El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, dejó en claro que el Gobierno continúa con su agenda de reformas y dentro de ella se encuentra la reforma a la caja fiscal, la que sufre de déficits y presenta varias inequidades que agudizan su situación.

El secretario de Estado señaló que están pendientes a finalizar los estudios técnicos para presentar la propuesta. “Eso es algo que siempre estuvo en la agenda del Gobierno en cuanto a reformas, fuimos muy claros nosotros en que si bien somos técnicos, uno tiene que tener un poco de sentido político en términos de que no se pueden meter las reformas más potentes en un año, sino que lo íbamos a estar espaciando a lo largo de diferentes años”, expresó.

Fernández Valdovinos recordó que uno de los primeros grandes proyectos presentados por esta administración fue la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, posteriormente se presentó la ley de reforma del servicio civil y este año corresponde que se aborde la situación de la caja y una solución para la misma.

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“Seguimos en la misma agenda, sin necesidad de que nos impongan las agendas de editoriales que puedan sacar los medios, porque esto es algo que hace años nosotros ya dijimos”, sentenció ante la 650 AM.

El ministro señaló las dos situaciones que se conjugan dentro de la caja y que hacen que sea insostenible a largo plazo. Una de ellas es la inequidad en las diferentes cajas en cuanto a la edad en que acceden a la jubilación, puesto que principalmente los policías y militares pasan a retiro a muy temprana edad. El acceso a la jubilación antes de los 65 años genera un golpe de USD 120 millones por año a la caja y prácticamente la mitad del déficit está explicado por la jubilación temprana, argumentó.

“No entiendo por qué deberíamos dejar de contar con los servicios de personas que pueden ser útiles todavía simplemente porque ingresan personas de una generación más joven, eso no tiene ningún sentido, tampoco le conviene a los propios militares que quieren hacer carrera. Algunos se retiran sin concluir esa carrera y eso causa un daño en la gente y a nivel de la caja fiscal”, sostuvo.

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Asimismo, en la caja del Instituto de Previsión Social (IPS), el aporte lo realiza la patronal, el trabajador y el Estado, mientras que en la caja fiscal, el trabajador afronta solo el pago de su aporte. “Todo eso estamos analizando y veremos con los números para determinar luego qué es lo que nos va a ayudar, estamos muy cerca de terminar los estudios, estamos pidiendo ayuda al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al del Fondo Monetario, entre otros, pero es algo que vamos a presentar este año”, aseguró.

En la Cámara de Senadores se inició el debate sobre el proyecto de ley que plantea la modificación de la carga horaria laboral en el sector privado,de 48 a 40 horas semanales. La propuesta es analizada este viernes en una audiencia pública encabezada por los legisladores de la oposición.

“Solo el 24 % de los países trabajan 48 horas, lo que buscamos es que la gente tengan mejor calidad de vida y que las empresas produzcan más. Esta demostrado que cuando un trabajador descansa lo suficiente, aumenta la producción", sostuvo el senador proyectista, José Oviedo.

Asimismo, acotó: “Esta audiencia pública es parte del tratamiento de este proyecto de ley, habrá otros pasos más para que posteriormente sea tratado en el pleno y esperamos que finalmente se apruebe. Esto va a depender mucho del debate social y la presión que puedan ejercer las centrales obreras”.

En la exposición de motivos, la iniciativa se sostiene que el 70 % de los países en el mundo ya cuenta con jornadas laborales de 40 horas semanales, o menos. “La aplicación de la reducción laboral es una tendencia mundial y nosotros debemos subirnos a esto“, comentó Oviedo.

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Las afirmaciones de Oviedo fueron respaldadas por su colega Ignacio Iramain, quien detalló que, en Latinoamérica, la reducción del horario laboral en el sector privado se está concretando de manera progresiva y no de manera brusca. Señaló que es consciente de que el proyecto de ley acarrea muchos obstáculos por parte del sector empresarial.

“Debemos empezar a analizar este tipo de situaciones, lo que pretendemos es mejorar la calidad de vida de la gente y esto implica poder trabajar en un horario conveniente y con las condiciones laborales adecuadas. Necesitamos analizarlo, conversarlo, discutirlo para hacer una transformación progresiva”, comentó.

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En la Cámara de Senadores, un grupo de legisladores presentó un proyecto de Ley que regula y promueve la creación, desarrollo, innovación e implementación de sistemas de inteligencia artificial (IA). Los proyectistas son los senadores Basilio Núñez, Natalicio Chase, José Ledesma, Arnaldo Samaniego, Javier Zacarías Irún, Juan Carlos Galaverna Ortega y Mario Varela.

El líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, explicó a La Nación/Nación Media que la inteligencia artificial puede ser peligrosa, aclarando que no necesariamente lo es por sí misma. “Su peligrosidad depende de cómo se diseña, se usa y se regula”, expresó.

