Desde la Contraloría Ciudadana de Ciu­dad del Este indica­ron que el intendente suspen­dido, Miguel Prieto, antes de retirarse y dar lugar al inter­ventor, Ramón Ramírez, rea­lizó varias maniobras con el fin de generar un desorden en la municipalidad de modo de que se pierda el foco de la investigación sobre su ges­tión, sobre la cual pesan seve­ras sospechas de comisión de hechos punibles.

“Prieto hizo un boicot a la municipalidad dándole vacaciones a todo el per­sonal de aseo urbano para que la ciudad esté sucia, no quiere facilitar la inter­vención, porque el interven­tor no solo debe investigar, sino administrar la ciudad y con el caos lo que se busca es sacarle al interventor de su rol principal”, afirmó la coordinadora de la Con­traloría Ciudadana, Mag­dalena Montiel.

Según manifestó, existen muchas más irregularida­des que las mencionadas por la Contraloría General de la República en su fundamenta­ción para el pedido de inter­vención, las cuales saldrían a la luz durante este proceso y es eso lo que buscaría evi­tar Prieto a través de varias acciones.

“Tampoco dejó recursos sufi­cientes para el pago de sala­rios, por lo que seguro va a haber un atraso y eso es para que se le vayan encima los funcionarios al interventor, esa es la situación que ellos armaron”, aseveró Montiel. También mencionó que el intendente suspendido dejó a la municipalidad sin la Poli­cía Municipal de Tránsito, por lo que la Policía Nacional debe hoy cumplir con el rol de orga­nizar el flujo vehicular.

Desde la Contraloría Ciuda­dana también lamentaron que Prieto trate de manchar la reputación de sus integran­tes como represalia por las denuncias que han realizado como organización civil, por lo que adelantaron que están preparando una querella en su contra por difamación y calumnia.

Desde la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, indicaron que el intendente suspendido, Miguel Prieto, antes de retirarse y dar lugar al interventor, Ramón Ramírez, realizó varias maniobras con el fin de generar un desorden en la municipalidad de modo de que se pierda el foco de la investigación sobre su gestión, sobre la cual pesan severas sospechas de comisión de hechos punibles.

“Prieto hizo un boicot a la municipalidad dándole vacaciones a todo el personal de aseo urbano para que la ciudad esté sucia, no quiere facilitar la intervención, porque el interventor no solo debe investigar, sino administrar la ciudad y con el caos lo que se busca es sacarle al interventor de su rol principal”, afirmó la coordinadora de la Contraloría Ciudadana, Magdalena Montiel.

Según manifestó, existen muchas más irregularidades que las mencionadas por la Contraloría General de la República en su fundamentación para el pedido de intervención, las cuales saldrían a la luz durante este proceso y es eso lo que buscaría evitar Prieto a través de varias acciones.

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“Tampoco dejó recursos suficientes para el pago de salarios, por lo que seguro va a haber un atraso y eso es para que se le vayan encima los funcionarios al interventor, esa es la situación que ellos armaron”, aseveró. También mencionó que el intendente suspendido dejó a la municipalidad sin la Policía Municipal de Tránsito, por lo que la Policía Nacional debe hoy cumplir con el rol de organizar el flujo vehicular.

Desde la Contraloría Ciudadana también lamentaron que Prieto trate de manchar la reputación de sus integrantes como represalia por las denuncias que han realizado como organización civil, por lo que adelantaron que están preparando una querella en su contra por difamación y calumnia.

“Él tiene que estar en la cárcel, es un corrupto que ingresó a la municipalidad con un grupo de personas ineptas. En plena cadena nacional aceptó que tenía a varios parientes de él contratados en la municipalidad, lo cual es totalmente irregular, nepotismo puro, ese tipo de acciones fueron denuncias que nosotros hicimos como Contraloría Ciudadana y eso es lo que a él le molesta”, sentenció ante la radio online, Canal Tribuna.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Desde las 18:30 de ayer jueves se realizaron allanamientos en dos departamentos propiedad del abogado Cassio Mussawer Montenegro (52), de nacionalidad brasileña, autor de los disparos contra la sede del consulado de Brasil en Ciudad del Este. Las fiscalas Cinthia Leiva y Estela Mary Ramírez dirigieron las intervenciones que fueron ordenadas por el juez Amílcar Mareco.

El primer sitio intervenido fue el apartamento 9, en el segundo piso del edificio Fuji, ubicado sobre la calle Pa´i Pérez casi Curupayty, microcentro de Ciudad del Este. Se trata del sitio de residencia del hombre, de donde fueron incautados computadoras, cargadores rápidos de revólver calibre 38, también de calibre 3.57, dos cajas de municiones calibre 9 mm.

