304.000 millones para el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) para la compra de medicamentos oncológicos. La iniciativa se encuentra en el orden del día de la sesión de este miércoles del Senado.
“No sé quién habla de que no es realista, pero nosotros estamos convencidos de que es un proyecto que se puede llevar a cabo, sacar los viáticos, sacar los alimentos, todo lo que sea gastos superfluos, pasajes, yo creo que eso se puede hacer y destinar a un fin noble que es darlo al Incan. Los enfermos oncológicos hoy están muchas veces desprovistos de medicamentos”, expresó.
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El legislador indicó que conversó con varios colegas y adelantó que existe una alta probabilidad para su aprobación. “Yo creo que el proyecto es viable y ya va depender del pleno a ver qué decide. Hemos conversado con todos, todos nos dijeron que el proyecto es viable, veremos qué pasa”, sentenció.
Barrios sostuvo que se trata de un recorte de gastos superfluos y no de programas fundamentales para el Gobierno. “Ningún programa, nada, esto es sacando gastos superfluos nada más y encima el responsable de determinar esos gastos superfluos es el Ministerio de Economía, nosotros no direccionamos nada”, explicó.
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Reforma de la Caja Fiscal: “Siempre estuvo en la agenda del Gobierno”, dice Valdovinos
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, dejó en claro que el Gobierno continúa con su agenda de reformas y dentro de ella se encuentra la reforma a la caja fiscal, la que sufre de déficits y presenta varias inequidades que agudizan su situación.
El secretario de Estado señaló que están pendientes a finalizar los estudios técnicos para presentar la propuesta. “Eso es algo que siempre estuvo en la agenda del Gobierno en cuanto a reformas, fuimos muy claros nosotros en que si bien somos técnicos, uno tiene que tener un poco de sentido político en términos de que no se pueden meter las reformas más potentes en un año, sino que lo íbamos a estar espaciando a lo largo de diferentes años”, expresó.
Fernández Valdovinos recordó que uno de los primeros grandes proyectos presentados por esta administración fue la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, posteriormente se presentó la ley de reforma del servicio civil y este año corresponde que se aborde la situación de la caja y una solución para la misma.
“Seguimos en la misma agenda, sin necesidad de que nos impongan las agendas de editoriales que puedan sacar los medios, porque esto es algo que hace años nosotros ya dijimos”, sentenció ante la 650 AM.
El ministro señaló las dos situaciones que se conjugan dentro de la caja y que hacen que sea insostenible a largo plazo. Una de ellas es la inequidad en las diferentes cajas en cuanto a la edad en que acceden a la jubilación, puesto que principalmente los policías y militares pasan a retiro a muy temprana edad. El acceso a la jubilación antes de los 65 años genera un golpe de USD 120 millones por año a la caja y prácticamente la mitad del déficit está explicado por la jubilación temprana, argumentó.
“No entiendo por qué deberíamos dejar de contar con los servicios de personas que pueden ser útiles todavía simplemente porque ingresan personas de una generación más joven, eso no tiene ningún sentido, tampoco le conviene a los propios militares que quieren hacer carrera. Algunos se retiran sin concluir esa carrera y eso causa un daño en la gente y a nivel de la caja fiscal”, sostuvo.
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Asimismo, en la caja del Instituto de Previsión Social (IPS), el aporte lo realiza la patronal, el trabajador y el Estado, mientras que en la caja fiscal, el trabajador afronta solo el pago de su aporte. “Todo eso estamos analizando y veremos con los números para determinar luego qué es lo que nos va a ayudar, estamos muy cerca de terminar los estudios, estamos pidiendo ayuda al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al del Fondo Monetario, entre otros, pero es algo que vamos a presentar este año”, aseguró.
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Criadazgo: Senado apunta a modificar proyecto y elevar pena
La mesa directiva de la Cámara Alta, encabezada por Basilio “Bachi” Núñez, convocó para mañana martes a una sesión extraordinaria con el fin de analizar como único punto la propuesta que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo.
El proyecto de ley, ya cuenta con media sanción de Diputados, pero los senadores apuntan a introducir modificaciones. “Nosotros planteamos que el criadazgo sea considerado un crimen, debido a que se enmarca en la trata de personas”, sostuvo la senadora Lizarella Valiente.
La iniciativa legislativa busca garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes a estar protegidos de toda forma de explotación laboral y trabajo forzoso, prácticas asociadas al criadazgo.
“Lamento mucho porque esta práctica está normalizada en nuestra cultura, el niño es alejado de su ámbito familiar y no sabemos porque penumbras pasan”, comentó.
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La legisladora indicó que en la propuesta se plantea una pena privativa de libertad de hasta 30 años de cárcel, en caso de registrarse abuso sexual.
“Hoy en día el Estado brinda mucha ayuda a las familias para que esta situación de criadazgo no se pueda dar. Esta práctica no se justifica. En caso de que el Senado modifique el proyecto volverá a la Cámara de Diputados”, puntualizó.
