La situación de la Caja Fiscal sigue generando preocupación ante el creciente déficit. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra trabajando en analizar todos los números de la previsional para exponer sobre la mesa cómo se trabajará para la reforma. Estiman que el proyecto de ley se presentará en diciembre de este año.

En ese sentido, el equipo técnico del MEF ya viene manteniendo reuniones con senadores y diputados, en el marco de una campaña de concienciación previa a la presentación del proyecto de ley, explicó el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. “No se trata solo de enviar una propuesta. Queremos que quienes votan comprendan qué se está planteando y por qué es necesaria esta reforma”, afirmó a la 1020 AM.

Durante los encuentros con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, el equipo económico presentó un diagnóstico completo de la situación. Expusieron los números reales del déficit, las proyecciones a mediano plazo y también qué sectores contribuyen más a la presión sobre el sistema. Según el ministro, algunos legisladores “salieron preocupados” tras ver los datos, pero valoraron la apertura técnica del equipo.

Leé también: Gremio rechaza liberar el comercio de azúcar en el Mercosur: “Es inaceptable”

Además de mostrar el estado actual de la Caja, el MEF presentó un “menú de opciones” basado en experiencias internacionales sobre cómo encarar una reforma. No se habló aún de un modelo cerrado, sino de alternativas que permitan reducir el déficit y dar sostenibilidad al sistema previsional del sector público. La intención es construir consensos antes de formalizar una propuesta legislativa, afirmó Fernández Valdovinos.

La presentación oficial del proyecto se realizará más adelante, posiblemente en diciembre de este año, pero el proceso ya está en marcha. El Ejecutivo busca evitar un escenario de tensión política o desinformación, y apuesta a que el debate se dé con base en datos concretos. La estrategia incluye reuniones técnicas, socialización con actores clave y comunicación clara hacia la ciudadanía.

Por otro lado, respecto a la Superintendencia de Pensiones, el ministro aseguró que el Consejo de Seguridad Social está funcionando con normalidad, con quórum legal y la participación activa de los presidentes de las cajas previsionales.

Te puede interesar: Importadores sobre el dólar: “Este comportamiento es atípico, no estaba en el pronóstico”

Dentro del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, marcada para el martes, figura el proyecto de ley “Que amplía las disposiciones del Código Electoral, regula la figura de las concertaciones de carácter nacional, departamental y municipal”. La iniciativa fue aprobada con modificaciones por el Senado por lo que retorna para su análisis a la Cámara Baja.

De acuerdo con lo que se menciona en la exposición de motivos de esta propuesta legislativa, se busca “fortalecer el sistema democrático” mediante la regulación de mecanismos de colaboración política, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en los procesos electorales.

El proyecto establece tres niveles de concertaciones: nacional, departamental y municipal, y al mismo tiempo propone la regulación de las mismas, entendidas como alianzas o acuerdos temporales entre partidos y movimientos políticos para fines específicos.

Lea también: Viceministerio de Trabajo confía en destrabar el paro de transportistas

Según lo expresado previamente por el senador Derlis Maidana, quien está a favor de esta iniciativa, uno de los fines de este proyecto es “evitar la perversión del derecho al voto” y apunta a que cada partido pueda contar con su propio padrón, uno de los motivos que despierta el rechazo de la concertación.

“Lo que se busca con esta propuesta es que cada partido político tenga su propio padrón electoral, que cada agrupación tenga la autonomía de decidir quiénes son sus candidatos en las elecciones internas, conforme a lo que establece el Código Electoral Paraguayo”, explicó Maidana en una entrevista a Nación Media.

Asimismo, descartó que este proyecto sea “anticoncertación” e indicó que lo se busca es otorgar a las concertaciones un marco legal efectivo de modo que establezcan condiciones, requisitos, períodos de tiempo para la inscripción, entre otros tipos de disposiciones. Si Diputados aprueba la versión del Senado, la iniciativa quedará sancionada.

Le puede interesar: Peña anuncia nuevo episodio de su podcast con foco en el empleo

“Lo que nosotros queremos siempre es fomentar la participación ciudadana, pero naturalmente ellos hablan de cercenamientos y otras falacias”, comentó. Según el proyecto, para constituir una concertación nacional, los partidos y movimientos políticos deberán obtener la aprobación de sus respectivas asambleas o convenciones, y formalizar el acuerdo mediante escritura pública.

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, aseguró que en caso de no llegar a un acuerdo en la tripartita ya cuentan con un plan de contingencia para garantizar el servicio del transporte público durante los tres días.

Dijo que cuentan con los buses que pondrá el gobierno, más el ofrecimiento del sector privado, con lo que esperan llegar a cubrir el 70 % de la demanda, lo que significará que el paro anunciado por Cetrapam podría tener un impacto del 30 %.

Nota relacionada: Paro de buses generará perjuicio laboral por G. 66.000 millones, advierte experto

El alto funcionario fue convocado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde abordaron tema del paro y destacaron la prioridad de garantizar que la ciudadanía no se vea muy afectada por la medida de fuerza.

“Estamos trabajando con la presidencia de la República el plan de contingencia, y estamos afinando con las distintas instituciones del Estado, para disponer de la flota del sector público para sacar ese día. También tenemos el ofrecimiento de varios gremios del sector privado que nos han confirmado que dispondremos de su flota, uno de ellos cuenta con 320 buses que no se sumará al paro”, precisó.

