El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó un nuevo marco legal para el arbitraje. El anuncio se dio luego de una reunión entre el mandatario y los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), este martes, en el Poder Judicial. La ley de Arbitraje fue una iniciativa del Poder Ejecutivo buscando modernizar íntegramente el régimen arbitral paraguayo tras dos décadas de vigencia de la actual normativa.
El mandatario resaltó que se está fortaleciendo la seguridad jurídica y la institucionalidad del Paraguay. “Hoy promulgamos ante el pleno de la Corte Suprema la nueva Ley de arbitraje. Esta normativa es un paso decisivo en la modernización de nuestro marco legal”, expuso a través de su cuenta de red social X.
Igualmente, destacó que “al establecer reglas claras y ágiles para la resolución de conflictos, logramos la descongestión de los tribunales, permitiendo que el Poder Judicial se enfoque en las causas ciudadanas”.
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“El presidente de la República en el poder judicial promulgó la nueva ley de arbitraje 7.561, que fue fruto de un trabajo conjunto. Vinimos trabajando ya hace dos años en un proyecto de ley que vino a modernizar el sistema de arbitraje en el Paraguay, convirtiéndose sin ninguna duda, en una de las leyes más modernas del mundo en materia de arbitraje”, explicó Roberto Moreno, ministro asesor jurídico de la Presidencia, en conferencia de prensa.
Indicó que, con la segunda calificación de grado de inversión para Paraguay, el país está jugando en la primera liga y los grandes inversores, empresas y corporaciones están mirando al Paraguay y “eso requiere de un marco jurídico seguro y de avanzada, y es lo que hemos venido trabajando dos años en este proyecto de ley que hoy ha visto la luz”.
El asesor jurídico detalló que esta nueva ley fue firmada en el Poder Judicial un significado simbólico institucional que “Paraguay está dando pasos grandes e importantes en la consolidación de su marco jurídico y en la consolidación de su imagen como un país serio ante la comunidad internacional”, atendiendo que esta ley establece reglas muy claras de competencias del poder judicial de cuando puede y cuando no puede intervenir para coadyuvar o auxiliar a los árbitros.
Agregó que “en otro punto de la ley de arbitraje, que para mí son muy importantes, tiene que ver con los puntos de contacto entre el poder judicial y el arbitraje, porque el arbitraje tiene jurisdicción, pero no tiene imperio, es decir, no tiene fuerza para ejecutar sus mandatos y por tanto requiere de la ayuda del Poder Judicial para practicar pruebas, para ejecutar medidas cautelares y eventualmente para ejecutar los laudos que son las sentencias que dictan los árbitros”.
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