El diputado Roberto González presentó esta semana un proyecto de ley que busca modificar seis artículos de la ley que establece la pensión universal para adultos mayores, con el objetivo de extender este beneficio a las personas con discapacidad severa, independientemente a su edad.

La iniciativa plantea modificar los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

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La propuesta legislativa surge como respuesta a lo que el parlamentario considera una “omisión significativa” en la ley original, que dejó desprotegida a una población vulnerable que enfrenta barreras importantes para su inclusión social y económica.

Según la exposición de motivos la Ley 7322/2024 nació con el propósito de otorgar un ingreso económico mensual equivalente al 25% del salario mínimo, a personas vulnerables que, por su edad o condición física, no pueden acceder al mundo laboral.

“La mencionada ley no contempla a personas con discapacidad severa de cualquier edad, dejando desprotegida a una población vulnerable que aparte de las carencias y dolencias físicas, debe sobrellevar costosos tratamientos médicos”, argumenta el diputado en su escrito de presentación.

Agrega que el proyecto encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Paraguay, que en su artículo 28 establece el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado, incluyendo acceso a protección social.

Refiere, igualmente, que el documento se apoya en el artículo 25 de la Constitución Nacional, que reconoce específicamente los derechos de las personas con discapacidad, y busca garantizar el principio de vida digna consagrado en la Carta Magna.

Algunas de las modificaciones incluyen la incorporación de las personas con discapacidad severa certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Sinadis), como beneficiarias de la pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo, independientemente a la edad.

Además, crea el “Fondo de Pensión a Personas con Discapacidad Severa” como complemento al fondo existente para adultos mayores. Así como establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe crear un objeto de gasto específico para el pago de pensiones tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad severa.

Mantiene las mismas restricciones para acceder al beneficio, excluyendo a quienes reciban remuneraciones del sector público o privado, contribuyan al Impuesto a la Renta o posean más de 30 cabezas de ganado.

González argumenta finalmente que la medida no solo promoverá la inclusión social, sino que también aliviaría la carga económica de las familias que cuidan personas con discapacidad severa.

Es importante mencionar que también existe otro proyecto que persigue el mismo fin, que fuera presentado por un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley N° 7322/2024 ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

Este proyecto establece que las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Sinadis, podrán acogerse a los beneficios de la presente ley a los sesenta años de edad.

Por otro lado, estipula y aclara que para acogerse a este beneficio bastará que el postulante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 50% (cincuenta por ciento).

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“Nuestro anhelo es embarcarnos en la energía renovable a gran escala”, expresó el presidente de la República, Santiago Peña, este viernes desde el Palacio de Gobierno, durante el acto de firma del contrato del proyecto de construcción de la línea de transmisión de 220 kV que beneficiará a la región del Chaco, entre Villa Hayes, Concepción, Pozo Colorado y Loma Plata, además de la Subestación de Pozo Colorado.

El jefe de Estado destacó que en la fecha no se trata simplemente la firma de un nuevo contrato o de una nueva obra simplemente; si no que esto forma parte de una visión del Paraguay que se está anhelando, soñando; ya que se trata de una gran deuda postergada por años.

Indicó que, más allá de la construcción de carreteras, como el corredor Bioceánico que unirá el océano Atlántico con el Pacífico, y que esperan que para el 2027 culmine la obra del puente en el municipio brasileño Porto Murtinho (Mato Grosso del Sur) y otras obras que están avanzando. Existen una muy larga lista de desafíos que se debe emprender.

Peña ndicó que la energía eléctrica ha sido una constante, porque la falta de la misma está reteniendo el desarrollo, ya que hubiera sido mucho más vigoroso ese desarrollo si se accede a mucha más energía eléctrica.

El jefe de Estado manifestó que, a lo largo de su carrera pública, ya desde ministro de Hacienda, hoy como jefe de Estado el mayor tiempo de su gestión es monopolizado por la discusión que compete a la política energética con una mirada al 2040.

“Esta es una política fundamental, un pilar fundamental del desarrollo, por eso esta reunión hoy acá, es muy grato poder recibir a tanta gente que está haciendo enormes inversiones en el Chaco, para el desarrollo agrícola. Esperanzado que esa frontera agrícola crezca mucho más, porque sabemos que eso valoriza la tierra aumenta la producción y es el desarrollo que queremos para toda la región del Chaco paraguayo”, acotó.

Remarcó que esto es solo una parte de la estrategia a llevar adelante, y apenas paliativo a lo que ya está haciendo el sector privado en el Chaco. Por eso, es necesario emprender en medidas mucho más ambiciosas.

“Nuestro gran anhelo es cómo podemos embarcarnos en la producción a gran escala de energía renovable, a parte de las hidroeléctricas que hoy estamos desarrollando y trasladando casi mil kilómetros. Necesitamos emprender el desarrollo de la energía solar, la ANDE tiene un proyecto muy importante para el Chaco de 140 megavatio”, acotó.

A esto, el mandatario agregó que el otro gran sueño es que el Corredor Bioceánico se convierta también en el principal corredor energético que pueda llevar también esas enormes cantidades de reserva de gas que se han descubierto en la Argentina, y pueda llegar al Brasil que es el mayor consumidor de gas en América Latina y eso pueda pasar por el medio del Chaco paraguayo, lo cual nos permitirá hacer uso de ese gas para la generación de energía eléctrica.

“Sí esto se llega a dar, y eso para muchos es un sueño muy grande, y que escapa a la imaginación; ahí habrá un cambio fundamental, gigante en el desarrollo del Paraguay, y no solo va a beneficiar al Chaco, sino a todo el país”, enfatizó.

