La Cámara de Senadores incluyó dentro del orden del día para la sesión ordinaria de este miércoles el tratamiento del proyecto de ley que crea el registro nacional de personas desaparecidas y el sistema de alerta (Mafe), iniciativa presentada por varios diputados.
El mencionado proyecto ya cuenta con media sanción por parte de Cámara de Diputados, donde se trató y aprobó el pasado junio, no obstante, estaba pendiente su tratamiento en la Cámara Alta.
El diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, dijo ante el pleno lo siguiente: “Solicito el acompañamiento y aprobación de esta ley tan necesaria, que requieren nuestras familias para tener un marco legal adecuado para que sepan qué hacer en estos casos. La desaparición de personas es una de las tragedias más angustiantes que puede enfrentar una familia”.
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La “ley Mafe” hace referencia a María Fernanda Benítez, una adolescente de 17 años de Coronel Oviedo, cuyo asesinato conmocionó al país. El proyecto está inspirado en su caso, como una respuesta legal para mejorar la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Será una base de datos oficial del Estado para tener registro y seguimiento de casos de personas desaparecidas y permitirá visualizar con mayor claridad la dimensión real del problema en Paraguay. Se prioriza la acción en las primeras 24 horas después de la desaparición, ya que es cuando las probabilidades de encontrar a la persona son mayores.
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Estiman más de 10.000 desaparecidos tras los terremotos en Venezuela
¿Mil, 10.000 o 50.000? La cifra de desaparecidos por el doble terremoto que golpeó hace casi un mes y medio a Venezuela da lugar a cifras disímiles que las autoridades no se esfuerzan por esclarecer. La búsqueda de cadáveres continúa entre las ruinas de decenas de edificios que se derrumbaron como castillos de arena y dejaron al menos 6.125 muertos, según el último saldo oficial.
Salvo algún hallazgo milagroso, a más de 40 días de la tragedia se considera “desaparecidas” a las personas cuyos cuerpos no han sido hallados bajo los escombros. El último parte oficial publicado el lunes indica la cantidad de muertos, personas atendidas en hospitales, viviendas afectadas y hasta las toneladas de escombros retiradas. Pero desde el 24 de junio, día de los terremotos, no hay dato alguno sobre desaparecidos.
En Caraballeda, una localidad del estado costero de La Guaira que concentra la mayor cantidad de víctimas y daños, decenas de voluntarios y rescatistas abren túneles entre escombros de edificios derrumbados. Intentan acceder a los apartamentos donde se encuentran los cuerpos de sus seres queridos.
“Vamos a seguir (...) Hasta que no lo consiga, no me voy a quedar quieto”, dice Víctor Morales con lágrimas en las mejillas. Busca el cuerpo de su nieto de 11 años tras recuperar el de su nieta de 13 de entre los escombros.
“Nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a seguir. Y estamos desde el día uno aquí, pensando por aquí, abriendo huecos hasta la planta baja, buscando, sacando” escombros, dice este carpintero de 50 años que descansa bajo una lona al pie del edificio, recalentado por el inclemente sol caribeño.
¿Cuántos desaparecidos hay?
Al día siguiente de la catástrofe, Tom Fletcher, responsable de ayuda humanitaria de la ONU, estimó la cifra de desaparecidos en unos 50.000.
Fue un “error”, estimó una fuente diplomática que pidió el anonimato. “Es imposible saberlo exactamente, pero lo que se maneja es arriba de 10.000”, añadió.
Proyectar un número es casi una misión imposible con los datos demográficos oficiales porque el último censo poblacional de Venezuela data de 2011.
El gobierno, que afronta una crisis económica y política desde 2013, no ha podido o querido hacer un censo en los últimos 15 años.
Las autoridades son en general reticentes a publicar estadísticas demográficas o económicas. Lo hacen a cuentagotas, cuando parece convenirles, incluso en medio de la crisis por los devastadores sismos.
El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo el 30 de junio que 30.000 personas se encontraban en las zonas afectadas por el sismo, y que entonces se contabilizaron 19.000 que se salvaron y 2.000 fallecidos.
Según este recuento, faltaban 9.000 personas. 9.000 más 2.000 resulta en 11.000 muertos. ¿Será este el balance final?
El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, habló la semana pasada de casi 6.000 muertos y, según un registro de habitantes, al menos 1.338 desaparecidos. Otra autoridad con nuevas cifras y más contradicciones.
Ante la ausencia de información oficial, los venezolanos han creado sitios web para intentar encontrar a las víctimas.
Allí también hay contradicciones. Al menos tres iniciativas distintas estiman entre 17.000 y 41.000 desaparecidos.
