La Cámara de Diputados tiene previsto estudiar, en la sesión ordinaria del próximo martes 8 de julio, el proyecto de ley que crea el “Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito”, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y prevenir fraudes dentro del sistema financiero paraguayo. La iniciativa nació luego de la mafia delictiva conocida como “mafia de los pagarés”.

La iniciativa plantea la creación de un registro centralizado, bajo la dependencia de la Corte Suprema de Justicia, para inscribir de forma obligatoria pagarés, letras de cambio, cheques, bonos y otros títulos de crédito.

De acuerdo con el texto, los documentos deberán ser registrados dentro de los 10 días hábiles posteriores a su emisión. En caso de incumplimiento, no podrán ser ejecutados judicialmente ni tendrán validez frente a terceros. El sistema funcionará de manera digitalizada y emitirá un certificado de registro como requisito indispensable para cualquier acción judicial de ejecución.

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Cada vez que se registre un título, el deudor recibirá una notificación automática a través de mensajes de texto, correo electrónico y aplicaciones de mensajería, como medida para alertar sobre posibles fraudes. El proyecto responde a la falta de un registro central que, según la exposición de motivos, ha derivado en casos de duplicación de documentos, adulteración de títulos y dificultades para comprobar su autenticidad.

El registro podrá ser utilizado por entidades financieras reguladas, cooperativas autorizadas, casas de bolsa, escribanos públicos y emisoras de valores, todas previa autorización del Banco Central del Paraguay. La propuesta también contempla penas de entre tres y cinco años de prisión, además de multas que podrían alcanzar hasta el triple del monto defraudado, para quienes falsifiquen documentos o ingresen datos incorrectos en el sistema.

Los jueces que ejecuten títulos no registrados también serán pasibles de sanciones. Para su implementación, el proyecto introduce modificaciones al Código Procesal Civil, la Ley General de Bancos y el Código Civil. Actualmente, se encuentra en su primer trámite constitucional.

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La Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, de la Cámara de Senadores, llevó adelante una audiencia pública donde analizó la propuesta de Ley de Protección de Datos Personales.

Al respecto, el titular de esta mesa asesora, Patrick Kemper afirmó que está muy satisfecho con la audiencia, porque todos los sectores que participaron quieren que esta propuesta se convierta en Ley de la Nación.

Al término de la jornada, el legislador explicó que se estará analizando en la comisión todas las propuestas planteadas para emitir el dictamen de aprobación con modificaciones al proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados.

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Indicó que durante esta audiencia pública se han escuchado los distintos pareceres de diversos sectores, ya sea del ámbito de la academia, como los representantes de los organismos que tienen como actividad el desarrollo tecnológico del sector privado. Manifestó que también participó el ministro de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate con todo su equipo técnico.

“Han participado diferentes sectores de la sociedad civil y público, donde han dado sus pareceres, sugerencias y propuestas de modificaciones al proyecto de ley. Lo importante es que hay un claro interés general de que esta propuesta se convierta en Ley de la Nación. Ahora nos toca hacer un trabajo minucioso para pulir todas las sugerencias y sacar un dictamen de aprobación con modificaciones”, precisó.

Remarcó que se encuentra muy satisfecho, porque todos los sectores manifestaron que les parece importante contar con una ley de protección de datos personales.

A su turno, el titular del Mitic expresó que es una ley fundamental para la institución a su cargo. Dijo que este proyecto fortalecerá la seguridad jurídica sobre el abordaje de información de las personas.

Agregó que ayudará para atraer mayores inversiones, porque si viene una empresa que trabaja con datos provenientes del exterior necesita una ley que les proteja.

Explicó que esta propuesta ya lleva varios años de estudio, que se ha venido debatiendo en diversas audiencias públicas, ya desde el tiempo que se estudió en la Cámara de Diputados en las distintas comisiones.

“Este proyecto de ley nos permitirá a nosotros fortalecer nuestra seguridad, porque en el proceso de intercambio de información también nos permitirá atraer mayor inversión al país, porque cuando un inversionista viene al país tiene que buscar una ley espejo que complemente la protección de datos”, comentó.

Explicó que cuando una empresa tiene que trabajar con datos provenientes del exterior, tiene que haber una regulación local que precautele eso. De tal manera podamos contar con una ley que permita crecer en cuanto a la inversión internacional.

