A menos de dos semanas de asumir el cargo, el futuro can­ciller Rubén Ramírez Lezcano calificó el conflicto generado en la hidrovía por el peaje impuesto por Argentina con el embargo de un barco con ban­dera paraguaya como “grave e inaceptable” y que requiere “acción inmediata”. Lo dijo este miércoles al acudir a una sesión de la Comisión de Rela­ciones Exteriores y Asuntos Internacionales en el Senado.

“El presidente Santiago Peña me ha instruido a actuar rápi­damente, no habiendo asu­mido aún, para arbitrar todos los mecanismos posibles para resolver esta situación”, comentó Ramírez ante los senadores. “Estamos pidiendo que el Mercosur convoque a discutir esta cuestión. Obvia­mente es un tema que vamos a tratar el 15 de agosto con todos los presidentes”, refirió res­pecto al acto de asunción del gobierno entrante.

“Un día que pasa una embarca­ción con nuestra bandera rete­nida arroja una pérdida enorme para la empresa que la trans­porta, pero también un antece­dente muy pernicioso para las relaciones internacionales y la exigencia de cumplimiento de los tratados internacionales”, expresó el próximo canciller.

El futuro ministro del gabi­nete de Santiago Peña refirió que en conversaciones con el sector privado afectado abor­daron acciones jurisdicciona­les en Argentina para liberar al carguero retenido, y pidió al gobierno actual que respalde a los empresarios en esta etapa. No obstante, si se resolviera la situación del buque HB Grus, Ramírez remarcó que no aban­donarán el tema desde el Ejecu­tivo que asumirá el 15 de agosto.

“Nosotros queremos que este precedente no se repita, que­remos que se fortalezca insti­tucionalmente el proceso de integración y vamos a apelar a todas las herramientas a nues­tro alcance para resolver esta situación de manera estructu­ral y permanente”, ratificó el ministro designado por Peña.

También explicó que las dis­cusiones técnicas han puesto en evidencia que Argentina no demostró las inversiones que justifiquen el pago de un peaje que faciliten la navegación, por lo tanto, los cuatro países que integran la comisión, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil, no aprobaron la medida unilate­ral, según consta en el informe técnico. “No es aplicable una tarifa”, aseveró.

“Las opciones que tenemos en el ámbito diplomático es llegar al órgano de solución de diferen­cias que prevé el Comité Inter­gubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH), que pasa a un ámbito más de carác­ter jerárquico político. También a los operadores que recurran a la Justicia. Esto no significa que abandonemos ninguna acción en el ámbito de los tratados de la libre navegación de la hidro­vía, el tratado del Mercosur”, manifestó Ramírez Lezcano, al cerrar su intervención.

El pasado 28 de julio, el Juz­gado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal, a cargo de José Luis Cassi­nerio, de Rosario (Santa Fe), ordenó el embargo preventivo e interdicción de navegación al remolcador HB Grus, de ban­dera paraguaya, y la misma medida se intentó aplicar a la embarcación HB Phoenix, de bandera boliviana, ambas pertenecientes a la naviera de capital brasileño Hidrovías do Brasil (HB); por considerarlo deudor de la polémica tarifa de peaje impuesta por la Admi­nistración General de Puer­tos (AGP) en el tramo Santa Fe-Confluencia de la Hidro­vía Paraguay-Paraná (HPP).

Un día que pasa una embarcación con nuestra bandera retenida arroja una pérdida enorme para la empresa que la transporta, pero también un antecedente muy pernicioso para las relaciones internacionales”.