El senador de Patria Querida Fidel Zavala dijo que el Gobierno Nacional y la ciudadanía deberían estar atentos ante las resoluciones la Comi­sión Nacional de Refugiados (Conare) de Argentina, ya que considera que podría también otorgarse a criminales que se encuentran en nuestro país. Zavala afirma que esto es muy peligroso para la estabilidad de la República, debido a que Conare otorgó refugio polí­tico a la familia de Carmen Villalba (líder del EPP) radi­cada en el vecino país.

Zavala insta al Gobierno para­guayo a hacer todo el esfuerzo de comunicar claramente y comprometer a la Cancille­ría para aclarar estos temas de manera coordinada.

El senador fue víctima de secuestro a manos del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), durante 94 días de cau­tiverio, entre el 15 de octubre del 2009 y el domingo 17 de enero del 2010.

“Buscan victimizarse y abrir una puerta, como para se que consiga des­pués refugio político para los criminales que están por acá, hecho que la historia a nosotros nos lo demues­tra. Con el caso de Arrom, Martí y Colmán ocurrió lo mismo”, expresó. “Entende­mos que ellos tienen contac­tos a altos niveles políticos”, agregó. En ese sentido, hizo hincapié en las plataformas de las organizaciones no gubernamentales que acti­van en el plano político.

El senador hizo especial énfasis en su contrariedad con la Comisión de Dere­chos Humanos en Paraguay (Codehupy), en particular a su representante Óscar Ayala Amarilla, quien fuera el abo­gado y representante de Juan Arrom y Anuncio Martí (prófugos de la Justicia, sindica­dos como secuestradores y brazo político en los inicios del grupo armado que se con­vertiría en el EPP), es ahora juez y parte. Esto ya que se realizarán entrevistas en el Norte donde podría verse informes imparciales y ten­denciosos en la relatoría de esta oenegé, que es conside­rada en estamentos inter­nacionales.

Respecto al anterior informe de la nucleación “Opaque violencia Norte-pe”, Zavala considera que muestran un Paraguay de 1960: “Donde existían represiones, donde no existía libertad, donde no existía el Estado de dere­cho, ni una justicia inde­pendiente”. Sostuvo que “es parte de su libreto”, para indicar que los sustentos que se presentan en las comisio­nes de refugiados se basan en estos informes.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, se refirió al EPP, calificándolos como “terroristas”, agregó que existe coopera­ción por parte de organismos internacionales con el fin de resca­tar a los secuestrados.

“Yo soy categórica al respecto, son terroristas, sus actos son terroristas, no hay que opinar de dar un estatus a los crimina­les. Tenemos familias enlutadas. Realmente estar en el campo de interacción es muy difícil porque existe una vida y en ese momento lo más importante es la vida del ex vicepresidente Óscar Denis, entonces decir vamos a entrar se corre casi el 90% de que ellos al instante lo ejecuten, nadie quiere cargar con esa situación, tamaño dolor, la familia suplicando”, afirmó.

El EPP tiene secuestrado al agente policial Edelio Morínigo desde 5 de julio del 2014; al ganadero Félix Urbieta desde el 12 de octubre del 2016 y al ex vicepresidente de la República Óscar Denis desde el 9 de setiembre del 2020.