La Cámara de Diputados tiene previsto estudiar, en la sesión ordinaria del próximo martes 8 de julio, el proyecto de ley que crea el “Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito”, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y prevenir fraudes dentro del sistema financiero paraguayo. La iniciativa nació luego de la mafia delictiva conocida como “mafia de los pagarés”.
La iniciativa plantea la creación de un registro centralizado, bajo la dependencia de la Corte Suprema de Justicia, para inscribir de forma obligatoria pagarés, letras de cambio, cheques, bonos y otros títulos de crédito.
De acuerdo con el texto, los documentos deberán ser registrados dentro de los 10 días hábiles posteriores a su emisión. En caso de incumplimiento, no podrán ser ejecutados judicialmente ni tendrán validez frente a terceros. El sistema funcionará de manera digitalizada y emitirá un certificado de registro como requisito indispensable para cualquier acción judicial de ejecución.
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Cada vez que se registre un título, el deudor recibirá una notificación automática a través de mensajes de texto, correo electrónico y aplicaciones de mensajería, como medida para alertar sobre posibles fraudes. El proyecto responde a la falta de un registro central que, según la exposición de motivos, ha derivado en casos de duplicación de documentos, adulteración de títulos y dificultades para comprobar su autenticidad.
El registro podrá ser utilizado por entidades financieras reguladas, cooperativas autorizadas, casas de bolsa, escribanos públicos y emisoras de valores, todas previa autorización del Banco Central del Paraguay. La propuesta también contempla penas de entre tres y cinco años de prisión, además de multas que podrían alcanzar hasta el triple del monto defraudado, para quienes falsifiquen documentos o ingresen datos incorrectos en el sistema.
Los jueces que ejecuten títulos no registrados también serán pasibles de sanciones. Para su implementación, el proyecto introduce modificaciones al Código Procesal Civil, la Ley General de Bancos y el Código Civil. Actualmente, se encuentra en su primer trámite constitucional.
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