El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, informó que presentó este lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos; sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna.
En conferencia de prensa, señaló que formalizó la denuncia acompañando pruebas documentales de lo que considera un esquema delictivo que supuestamente está operando dentro de la comuna esteña, bajo la administración de Miguel Prieto, actualmente suspendido en el cargo mientras dure esta intervención.
Indicó que se confirmaron indicios contundentes de la existencia de una caja paralela, que está diseñada para lo que se podría denominar un desvío de recursos de los contribuyentes. Confirmó que la denuncia se presentó con los nombres de los responsables, las fechas de las operaciones sospechosas y los correspondientes documentos.
“Lo que encontramos es un esquema de desvío de recursos, a través de lo que denominamos caja paralela, a espaldas de los contribuyentes de Ciudad del Este. En este tiempo me consta que son fieles cumplidores de su responsabilidad con el municipio”, expresó.
Han detectado que los contribuyentes realizan los pagos de sus tributos a la Municipalidad y existía un registro en el sistema con emisión de comprobantes, registros de pagos, específicamente en los ejemplos que han tomado en las cuentas corrientes catastrales de los impuestos inmobiliarios. Comprobaron que ese dinero cobrado no ingresaba a la tesorería municipal.
Señaló que hallaron una serie de numeración de los comprobantes que son totalmente inconsistentes con el sistema de numeración de los comprobantes emitidos. La denuncia presentada se basó en casos específicos, donde notaron que se emitían comprobantes de la Caja 6 en una fecha específica, pero en el registro de Tesorería, al hacer el arqueo de cajas, aparecía que ese día la Caja 6 estaba fuera de funcionamiento.
Indicó que este mismo patrón de proceso se repite para 9 operaciones similares que fueron tomadas como muestras en los meses de enero y febrero de este año, para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público. Informó que estos 9 casos tomados corresponden a dos días específicos que tendría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a Tesorería.
“Quiero dejar en claro que esto es solamente una parte pequeña de la investigación. Funcionarios con roles y accesos específicos manipularon al sistema informático para registrar operaciones como pagadas, pero que no fueron ingresadas a la Tesorería”, agregó.
Detectaron pagos millonarios que no ingresaron a las arcas y que tendrían a pariente de Prieto como pieza clave.
Aunque el intervenido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, aseguró que la caja paralela denunciada ayer por la intervención municipal ya había sido detectada por su gestión a inicios de año, los documentos muestran que su versión no coincide con los hechos.
Prieto mantuvo hasta junio de 2025 en un cargo clave a su prima Meribeb Alonzo Vallejos, hoy implicada en las graves maniobras irregulares, y la apartó solo por nepotismo –hecho que admitió el apartado jefe comunal– y no por las graves anomalías en el cobro del impuesto inmobiliario.
La investigación en el municipio esteño surgió tras una auditoría informática al sistema SIGEM, donde se detectaron pagos millonarios, registrados como efectuados en enero de 2025, que no figuran en la Tesorería. Entre las operaciones cuestionadas figuran movimientos en las cajas 6 y 8, con usuarios y cajeros asignados que no coinciden con los registros oficiales. Entre los implicados aparecen Meribeb Alonzo Vallejos, prima de Prieto; Iván Giovanni Vera Morel y Micaela Herrera. Varios comprobantes presentan fechas y montos válidos en el sistema, pero no corresponden a arqueos reales de caja.
Prieto sostiene que su administración detectó casi G. 900 millones de irregularidades y que removió a responsables. Sin embargo, la denuncia que él presentó solo menciona a dos funcionarios por “lesión de confianza” y omite toda referencia a su prima, a quien defendió públicamente como “demasiado honesta para estar ahí”. La intervención, en cambio, documentó pagos inconsistentes, usuarios con perfiles alterados y respaldos digitales que indican posibles manipulaciones del sistema. Entre las pruebas remitidas se incluyen memorándums autenticados, fichas de inmuebles, arqueos de caja y respaldos informáticos.