El titular de la Unión de Ingenieros de la Administración Nacional de Electricidad, Diego Ávalos, advirtió sobre la situación que representa el atentado sufrido por uno de sus miembros, presuntamente porque se opuso a la aprobación de una licitación que presentaba indicios de irregularidad. Se trata del ingeniero Gustavo Gayoso, administrador de Contratos de Ande.
El ingeniero afectado fue víctima de un ataque al mejor estilo de la mafia. Desconocidos balearon su vivienda y dejaron en la misma la fotografía de su esposa e hijo, en una obvia amenaza contra los mismos.
El gremio que nuclea a los ingenieros de la Ande se pronunció sobre el violento episodio, que dejó en estado de shock a los miembros de la familia del asociado.
En el comunicado, los ingenieros señalan su apoyo y solidaridad hacia su compañero Gustavo Gayoso, y piden a las autoridades investigación y ejemplar castigo contra los autores materiales e intelectuales del atentado.
La víctima se desempeña como administrador de Contratos de la Ande. Y el único motivo enojoso que el mismo plantea se refiere a un caso de cuestionamiento a aristas que rodeaban a un proceso licitatorio. En esa línea, los investigadores tejieron una de las hipótesis del atentado.
En ese sentido, la posibilidad apunta a una empresa que incumplió un contrato para la provisión de transformadores.
El ingeniero Ávalos remarcó que tras sufrir el ataque planteó la posibilidad de renunciar a su cargo, pero que los directivos y compañeros le pidieron que se tome unas vacaciones, y a su retorno se aborde una solución que le favorezca, sin necesidad de dimitir.
El entramado de intereses que rodea al caso fortalece las sospechas de los investigadores policiales, que indican que las pesquisas se desplegarán a fondo de manera a esclarecer el controvertido hecho.
La Ande es una de las instituciones donde se verifica un importante volumen de dinero relacionado a compra de bienes y servicios. Las licitaciones para el efecto suman millones de dólares y en los últimos años las mismas se han visto envueltas por presuntos hechos de corrupción. Varios de ellos incluso están bajo la lupa de la Contraloría General de la República.
El ataque tiene los ribetes de ser una acción por encargo, característica hasta hace poco de la frontera norte y este del país, pero que desde hace poco se instaló con mucha fuerza en el departamento Central y en la capital.