La diputada Rocío Abed presentó un proyecto de ley “que declara el 27 de abril como Día Nacional del Politólogo Paraguayo”, explicando que busca establecer una fecha para el reconocimiento de los profesionales del área de las Ciencias Políticas, quienes fomentan ciencia, cultura democrática y participación ciudadana en los procesos políticos.
La legisladora señaló que la fecha propuesta es el 27 de abril, en conmemoración del Primer Congreso Internacional de Ciencias Políticas, llevado a cabo en el año 2016, en la ciudad de Coronel Oviedo, en el departamento de Caaguazú.
En la exposición de motivos de la iniciativa señala que en dicha actividad contó con el respaldo académico de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), y reunió a renombrados expertos de la región, quienes dictaron conferencias magistrales sobre el acontecer político y nutrieron con sus experiencias a los participantes.
Destacó que, desde entonces, este evento se realiza cada año, de forma ininterrumpida, en las distintas ciudades donde se encuentran las universidades públicas que cuentan con la carrera de Ciencias Políticas: Asunción, Villarrica, Pilar, Ciudad del Este y San Ignacio.
“El trabajo profesional de los politólogos ha ido creciendo y constituye una pieza clave por fomentar la cultura cívica, la implementación de políticas públicas, nuevos liderazgos y la participación ciudadana en los procesos políticos”, dice parte de la exposición de motivos.
Mediante esta propuesta se busca incorporar el “Día del Politólogo Paraguayo” en el calendario educativo del Ministerio de Educación y Ciencias. Además, autorizar a dicha cartera estatal, la organización y auspicio de actividades propias de la celebración de este día. La iniciativa será estudiada en las comisiones asesoras de Diputados.
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Gobierno prepara el terreno para la reforma de la Caja Fiscal
La situación de la Caja Fiscal sigue generando preocupación ante el creciente déficit. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra trabajando en analizar todos los números de la previsional para exponer sobre la mesa cómo se trabajará para la reforma. Estiman que el proyecto de ley se presentará en diciembre de este año.
En ese sentido, el equipo técnico del MEF ya viene manteniendo reuniones con senadores y diputados, en el marco de una campaña de concienciación previa a la presentación del proyecto de ley, explicó el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. “No se trata solo de enviar una propuesta. Queremos que quienes votan comprendan qué se está planteando y por qué es necesaria esta reforma”, afirmó a la 1020 AM.
Durante los encuentros con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, el equipo económico presentó un diagnóstico completo de la situación. Expusieron los números reales del déficit, las proyecciones a mediano plazo y también qué sectores contribuyen más a la presión sobre el sistema. Según el ministro, algunos legisladores “salieron preocupados” tras ver los datos, pero valoraron la apertura técnica del equipo.
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Además de mostrar el estado actual de la Caja, el MEF presentó un “menú de opciones” basado en experiencias internacionales sobre cómo encarar una reforma. No se habló aún de un modelo cerrado, sino de alternativas que permitan reducir el déficit y dar sostenibilidad al sistema previsional del sector público. La intención es construir consensos antes de formalizar una propuesta legislativa, afirmó Fernández Valdovinos.
La presentación oficial del proyecto se realizará más adelante, posiblemente en diciembre de este año, pero el proceso ya está en marcha. El Ejecutivo busca evitar un escenario de tensión política o desinformación, y apuesta a que el debate se dé con base en datos concretos. La estrategia incluye reuniones técnicas, socialización con actores clave y comunicación clara hacia la ciudadanía.
Por otro lado, respecto a la Superintendencia de Pensiones, el ministro aseguró que el Consejo de Seguridad Social está funcionando con normalidad, con quórum legal y la participación activa de los presidentes de las cajas previsionales.
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Diputados volverá a tratar este martes proyecto que regula las concertaciones
Dentro del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, marcada para el martes, figura el proyecto de ley “Que amplía las disposiciones del Código Electoral, regula la figura de las concertaciones de carácter nacional, departamental y municipal”. La iniciativa fue aprobada con modificaciones por el Senado por lo que retorna para su análisis a la Cámara Baja.