Fernández resaltó que un elemento importante, que ahora por primera vez se va a dar, es que se declarará el transporte público como servicio imprescindible, así como el servicio de salud pública. Entonces, indicó que se deberá garantizar una movilidad mínima por parte de las empresas que se sumen a la medida de fuerza.

“Nosotros vamos a trabajar en la declaración de imprescindibilidad, y por más que las empresas se sumen al paro, van a tener que sacar buses. Porque si no lo hacen estarán violando un derecho del ciudadano", dijo.

Remarcó que se hará un control estricto con estas empresas de que cumplan con el servicio mínimo de la flota de buses y de constatarse que no se cumple, se llevará adelante el sumario con las sanciones correspondientes.

Afirmó que la mesa de contingencia ya está trabajando también en el plan de acción e itinerarios que serán cubiertos. No obstante, el viceministro señaló que existe un tiempo aun de diálogo, y que apelarán a esa mesa tripartita para llegar a un acuerdo y evitar a llegar a la medida de fuerza.

Por otra parte, el viceministro Fernández aseguró que desde el Gobierno siempre hubo predisposición a pagar los subsidios, hubo inconvenientes, pero se terminaron pagando. Igualmente indicó que hay mesas técnicas que analizan el tema de la discrepancia sobre la tarifa técnica con el gremio.

“Por eso, decimos que la medida es desproporcional. Hemos informado a los diputados todos estos pormenores, y vamos a seguir trabajando. El lunes inicia la tripartita en el ámbito del viceministerio del Trabajo, y ahí tendremos espacio de diálogo donde vamos a exhortar todo lo que acabo de mencionar”, indicó.

Siga informado con: Verificarán con censo cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Asunción

El diputado colorado Rodrigo Gamarra reprochó el anuncio de la medida de fuerza del sector transportista, señalando que este paro es un chantaje descarado contra la ciudadanía, ya que considera que no existen justificativos para esta medida de fuerza.

En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que no observa alguna crisis de costos, tampoco hay deuda atrasada por parte del Gobierno; por tanto, “lo que hay es una presión abusiva sobre la ciudadanía de parte de los empresarios del transporte", dijo.

Nota relacionada: Gobierno convoca a mesa tripartita con transportistas para evitar el paro

De hecho, afirmó que hace unos días el Viceministerio de Transporte confirmó que están al día con el pago de subsidio. El legislador compartió unos datos concretos respecto a la suba de combustible, explicando que sigue manteniendo la tarifa más baja, incluso cuando asumió el gobierno el presidente Santiago Peña.

Al respecto destaca que a pesar del último reajuste, el precio actual sigue siendo G. 1.600 más bajo que en enero de 2023, lo que representa una caída neta del −18 %.

“Nosotros, y menos la ciudadanía, puede seguir siendo rehenes de un grupo que amenaza con paralizar el país cada vez que no se le da un privilegio. El Estado no puede legislar bajo extorsión. Acá es necesario poner orden en el sector del transporte”, reprochó .

El legislador recriminó de este modo las últimas declaraciones del titular de Cetrapam, César Ruíz Díaz, quien bajo tono amenazantes hizo el anuncio del paro de tres días. Indicó que esa no es la base para iniciar una mesa de negociación seria.

“Las bases de negociación deben ser sobre realidades, y éstas son que el combustible bajó entre 4 o 5 veces en este gobierno. En enero del 2023, estaba G. 8.900, que fue el punto más alto registrado el diésel común. De ahí fue bajando, hasta G. 6.920. Recién ayer, 10 de julio, subió de vuela el costo del combustible, subió a G. 7.300; y aún así sigue siendo 1.600 guaraníes más bajo, de cuando inició este gobierno”, explicó.

Por otra parte, indicó que el aumento salarial que se dio en este mes, es aún muy poco, en comparación a lo que los empresarios están exigiendo para ajustar la tarifa.

“No existen argumentos válidos para decir que van a paralizar el país. Estoy de acuerdo, que cualquier sector puede exigir reivindicaciones, que pueda pedir revisiones y pueda asentar criterios o conceptos por los cuales cree que merece un mejor trato, y no generar de la nada una crisis cuando no los hay”, acotó.

Por otra parte, el legislador colorado señaló que considera que ha llegado el momento de analizar alguna legislación, para que cualquier ciudadano, usuario del transporte público, pueda demandar civilmente a los dueños de líneas transporte; cuando éstos suspendan el servicio sin razón válida.

Sostuvo que los empresarios deberían asumir las responsabilidades cuando perjudican económica, o en su salud al usuario de transporte.

“El usuario también necesita contar con garantías cuando utiliza el servicio, porque también está solventando el servicio con el pago de su pasaje. Por que la persona el día del paro, no podrá llegar a su lugar de trabajo, a riesgo que se lo descuenten la jornada, no podrá llegar a su consulta médica. Entonces, se tienen que hacer cargo de la responsabilidad civil o penal que ellos generan”, señaló.

Mencionó que también es necesario que se analice alguna legislación que establezca cancelar los itinerarios y volver a licitar los mismos, de aquellos que no cumplen con el servicio.

Le puede interesar: Verificarán con censo cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Asunción