Diputados que integran las Comisiones de Asuntos Migratorios y Desarrollo y de Asuntos Electorales convocan a una reunión técnica con funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para analizar el proyecto de ley “Que establece la inscripción en el Registro Cívico Permanente (RCP) de ciudadanos paraguayos y paraguayas residentes en el Paraguay y en el extranjero, para el pleno ejercicio del derecho al voto”.

El encuentro está previsto para este lunes 10 de agosto a las 9:00 en el Salón Vip de la Cámara Baja.

Asistirán también representantes de diversas instituciones vinculadas a la aplicación de la normativa, tales como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección Nacional de Migraciones, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y la Dirección General del Registro del Estado Civil.

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La mesa interinstitucional también está compuesta por miembros del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, la Coordinadora de la Migración Paraguaya y la Red de Mujeres Migrantes, entre otras.

Durante la jornada se analizarán avances y desafíos relacionados con la implementación de la referida ley, con énfasis en el proceso de empadronamiento de los ciudadanos paraguayos residentes en el exterior.

Se prevé abordar igualmente, los datos y resultados registrados hasta la fecha respecto al avance del empadronamiento en el extranjero, además de las acciones interinstitucionales necesarias para garantizar la efectiva participación electoral de los paraguayos residentes en el exterior.

La Ley n.º 7443/2024 establece la inscripción automática en el Registro Cívico Permanente al cumplir los 18 años, tanto para ciudadanos residentes en Paraguay como para aquellos que viven en el extranjero, con el objetivo de fortalecer condiciones para el ejercicio pleno del derecho al voto.

Según los registros oficiales, entre los años 2011 y 2025 solo se ha logrado inscribir poco más de 57.000 personas, lo que representa el 3,8 % de los 1.500.000 connacionales que viven fuera del país.

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Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la agente fiscal Blanca Rosa Aquino, de la Unidad Penal N.º 3 de J. Augusto Saldívar, allanó este jueves la sede de la Junta Municipal de Ypané en el marco de la causa N.º 3855/2026, que investiga la presunta usurpación de funciones públicas por parte de la concejal liberal Mirta Elena Oviedo.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público para recabar evidencias relacionadas con la investigación.

Los trabajos de la comitiva consistieron en recabar información, documentos y evidencias relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 27 de julio, cuando la concejal Oviedo volvió a asumir como intendenta durante una controvertida sesión desarrollada en la Junta Municipal.

Esto teniendo en cuenta, que la misma ya había sido designada anteriormente por los miembros de la bancada liberal oficialista, sin contar con el quórum requerido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral había resuelto una medida cautelar, dejar sin efecto dicha resolución por no cumplir con los requerimientos del estatuto municipal.

Al respecto, el concejal colorado Rubén Cabral en comunicación con La Nación/Nación Media, recordó los antecedentes del caso, ya que durante aquella jornada del pasado 27 de julio, se registraron incidentes que habrían impedido la normal participación de algunos concejales. De acuerdo con las denuncias presentadas, un grupo de manifestantes bloqueó la salida de ediles colorados de la sala de sesiones, situación que habría permitido mantener el quórum necesario para llevar adelante el acto para que la concejal Oviedo preste nuevamente juramento como jefa comunal.

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Al respecto, señaló que la bancada colorada realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público, en defensa de la institucionalidad, en rechazo a que se le eligió a la citada concejal liberal sin contar con el quórum correspondiente; además que existía la medida cautelar del TSJE que anulaba todo ese procedimiento, y que la misma no fue respetada.

“Con base a estos hechos, denunciamos el desacato a la orden judicial y se formaron cuatro carpetas fiscales ante la misma fiscal Aquino, en fechas diferentes, prácticamente cada semana con diversas denuncias”, comentó.

Señaló que la fiscal Aquino fue recusada por el oficialismo municipal, en tanto que la agente fiscal en todo momento buscó la forma de conocer cómo fue designada la concejal Oviedo y bajo qué circunstancias. Indicó que en varias ocasiones llegó a través de la comisaría local varios oficios para que se remita a la Fiscalía los documentos, y las respuestas a las preguntas de la fiscal, pero ni la Junta Municipal ni la Intendencia respondieron a dichos oficios.

