El intento de entablar juicio político a la fis­cal general del Estado, Sandra Quiñónez, no pros­peró por tercera vez y los diputados decidieron man­darlo al archivo. Los intere­ses que giraban en torno a esta maniobra, encabezada por el oficialismo y la Concer­tación, eran demasiados, pero al final el plan no fue perfecto.

Fácilmente se podría hacer una descripción de algunos personajes aliados a la tur­bia intención de querer cam­biar abruptamente a Sandra Quiñónez y que con el vere­dicto de la Cámara Baja fue­ron derrotados. El primero es el propio presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez, quien admitió pública­mente estar a favor del jui­cio político y dio la venia para que ingentes recursos sean ofrecidos a los dubitativos.

Le sigue el vicepresidente, Hugo Velázquez, sin duda alguna el mayor derrotado, ya que tenía la intención de quedarse con el Ministerio Público como garrote polí­tico para perseguir a los adversarios y deshacerse de ellos. Velázquez quería usar la Fiscalía como botín electoral y de recaudación. Pretendía que su esposa, la fiscal con permiso Lourdes Samaniego, sea la próxima en estar al frente de la Fiscalía General del Estado, ambición que admitió ella misma y de manera pública.

El intento de sacar a la fis­cal general no solo tuvo respaldo de la oposición y el sector oficialista, ya que algunos medios de comu­nicación también se alinea­ron para concretar el propó­sito. Uno de ellos es el diario Abc Color, con su directora, Natalia Zuccolillo, aliada al Gobierno y alineada a cada una de sus operaciones. Tiene al Ministerio Público como uno de sus objetivos para per­seguir a grupos empresaria­les contrincantes y, segura­mente, solucionar cuestiones pendientes con la Justicia, entre ellas una querella por calumnia y difamación.

Antonio J. Vierci, fiel ope­rador del oficialismo, bene­ficiario de pauta pública que pone a todos sus sol­dados al servicio del Poder Ejecutivo.

El intento fallido de enta­blar el juicio político contra Sandra Quiñónez tuvo varios protagonistas empedernidos. Uno de ellos fue el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, cuya imagen y liderazgo que­daron dinamitados luego de que 18 votos liberales hayan sido los que se hartaron del circo del juicio y permane­cieron en la sala.

Kattya González, una de las principales responsables del fracaso del juicio polí­tico, asumió que sus colegas eran sus subalternos, quie­nes cayeron en la cuenta de que los estaban usando para lograr notoriedad para su campaña proselitista.

También podemos mencio­nar al ministro de la Secreta­ría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Car­los Arregui, quien era, de hecho, uno de los candida­tos del Poder Ejecutivo para ocupar el puesto de Sandra Quiñónez. Arregui era quien “pasaba letra” a los voce­ros del juicio político en la Cámara Baja.

La diputada Celeste Amari­lla, repudiada por sus propios correligionarios por su alta­nería, fue el motivo por el que varios liberales se hartaron a raíz de sus maltratos y dis­cursos. Hugo Ramírez juega a ser el vocero de Hugo Veláz­quez en la Cámara Baja. Era quien hacía de “maletinero” para que los recursos lleguen a los destinatarios.

Y, por último, y no menos importante, el veredicto de la Cámara Baja también derrotó a Sebastián Villarejo. El juicio político contra la fis­cal general del Estado era su única herramienta para rea­lizar su campaña proselitista y ahora quedó sin temas para su agenda.