El ministro del Interior, Enrique Riera, opinó sobre los constantes intentos del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en pretender desprestigiar a la justicia paraguaya mediante entrevistas concedidas desde la clandestinidad. Ayer reapareció en un medio local, ante la permisiva postura de la exsenadora Kattya González, denigrando a los operadores de justicia.
“Decir que no confía en nuestra justicia es lógico, es la única que le persigue porque curiosamente se puede mover por toda América Latina, pero no pone sus pies en Paraguay porque sabe que acá hay una orden de captura”, sostuvo el ministro Riera, este miércoles, en una entrevista con los medios de comunicación.
El secretario de Estado fue contundente en indicar que las instituciones del Estado no cederán a los condicionamientos exigidos por Marset para que se produzca su supuesta entrega. El narco, sindicado en la autoría moral del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, requirió a través de su abogado paraguayo la liberación de su esposa Gianina García Troche, recluida en el penal militar de Viñas Cué.
Marset “tiene el legítimo derecho a la defensa, que se presente y rinda cuentas ante la justicia y sin condiciones. Lo único que podemos garantizar es su absoluta seguridad”, afirmó el titular de la cartera de seguridad. El criminal se encuentra prófugo desde el 2022, al iniciar el operativo A Ultranza Py, y su último paradero se conoció en 2023, cuando logró huir de una operación policial en Bolivia.
Respecto a la permisiva entrevista que le hizo Kattya Gonzaléz, comentó: “Me cuesta entender en qué momento una exsenadora se convirtió en periodista y si nos tendría que dar pistas para agarrar a uno de los criminales más buscados o si hay que priorizar la noticia para darle visibilidad como héroe a una persona que envenenó a miles de almas y jóvenes paraguayos”.
Por otra parte, el alto funcionario de Estado aseguró que los agentes fiscales y jueces que llevan adelante el caso de Marset se encuentran custodiados debido a las constantes amenazas realizadas públicamente por el criminal. “Tienen una protección especial bajo un sistema integral”, ratificó.
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