“La fiscal ya había solicitado en dos ocasiones anteriores órdenes de allanamiento, pero fue recusada en esas carpetas fiscales. Incluso este jueves, durante el procedimiento, el concejal Denis Chamorro le manifestó que se encontraba recusada. Ante ello, la agente fiscal Blanca Rosa Aquino aclaró que la recusación corresponde a otra causa y no al expediente en el que estaba interviniendo en esa oportunidad”, señaló.

De acuerdo a las declaraciones de la agente fiscal Aquino, brindó a medios locales, la investigación del Ministerio Público apunta a determinar si la exautoridad municipal ejerció funciones públicas sin contar con la competencia legal correspondiente, conducta que podría encuadrarse en el hecho punible de usurpación de funciones públicas, previsto en la legislación paraguaya con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de privación de libertad.

Respecto a los documentos y evidencias incautados informó que serán analizados por el Ministerio Público como parte de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. El caso continúa en etapa investigativa y la Fiscalía no descarta nuevas actuaciones en el marco de la causa.

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Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) comunicaron que arrancó el simulacro del recorrido para beneficiarios del “Voto en Casa”.

Las labores están a cargo de la Dirección de Derechos Humanos en el marco del programa Voto Accesible, implementado para facilitar el derecho al sufragio el próximo 4 de octubre.

Las autoridades explicaron que estas tareas exploratorias se llevan a cabo con el propósito de reconocer el trayecto e identificar el domicilio de los electores beneficiados por el programa “Voto Accesible”, en su modalidad “Voto en Casa”.

Se busca medir el tiempo y efectuar los cálculos o ajustes necesarios para la jornada electoral, con los nexos asignados, titulares y suplentes.

Asimismo, se procedió a la presentación de las máquinas de votación para la divulgación de su uso entre los beneficiarios del referido programa.

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Los funcionarios del TSJE iniciaron el recorrido en la zona de La Encarnación, en Asunción. Las visitas se realizarán durante todo el mes de agosto en las 19 ciudades donde se aplicará el “Voto en Casa”. Según los registros de la Justicia Electoral, en total 608 electores serán beneficiados con este programa.

Se abarca las ciudades de Asunción, Capiatá, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, Mariano R. Alonso, Ñemby, San Lorenzo y Villa Elisa.

Igualmente se incluye a los distritos de Coronel Oviedo, Caaguazú, Encarnación, Cambyretá, Ciudad del Este, Villa Hayes, San Estanislao, Villarrica, Caazapá y Concepción.

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Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Enrique Bogarín González, presidente; César Emilio Rossel, vicepresidente; y Jaime Bestard, en su calidad de miembro, mantuvieron una reunión con el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros y el diputado nacional y director de Justicia y Calidad Pública del PLRA, Rodrigo Blanco.

Al respecto, el titular del PLRA señaló que es una visita de cortesía de parte de la nucleación política, en la que conversaron sobre temas inherentes a las elecciones municipales de 2026, previstas para el domingo 4 de octubre. Enfatizaron que su presencia es una muestra de confianza en la institución y su capacidad de organizar procesos electorales.

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“Conversamos con los ministros del tribunal, de tal modo a tener un canal de comunicación fluido con el TSJE y trabajar en garantizar la transparencia”, expresó Alcides Riveros al término de la reunión.

A su turno, el diputado Rodrigo Blanco, por su parte, sostuvo que buscan mantener un contacto fluido, constante y con apertura, por sobre todas las cosas para todos los requerimientos y para todas las necesidades que tenga el partido en su relacionamiento con la Justicia Electoral.

“La Justicia Electoral es el órgano político trascendental en cuanto a los procesos democráticos”, puntualizó. Además aclaró que en la reunión también se establecieron las líneas de trabajo y que al culminar la misma han quedado satisfechos.

En tanto, que el tesorero del PLRA, Agustín Saguier, resaltó que siempre hay una apertura, un trabajo serio, responsable de parte de la Justicia Electoral. Mencionó que es clave que la institución siga trabajando como lo viene haciendo, de forma transparente y creíble.

Participaron por la Justicia Electoral los directores de Gabinete de Presidencia, Vicepresidencia y Miembro del TSJE, Rocío Frutos, David Vittone y Enmanuel Gorman, respectivamente; el director de Partidos y Movimientos Políticos, Silvio Ortiz; y el director de Recursos Electorales, Francisco Olmedo. Mientras que la comitiva del PLRA estuvo conformada además por el apoderado nacional y secretario general, Cristian González.

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