La ministra de la Secre­taría Nacional Anti­drogas (Senad), Zully Rolón, al parecer se preocupa más del secretismo que de la honestidad de sus agentes. Un claro ejemplo de cómo fun­ciona un ente donde no hay transparencia es el propio ex ministro Arnaldo Giuzzio, quien fue pillado en amista­des con el narco y destituido a causa de ello.

Rolón compartió en sus redes sociales un comuni­cado de la Senad que pretende restringir a los medios de comunicación la publica­ción de posibles hechos de corrupción que involucran a agentes especiales y que denotan un llamativo creci­miento patrimonial no acorde a los salarios que perciben.

Asimismo, busca responsa­bilizar a periodistas de vio­lentar leyes que acomodan a su conveniencia para frenar el derecho constitucional de informar. El comunicado institucional en cuestión hace una interpretación arbitra­ria de un artículo de la ley de agentes especiales para instar a no divulgar identidades y así evitar descubrir sospechosos de corrupción.

El comunicado surgió en respuesta a una pesquisa del equipo periodístico de La Nación Investiga, que se encuentra revelando una serie de informes sobre los lujos que ostentan algunos investigadores y analistas que forman parte de la Uni­dad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Senad.

Fuentes antidrogas señala­ban que la serie de revelacio­nes de La Nación Investiga ha generado un tenso ambiente dentro de la institución, y más aún dentro de la SIU, puesto que supuestamente la minis­tra ya había sido informada sobre las ostentaciones y lujos de varios investigadores y analistas de escuchas tele­fónicas, y ahora que se des­tapó la olla, surgen aún más los cuestionamientos inter­nos hacia la administración.

La Nación Investiga reveló cómo Carlos Chamorro Por­tillo y su esposa Natalia Bere­nicce Bareiro, ambos en SIU, con ingresos líquidos que hasta julio del 2022 no llega­ban a los G. 7 millones, aparecieron recientemente en un vehículo de altísima gama 0 Km, adquirieron importantes propiedades, que incluso no aparecen en sus declaracio­nes juradas de bienes. Estas personas tuvieron un incre­mento patrimonial de 700%, ya que al ingresar a la Senad en el 2015 declararon activos de G. 65 millones, pero en la última declaración la pareja pasó a registrar bienes por G. 518 millones.

Lo único que hace la Senad en este caso es buscar frenar las publi­caciones y defender a los agentes especiales sospechados al menos de un incremento excesivo de su patrimonio cuando sus salarios por sí solos no dan, y más aún teniendo en cuenta que esto se da luego de megainvestigaciones contra el crimen organizado que estuvieron plagadas de filtraciones como fue el caso de A Ultranza Py. Además, otro de los que también saltó con sospecha es el caso del director de Operativa Departamental, Abelino Valdez, que consignó en su última declaración jurada de agosto del 2022 propieda­des que estaban y están a nombre de Chamorro.