Mencionó que los principales riesgos son están en el uso indebido y malicioso de parte del que ponga en uso este sistema. Sumado a la desinformación de la gente. Además, puede reemplazar muchos trabajos.

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“Por eso hemos presentado en Paraguay el 5 de mayo de 2025, una propuesta legislativa que establece un marco legal integral y detallado, que aborda tanto los beneficios como los riesgos de la inteligencia artificial, y propone medidas para que su uso no sea peligroso”, mencionó.

El legislador indicó que la iniciativa propone mecanismos para prevenir y mitigar estos riesgos, clasifica tipos de riegos, defiende derechos de personas afectadas, además de una adecuada supervisión estatal.

“El proyecto reconoce que la IA puede ser peligrosa si no se regula, pero plantea mecanismos preventivos y correctivos sólidos para asegurar un desarrollo ético, seguro y responsable”, comentó.

No obstante, Chase señaló que, si bien sus futuras aplicaciones vayan a implicar inmensos cambios en la sociedad; en gran parte ya está muy presente en la vida cotidiana de cualquier ciudadano.

“Cualquiera que tenga acceso a los smartphones, las herramientas de navegación e incluso el monitoreo en redes sociales en base a nuestras experiencias como usuarios, aplican de alguna forma inteligencia artificial. Esta rápida y reciente evolución de los usos de sistemas de lA ha generado un impacto transversal sobre toda la sociedad, con grandes beneficios en todos los ámbitos de la actividad humana”, comentó.

Agregó que, estos sistemas han generado riesgos para los derechos fundamentales del individuo, como ocurre con los relativos a la discriminación y protección de datos personales.

Finalmente, el senador Chase señaló que la propuesta legislativa está enfocada en regulaciones similares que son aplicados en la Unión Europea, basado en riesgos y derechos fundamentales.

“La Unión Europea ha aprobado una ley que toma la forma de reglamento integral sobre lA, que busca regular ésta según sus riesgos, clasificando las herramientas de lA en tres categorías: de riesgo inaceptable, de alto riesgo y de riesgo bajo o mínimo para la seguridad de las personas, adaptando la futura normativa e integrándola a la regulación actual (sobre protección de datos personales, nuevas tecnologías y/o derecho de autor, entre otras)”, precisó.

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La moción de incluir el pro­yecto dentro de los puntos del orden del día de una extraor­dinaria, fue realizada por el senador Natalicio Chase, lo cual fue acompañado por sus pares. La propuesta legisla­tiva fue sujeto de debate en esta sesión y mientras que las comisiones revisoras reco­mendaron su aprobación con modificaciones, algunos par­lamentarios como el senador Líder Amarilla, se pronuncia­ron en contra.

“La Comisión de Legislación, en conjunto con otras comi­siones, aconseja la aprobación con modificaciones”, expresó el senador Eduardo Naka­yama, vocero de la citada comisión, quien indicó que realizaron un trabajo con­junto con las comisiones de Derechos Humanos, Equidad y Género, Desarrollo Social, Pueblos Indígenas, Familia y Niñez, entre otras.

La propuesta sufrió modifi­caciones de forma en cuanto a las reglas de tratamiento, especialmente para los niños y adolescentes provenientes de comunidades indígenas. También se hicieron ajustes en cuanto a la participación de la Defensoría en los pro­cedimientos para lograr las reparaciones e indemnizacio­nes que pudieran correspon­der por los daños ocasionados a las víctimas.

Es de mencionar que la ini­ciativa ya cuenta con la media sanción de parte de Dipu­tados. La senadora Lizare­lla Valiente manifestó que si bien actualmente el cria­dazgo está tipificado como trata de personas, este hecho no tiene sanción. “Esta prác­tica normalizada se repite hasta hoy y consideramos que debe ser erradicada y por ende el castigo debe ser ejemplar”, sostuvo.

El senador Orlando Penner, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, destacó la labor interinstitucional rea­lizada y aseguró que el INDI tendrá participación en la implementación de la ley, res­paldando igualmente la apro­bación con modificaciones.

Por su parte, el senador Líder Amarilla manifestó su opo­sición al proyecto, argu­mentando que “no contem­pla todas las complejidades y dimensiones de las vulnera­ciones de derechos en el con­texto del criadazgo y no res­ponde a los requerimientos actuales”.

La senadora Yolanda Pare­des solicitó la postergación del estudio del proyecto por 15 días, con el objetivo de pro­fundizar su análisis y socia­lización, pero la moción no prosperó.

Finalmente, el Pleno decidió postergar el tratamiento del tema para una próxima sesión extraordinaria, fijada para el martes 20 de mayo.