Según la página “Venezuela Te Busca”, unas 44.274 personas fueron declaradas desaparecidas por sus familiares y 17.790 “quedan por localizar”.
El sitio “Desaparecidos Terremoto Venezuela” data de 44.418 reportados como desaparecidos y 29.518 que siguen “sin contacto”.
Mientras que el portal Venezuela Reporta registra unos 41.311 “desaparecidos”. La fuente diplomática aplaudió la “buena voluntad” de las iniciativas, pero desestimó la fiabilidad de estas cifras.
Descansar en paz"
En “eventos tan desastrosos de semejante magnitud (...) pueda suceder que alguien no se recupere, no se lo encuentre o quede desaparecido”, advirtió Esteban Chala, un experimentado rescatista argentino con experiencia en otras catástrofes.
El temor de muchas familias es que sus allegados figuren para siempre como desaparecidos. Quieren recuperar sus restos para darles una sepultura digna.
Fernando Bencomo enciende un cigarrillo mientras personal forense, vestidos con trajes blancos de bioseguridad, extraen con cuidado el cuerpo irreconocible de su hijo, Fernando Antonio Bencomo, un estudiante de 21 años, y su perro. El cuerpo fue encontrado tras 40 días de búsqueda.
“Tenía toda la vida (por delante). Desde el primer día estoy aquí buscando, no quería parar antes que pudiera descansar en paz”, lamentó este policía de 50 años. “Sacamos entre 40 y 49 cuerpos. Voy a seguir ayudando. Hay otros cuerpos” por recuperar de entre los escombros, afirma. Su hijo es un desaparecido menos, pero un muerto más.
Fuente: AFP.
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Fiscalía pide 10, 4 y 3 años a acusados en caso María Fernanda
Se dictaron las penas para personas involucradas directamente al crimen de la joven.
En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.
Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.
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Por ley buscan redireccionar G.500.000 millones para compra urgente de medicamentos
Los senadores Gustavo Leite y Antonio Barrios, de la bancada Honor Colorado, presentaron este miércoles un proyecto de ley que busca recortar G. 500 mil millones de gastos prescindibles para aplicarlos -de manera inmediata- a medicamentos a través del Ministerio de Salud Pública.
La iniciativa busca autorizar la transferencia de créditos presupuestarios de organismos y entidades del Estado de la administración central a favor de la cartera sanitaria y se proponen medidas excepcionales para su ejecución. “Esto guarda relación con una presentación que yo hiciera aquí hace dos semanas sobre el clamor de la ciudadanía de tener medicamentos en los hospitales a tiempo”, fundamentó ante el pleno el senador Leite.
Destacó el trabajo de la Comisión Bicameral de Presupuesto que ha identificado más de 500.000 millones de guaraníes de gastos prescindibles que aún no fueron obligados dentro del presupuesto vigente, que “serán aplicados a medicamentos ahora”.
El congresista aclaró que el monto no es para pagar deudas contraídas con farmacéuticas, sino a la compra de “medicamentos nuevos ahora”. “Estoy entregándole esto, está a disposición para los quieran adherirse”, expresó el legislador colorado al pedir al secretario general del Senado que reciba y haga público el documento.
El parlamentario solicitó que el proyecto sea tratado como primer punto del orden del día en la próxima sesión de la Cámara Alta y que las comisiones se reúnan cuanto antes para emitir los dictámenes pertinentes.
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Senadores buscan agilizar implementación de la nueva Ley de Armas
Senadores que integran la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, convocaron a una mesa técnica con representantes de diferentes sectores para evaluar el alcance e implementación de la Ley Nº 7411/2025, que regula el uso de armas de fuego, explosivos, precursores químicos y artículos pirotécnicos.
Asistieron a la reunión, miembros de la Asociación de Comerciantes de Armas de Fuego y de la Cámara Paraguaya de Empresas de Servicios y Sistemas de Seguridad. Así también estuvieron representadas las Asociaciones de Cazadores Deportivos del Paraguay, la Federación Paraguaya de Tiro y el Gremio de Clubes de Tiro. Estos referentes exteriorizaron su preocupación por la lenta implementación de la nueva normativa.
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Según manifestó el vicepresidente de la citada comisión asesora, Rubén Velázquez la aplicación de la ley avanza con lentitud, por lo que dificulta la importación tanto de armas como de municiones. “La intención es que esta nueva ley se implemente de manera gradual, pero con mayor agilidad. Actualmente, los procesos son muy lentos y eso dificulta las importaciones”, refirió.
Dijo que los representantes de los gremios consideran que se trata de una normativa moderna, que resuelve muchos de los problemas que existían en materia de trazabilidad de las armas. Aunque se quejaron su “aplicación aún avanza con demasiada lentitud”, conforme expresó el legislador.
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