De acuerdo con lo que se menciona en la exposición de motivos de esta propuesta legislativa, se busca “fortalecer el sistema democrático” mediante la regulación de mecanismos de colaboración política, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en los procesos electorales.
El proyecto establece tres niveles de concertaciones: nacional, departamental y municipal, y al mismo tiempo propone la regulación de las mismas, entendidas como alianzas o acuerdos temporales entre partidos y movimientos políticos para fines específicos.
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Según lo expresado previamente por el senador Derlis Maidana, quien está a favor de esta iniciativa, uno de los fines de este proyecto es “evitar la perversión del derecho al voto” y apunta a que cada partido pueda contar con su propio padrón, uno de los motivos que despierta el rechazo de la concertación.
“Lo que se busca con esta propuesta es que cada partido político tenga su propio padrón electoral, que cada agrupación tenga la autonomía de decidir quiénes son sus candidatos en las elecciones internas, conforme a lo que establece el Código Electoral Paraguayo”, explicó Maidana en una entrevista a Nación Media.
Asimismo, descartó que este proyecto sea “anticoncertación” e indicó que lo se busca es otorgar a las concertaciones un marco legal efectivo de modo que establezcan condiciones, requisitos, períodos de tiempo para la inscripción, entre otros tipos de disposiciones. Si Diputados aprueba la versión del Senado, la iniciativa quedará sancionada.
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“Lo que nosotros queremos siempre es fomentar la participación ciudadana, pero naturalmente ellos hablan de cercenamientos y otras falacias”, comentó. Según el proyecto, para constituir una concertación nacional, los partidos y movimientos políticos deberán obtener la aprobación de sus respectivas asambleas o convenciones, y formalizar el acuerdo mediante escritura pública.
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Registro Nacional de Pagarés avanza con consenso del Ejecutivo, la Corte y el Congreso
“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.
Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.
“Mafia de los pagarés”
El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.
El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.
Poder Judicial
La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.
Poder Ejecutivo
Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.
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Poder Legislativo
Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.
Pacto institucional
“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.
El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.
Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.
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Diputados archiva proyecto de derribo de aviones
En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados archivó el proyecto de ley “que establece mecanismos y procedimientos para la fase III del derribo de aviones”. De acuerdo al análisis de los legisladores, esta modificación a la ley n.° 6.980/2022 es innecesaria y la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno", de hecho recomendó el rechazo de la iniciativa.
“La ley vigente de vigilancia y espacio aéreo paraguayo faculta a realizar operaciones para la intersección y el uso de la fuerza mediante la legítima defensa para caso de vuelos ilícitos a los efectos de neutralizar la amenaza inminente si fuere necesario, sin comprometer la responsabilidad del Estado paraguayo a posibles daños y perjuicios”, expresó el diputado Pedro Ortiz, de la mencionada Comisión.
El legislador mencionó una serie de motivos por los cuales consideraron que la aplicación de la propuesta legislativa no era viable. En esta línea, indicaron que la recomendación de rechazar el proyecto se debe a una conclusión remitida por el propio Ministerio de Defensa, que expuso la serie de tratados internacionales y convenios a los que se encuentra suscrito nuestro país que son contrarias a este proyecto.
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“Cualquier derribo de aviones que la Fuerza Aérea pueda ejecutar, debe ser para preservar la seguridad y defensa nacional y estar vinculada a la potencialidad de las aeronaves ante una posible acción hostil que constituya una amenaza a los intereses vitales del Estado, pero no puede estar asociado a un hecho ilícito o posible comisión de delito”, explicó.
El Ministerio de Defensa alegó que consideran los principios y garantías constitucionales, así como las normas y convenios internacionales como la protección a la vida, el debido proceso, el convenio de Chicago, que los estados contratantes reconocen que deben abstenerse del uso de las armas en contra de aeronaves civiles en vuelo.
Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la presunción de inocencia y garantía del debido proceso. La Fuerza Aérea Paraguaya, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución, tiene como misión la integridad territorial en el espacio aéreo nacional. “Por lo tanto, es innecesaria la modificación de la normativa vigente y solicito el rechazo de este proyecto de ley”, añadió Ortiz, moción que fue votada en mayoría por sus colegas.