“También es importante proteger nuestra información de nuestros datos personales, si bien ya contamos con la Ley de Datos Crediticios, que abarca una parte, pero no así la Ley de Datos Personales, que contempla lo que nosotros mismos somos los dueños de estos datos y no una empresa, o una entidad o sociedad. Desde ese punto de vista estamos escuchando las recomendaciones”, acotó.

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El proyecto de ley “que prohíbe el uso de cianuro en actividades mineras en el territorio nacional”, presentado por la bancada Democrática del Senado fue tema de debate en una audiencia pública convocada por la senadora Esperanza Martínez, y otros legisladores de la oposición.

La audiencia contó con la presencia de productores de minería y yerbateros, y existe una postura dividida en este sector, algunos están a favor y otros en contra de este proyecto.

Esta iniciativa busca la prohibición del uso de cianuro en minería, tratando de evitar daños ambientales en Paso Yobái. Por un lado, un sector mostró su apoyo a esta propuesta legislativa señalando que la utilización de este componente daña al medio ambiente y afecta la salud poblacional; mientras que otro sector afirma que no se trata de un proyecto técnico, sino más bien político.

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El ingeniero Rubén Irala Galeano, director científico de la Diócesis de Villarrica, encabezó junto con la Universidad Católica y Nacional de Guairá, un estudio científico que, de acuerdo a la exposición del mismo, se confirma que se encontraron metales de cianuro en el agua y hojas de yerba, afirman que la actividad minera con cianuro afecta al medio ambiente y los seres vivos.

“Trabajamos por el ciclo de dos años en una investigación donde enfocamos nuestro trabajo sobre el suelo, aire, agua, recursos hídricos y también en las hojas de yerba mate, y hemos encontrado concentraciones importantes de mercurio y cianuro, que son los dos reactivos que se llegaron a utilizar, hasta ahora, los mineros”, refirió.

Explicó que en la primera fase de la producción artesanal de la minería de oro se llegó a utilizar el mercurio como un reactivo separador del oro del suelo, de manera muy informal, llegando a contaminar todo, mientras que desde el 2018 hasta la actualidad se está utilizando el cianuro para este procedimiento.

“Ambos reactivos son venenosos, tóxicos y también afecta la salud poblacional, ahora ya aparecen enfermedades de la piel, y sobre todo afecta a los cultivos, los cultivos de autoconsumo y también los cultivos de renta que se manejan en la región, que es la yerba mate”, apuntó el ingeniero.

Mientras tanto, representantes de sectores mineros, principalmente de Paso Yobai, alegan que se trata de un proyecto político y no así técnico. Rubén Aguilera, propietario de una empresa que se dedica a la exploración, indicó que desconocen los procedimientos para realizar el estudio presentado sobre el daño que genera este componente.

“Como cualquier que es de interés, creo que tendríamos que ser los primeros en participar y en debatir, de ninguna manera, es más, pedimos nosotros a la pastoral social una audiencia con el obispo (que encabeza el proyecto), no fuimos recibidos, hasta hoy día seguimos esperando. Hemos solicitado una mesa de diálogo con los hermanos yerbateros, tampoco conseguimos. No cuenta con un estudio técnico y científico”, cuestionó.

Agregó que además de no tener participación en esta iniciativa, desde los estudios realizados, tampoco fueron tenidos en cuenta con relación al impacto que tendrá la prohibición de la utilización del componente, y afirma que generará la pérdida de una fuente de trabajo.

“Esta ley no es técnica, esto es político, por denuncias y por un respaldo que nosotros hoy vamos a reclamar. Si nosotros hubiéramos participado en ese análisis, nosotros no sabemos si hay mala intención, por eso queríamos saber qué métodos utilizaron, porque tiene sus métodos, y nosotros desconocemos totalmente el procedimiento. Vamos a tener un impacto económico enorme, es todo lo contrario, acá nos tendrían que dar apoyo para poder desarrollar este rubro tan importante que puede ser un polo de desarrollo para nuestro país”, puntualizó.

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El presidente de la República, Santiago Peña, cumplió el mandato constitucional de presentar un balance de su gestión ante el Congreso. Opositores como Rafael Filizzola o Celeste Amarilla criticaron el discurso del mandatario con una serie de incongruencia, imprecisiones o absurdo.

Algunas de las incongruencias que mencionó el senador de País Soli­dario se referían a que, por ejemplo, el programa Hambre Cero lo recibie­ron 375.000 alumnos y no los más de 1 millón que sos­tiene el Gobierno. Hay que recordarle al legislador que ese dato corresponde a la encuesta de 2024, tiempo en que el programa estuvo vigente de agosto a noviem­bre, en 90 distritos.