También uniformes militares, pelucas, medicamentos y documentos personales que quedaron a cargo del Ministerio Público.

El segundo allanamiento fue también en un edificio del microcentro, pero ubicado sobre la calle Boquerón casi avenida Adrián Jara, donde fueron encontradas dos máquinas con la descripción Silence Box, de uso para criptomonedas, en pleno funcionamiento, según confirmó a La Nación/Nación Media, la agente fiscal Estela Mary Ramírez.

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El departamento tiene instalado un sistema de inhibidor de sonido, como para evitar que el ruido sea escuchado desde el exterior del sitio, por parte de los ocupantes de departamentos vecinos.

La agente del Ministerio Público informó además que hoy llegará el hermano de Cassio Mussawer, quien se encuentra internado en el Hospital Regional, donde fue trasladado luego de haber sido atendido en el Hospital del Área 2 de la Fundación Tesai. Tanto la madre como la hermana residen en Portugal, según los datos hallados.

La fiscal volvió a mencionar que, según el reporte de la Policía Federal, el abogado brasileño tiene cuatro causas penales en su país, por amenaza, coacción, tenencia de arma de fuego e injuria, y ejercía la profesión de abogado. Asimismo, la interviniente recibió como reporte, la existencia de un diagnóstico por padecimiento de salud del profesional brasileño, autor de los disparos contra el consulado.

Por los resultados de los allanamientos, el hombre tiene negocios en Ciudad del Este, como la criptominería y también el alquiler de inmuebles, por el manojo de llaves encontrado en su poder, cuando se autodisparó frente al consulado, después del ataque a balazos a la sede diplomática.

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Durante una reunión clave para el sector logístico fluvial y autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el BID Invest del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó una herramienta de financiamiento destinada a fortalecer el sector privado industrial de Paraguay y la región.

Se trata de una línea de financiamiento que pone a disposición hasta USD 1.000 millones para impulsar la industria sostenible en América Latina y el Caribe, apuntando a dinamizar la inversión privada y fomentar la modernización de sectores estratégicos.

Argentina decidió interrumpir las operaciones de trasbordo de combustibles en el kilómetro 171 del Paraná Guazú, generando preocupación en Paraguay en cuanto al abastecimiento de los hidrocarburos. Si bien proponen otros 10 puertos alternativos, desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) critican la unilateralidad de la decisión y su impacto negativo en el suministro energético del país y la región.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina (ARCA) resolvió suspender las operaciones de alije en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, donde desde hace más de 30 décadas Paraguay realiza el trasbordo de hidrocarburos entre buques, bajo supervisión aduanera correspondiente.

Las denuncias por presuntas irregularidades cometidas durante la administración anterior del Instituto de Previsión Social (IPS) siguen sin avances en el Ministerio Público, pese a que fueron respaldadas por auditorías internas, externas y tres informes de la Contraloría General de la República, que revelan obras fantasmas, desvíos presupuestarios y documentos presuntamente falsificados.

Según datos de la actual administración, existen más de G. 3.500 millones en obras que fueron pagadas, pero nunca ejecutadas. Los informes de la Contraloría incluso estiman que la cifra sería mayor a la detectada por el propio IPS.

Tras el atentado contra la sede del consulado brasileño en Ciudad del Este, desde la Fundación Tesai confirmaron que la mujer que fue herida en el brazo fue derivada al hospital regional y podría perder el miembro superior. El hombre que realizó los disparos ingresó a cirugía en el Hospital Área 2 de la Fundación Tesai.

Según el doctor Diego Ruiz, jefe de urgencias de la fundación, ambos pacientes se encuentran en estado delicado, especialmente el presunto autor de los disparos. En tanto que, la mujer tuvo que ser trasladada porque requería de una intervención quirúrgica para tratar de salvar su brazo.

Los peajes en los tramos de la ruta PY-02 concesionados a Tape Porã tendrán un aumento desde el 6 de julio, según explicaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). De esta manera, el monto para vehículos de la categoría 1 queda en G. 19.000 en los puestos de Pastoreo y Minga Guazú.

Rocío Calmejane, coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, mencionó que en una de las cláusulas del contrato de concesión se establece una fórmula con unos elementos que al sufrir variaciones en esos elementos se da el reajuste.

El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, informó que se dio el corte administrativo definitivo el miércoles pasado y que accedió al 100 % de la documentación necesaria para verificar las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR). El economista realizó este viernes su segunda conferencia de prensa semanal.

“A partir del día de ayer (jueves) ya empezamos a trabajar intensamente en el desarrollo, en la verificación, en el análisis y en la evaluación de las seis observaciones de la Contraloría General de la República, que han sido denunciadas como irregularidades y que han motivado el inicio de esta intervención”, anunció Pereira.