El jefe de Estado puntualizó que personalmente tiene un enorme optimismo sobre el potencial de desarrollo que tiene el país, con el desarrollo de nuevas tecnologías, se está hablando hoy de que Paraguay se convierta en un centro tecnológico con la llegada de inversiones en materia de inteligencia artificial.

“No podemos negar que hemos sido bendecidos con una tierra tremendamente productiva y el Paraguay todo lo que ha hecho en materia de producción agropecuaria, todavía podemos hacer muchísimo más. Para eso, tenemos que animarnos a soñar, tenemos que emprender proyectos ambiciosos. Estamos llegando a la mitad del Chaco paraguayo y todavía nos queda un largo camino”, enfatizó.

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Brasil emplazó a Paraguay hasta este viernes 30 de mayo para llegar a un acuerdo en la revisión del Anexo C del Tratado de la Itaipú Binacional, con la amenaza de volver a bajar la tarifa a su nivel anterior, que era de USD 16,19, a través de una acción judicial. Las negociaciones fueron interrumpidas por el escándalo de espionaje realizado por el Gobierno de Brasil a altas autoridades paraguayas. En esta fecha, se debían presentar las propuestas de ambas partes.

Al respecto, el experto en energía Victorio Oxilia explicó que el Tratado de la Itaipú Binacional no permite que se tome una decisión unilateral por una de las partes, Brasil o Paraguay, ni tampoco puede permitirse una intervención judicial en las negociaciones bilaterales, como la que refiere el socio brasileño.

“Las decisiones en Itaipú no se pueden tomar de manera unilateral, y tampoco el Poder Judicial brasileño ni paraguayo pueden hacerlo, lo que sí podría intervenir el Poder Judicial brasileño es en la tarifa de retajo, una tarifa que es brasileña, establecida en Brasil y se basa, es cierto, en la tarifa de Itaipú y a esa tarifa se suma otros encargos que son de mercado eléctrico brasileño, exclusivamente de Brasil”, dijo Oxilia, este viernes, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Agregó que, en este caso, los tratados y acuerdos establecidos son bastante claros. “Judicialmente pueden intervenir en esa tarifa, pero no en la tarifa de Itaipú que ya fie acordada hace aproximadamente un año, entonces, yo creo que en ese sentido, no hay posibilidad por lo menos jurídica, los documentos del Tratado, los instrumentos que tenemos entre los dos países no permiten decisiones unilaterales que sean válidas”, aseveró.

Para el experto, existen otros componentes en este “emplazamiento” realizado por el ministro de Minas de Brasil, Alexandre Silveira. “Lo que sí hay que leer de esa noticia es lo incómodo que se sienten en Brasil con relación a esta situación y principalmente a lo que es el rezago en llegar a conclusiones con revisión al Anexo C”, refirió.

Otro de los motivos sería que Brasil esté “incómodo” con el avance de estas negociaciones es la mirada de otros países hacia Paraguay, como los Estados Unidos con relación al excedente de energía, lo que está creando competitividad para Brasil.

“Hay un hecho que también creo debe estar incidiendo, que es esta noticia, este mensaje que se estuvo dando en los últimos días con relación a usar la energía excedente en datacenter, en equipos que colaboran o están interviniendo en la inteligencia artificial, que fue un mensaje dado desde los Estados Unidos por una persona de altísimo nivel, como es el Secretario de Estado (Marco Rubio)”, apuntó.

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El diputado Alejandro Aguilera, uno de los integrantes de la Comisión de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, indicó que la primera reunión para instalar la mesa directiva está prevista para el próximo lunes. Dijo que, a partir de allí, se establecerán las convocatorias a los concejales municipales y al intendente Miguel Prieto.

“Nosotros vamos a reunirnos el lunes, nuestra primera reunión probablemente, a confirmar. Luego, inmediatamente, ya haríamos la invitación para convocarle a los concejales municipales, para que vengan a dar su versión, también de las denuncias, y luego estaremos convocando al intendente Miguel Prieto”, adelantó, este jueves, en entrevista a La Nación/Nación Media.

Con relación a la convocatoria a las autoridades de la Contraloría General de la República (CGR) para exponer sobre el informe que llevó al pedido de intervención por parte del Poder Ejecutivo, Aguilera refirió que el informe es bastante completo, por lo que el llamado estaría demás. También adelantó que se podría realizar una visita in situ a la sede municipal para constatar las denuncias.

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“La Cámara cuenta ya hoy en día con el dictamen emitido por la Contraloría General de República, así que estaría ya demás invitarlo a él (contralor Camilo Benítez). Sí a pedido de los miembros de la comisión, si ellos lo sugieren y creen conveniente, también iríamos hasta Ciudad del Este para ver in situ, cotejar las denuncias que hay respecto determinadas obras, sobrefacturaciones y demás denuncias existentes”, sostuvo el legislador en conversación con LN.

Una vez que se realicen todas las convocatorias y la eventual verificación in situ, ya estará emitiendo el dictamen final. “Luego, ya estaríamos elevando un dictamen que pondríamos a consideración del plenario de la Cámara de Diputados, para que la Cámara tome la decisión de si interviene o no la municipalidad. Calculamos un plazo de dos semanas que va estar en funcionamiento de esta comisión y luego ya va quedar en manos de la Cámara”, señaló el diputado.

Por otra parte, se refirió a la posible renuncia de Prieto a la intendencia y afirmó que mientras no exista nada oficial no se puede evaluar si esto afectaría o no el trabajo de la Comisión de Intervención. “No quiero hablar de supuesto porque es una información que no es oficial, sí escuché versiones, pero si es que no sucede no quisiera emitir ningún tipo de opinión”, sentenció.

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