Según los datos oficiales del Ministerio de Educación y del Ministerio de Desarro­llo Social, desde febrero de este año 2025, Hambre Cero está presente en los 263 distritos del país de forma diaria, alimentando a 1.050.000 de niños.

Filizzola también hizo alu­sión a que la pobreza se redujo porque se incluyó Hambre Cero como un ingreso de las familias. Pero este punto no es una ocurrencia del INE, sino que responde a una reco­mendación internacional que siguen todos los países, cuando se trata de programas de alimentación como este que impulsa el Gobierno son estables y medibles.

También intentó depreciar el informe cuando el legislador señaló que el Programa Ali­mentario Nutricional Inte­gral (PANI) no se está ejecu­tando. Peña se refería a que la leche que se comprada este año es 22 % menos al precio de referencia, generando un ahorro de más de G. 47 mil millones. Finalmente, en referencia al desempleo, cifra que dista de la creencia nega­tiva que tiene la oposición, fue de 5.6 % de la población, cifra que nunca se tuvo para un primer trimestre desde que el INE hace encuestas trimestrales desde 2017.

Por otra parte, la senadora libera Celeste Amarilla tam­bién habló acerca del informe del presidente, señalando a modo de reproche que las “heladeras están vacías”. Sobre esto, el discurso pre­sidencial hizo énfasis en aspectos económicos rele­vantes como que el PIB creció 5.9 % en el primer trimestre del año; el consumo privado (de las familias) creció 4.9 % y la inversión fue del 12.7 %. Asimismo, el consumo pri­vado aumentó por la diná­mica positiva de los servi­cios, el consumo de alimentos y bebidas, las prendas de ves­tir y calzados; y, la venta de vehículos, electrodomésticos y muebles.

La legisladora omite que de 7 sectores, 6 crecieron: el comercio, los servicios, la manufactura, la construc­ción, o la ganadería, mues­tran una fuerte expansión; mientras que las ventas aumentaron 6.5 % en prome­dio durante el primer cuatri­mestre del año.

Otro dato relevante que mata definitivamente el relato opositor es que se registra­ron 85.000 nuevos cotizan­tes en IPS llegando a cerca de 800.000 trabajadores for­malizados, cifra nunca antes registrado en nuestro país.

Pedro Alliana sostuvo que desde el Poder Ejecutivo seguirá trabajando para satisfacer las necesi­dades de la ciudadanía.

“Sabemos que no es suficiente, que falta todavía mucho, vamos a seguir trabajando más allá de las críticas de unos pocos. Nues­tro objetivo es llenar las satisfacciones de la ciudadanía”, expresó Alliana.

Así también, sobre la gestión y el trabajo de los miembros del Gabinete, apuntó: “Conforme, el presidente de la República le da el apoyo y, por supuesto, nosotros vamos a acompañarle, vamos a darle todo el apoyo y en lo que podamos colaborar desde la vicepresidencia como nexo con el Legislativo, estamos ahí para acompañar”.

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), encabezado por Tadeo Rojas, está llevando el crucial trabajo para llevar adelante la política social del gobierno del presidente Santiago Peña.

El secretario de Estado se refirió a todos los programas sociales que se están ejecu­tando a poco menos de dos años de gestión.

“Antes de asumir el 15 de agosto del 2023, el presi­dente Santiago Peña nos convocó a un taller de capa­citación, de orientación, de discusión sobre sus planes de Gobierno, trabajamos casi un día, y en ese momento fue claro y contundente de que una de las banderas más fuertes de su gobierno iba a ser lo social”, detalló Rojas al programa “Arriba hoy”, emi­tido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Recordó que este compro­miso social fue asumido públicamente por Peña al iniciar su mandato, estable­ciendo como meta la foca­lización de los programas sociales como factor deter­minante para cambiar la vida de lo paraguayos que se encuentran en situación vul­nerable.

“A partir de allí empeza­mos a trabajar y fuimos gra­dualmente. Primero hemos trabajado, antes de cum­plir los 100 días, lanzamos el plan nacional de reduc­ción de la pobreza en una reunión gigante. Hemos tomado la decisión, tam­bién en los primeros 100 días, por el aumento de Tekoporã, denominado a partir de ahí Tekoporã Mbarete con un 25 % de aumento en las transfe­rencias monetarias”, indicó el ministro.