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Senado abre debate público sobre reducción del horario laboral
En la Cámara de Senadores se inició el debate sobre el proyecto de ley que plantea la modificación de la carga horaria laboral en el sector privado,de 48 a 40 horas semanales. La propuesta es analizada este viernes en una audiencia pública encabezada por los legisladores de la oposición.
“Solo el 24 % de los países trabajan 48 horas, lo que buscamos es que la gente tengan mejor calidad de vida y que las empresas produzcan más. Esta demostrado que cuando un trabajador descansa lo suficiente, aumenta la producción", sostuvo el senador proyectista, José Oviedo.
Asimismo, acotó: “Esta audiencia pública es parte del tratamiento de este proyecto de ley, habrá otros pasos más para que posteriormente sea tratado en el pleno y esperamos que finalmente se apruebe. Esto va a depender mucho del debate social y la presión que puedan ejercer las centrales obreras”.
En la exposición de motivos, la iniciativa se sostiene que el 70 % de los países en el mundo ya cuenta con jornadas laborales de 40 horas semanales, o menos. “La aplicación de la reducción laboral es una tendencia mundial y nosotros debemos subirnos a esto“, comentó Oviedo.
Las afirmaciones de Oviedo fueron respaldadas por su colega Ignacio Iramain, quien detalló que, en Latinoamérica, la reducción del horario laboral en el sector privado se está concretando de manera progresiva y no de manera brusca. Señaló que es consciente de que el proyecto de ley acarrea muchos obstáculos por parte del sector empresarial.
“Debemos empezar a analizar este tipo de situaciones, lo que pretendemos es mejorar la calidad de vida de la gente y esto implica poder trabajar en un horario conveniente y con las condiciones laborales adecuadas. Necesitamos analizarlo, conversarlo, discutirlo para hacer una transformación progresiva”, comentó.
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Senado analiza regulación de la inteligencia artificial ante eventuales riesgos
En la Cámara de Senadores, un grupo de legisladores presentó un proyecto de Ley que regula y promueve la creación, desarrollo, innovación e implementación de sistemas de inteligencia artificial (IA). Los proyectistas son los senadores Basilio Núñez, Natalicio Chase, José Ledesma, Arnaldo Samaniego, Javier Zacarías Irún, Juan Carlos Galaverna Ortega y Mario Varela.
El líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, explicó a La Nación/Nación Media que la inteligencia artificial puede ser peligrosa, aclarando que no necesariamente lo es por sí misma. “Su peligrosidad depende de cómo se diseña, se usa y se regula”, expresó.
Mencionó que los principales riesgos son están en el uso indebido y malicioso de parte del que ponga en uso este sistema. Sumado a la desinformación de la gente. Además, puede reemplazar muchos trabajos.
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“Por eso hemos presentado en Paraguay el 5 de mayo de 2025, una propuesta legislativa que establece un marco legal integral y detallado, que aborda tanto los beneficios como los riesgos de la inteligencia artificial, y propone medidas para que su uso no sea peligroso”, mencionó.
El legislador indicó que la iniciativa propone mecanismos para prevenir y mitigar estos riesgos, clasifica tipos de riegos, defiende derechos de personas afectadas, además de una adecuada supervisión estatal.
“El proyecto reconoce que la IA puede ser peligrosa si no se regula, pero plantea mecanismos preventivos y correctivos sólidos para asegurar un desarrollo ético, seguro y responsable”, comentó.
Uso cotidiano
No obstante, Chase señaló que, si bien sus futuras aplicaciones vayan a implicar inmensos cambios en la sociedad; en gran parte ya está muy presente en la vida cotidiana de cualquier ciudadano.
“Cualquiera que tenga acceso a los smartphones, las herramientas de navegación e incluso el monitoreo en redes sociales en base a nuestras experiencias como usuarios, aplican de alguna forma inteligencia artificial. Esta rápida y reciente evolución de los usos de sistemas de lA ha generado un impacto transversal sobre toda la sociedad, con grandes beneficios en todos los ámbitos de la actividad humana”, comentó.
Agregó que, estos sistemas han generado riesgos para los derechos fundamentales del individuo, como ocurre con los relativos a la discriminación y protección de datos personales.
Regulación de la UE
Finalmente, el senador Chase señaló que la propuesta legislativa está enfocada en regulaciones similares que son aplicados en la Unión Europea, basado en riesgos y derechos fundamentales.
“La Unión Europea ha aprobado una ley que toma la forma de reglamento integral sobre lA, que busca regular ésta según sus riesgos, clasificando las herramientas de lA en tres categorías: de riesgo inaceptable, de alto riesgo y de riesgo bajo o mínimo para la seguridad de las personas, adaptando la futura normativa e integrándola a la regulación actual (sobre protección de datos personales, nuevas tecnologías y/o derecho de autor, entre otras)”, precisó.