El Congreso Nacional lleva adelante el estudio del informe de Contraloría General de la República sobre la ejecu­ción presupuestaria de 2022, donde detalla varios hechos de corrupción que rondaría los G. 4 billones de guaraníes. A fin de analizar este estudio el Legis­lativo instituyó una Comisión

Bicameral especial donde se estudia dicho informe, para conocer sobre el avance de este análisis. Fue invitado del pro­grama “Fuego cruzado” que se emite por GEN el senador Dio­nisio Amarilla, que preside esta mesa de trabajo.

Al respecto, el parlamentario comentó que el informe consta de 10 tomos que fueron remi­tidos al Congreso Nacional, en virtud a lo que establece el artículo 282 de la Constitución Nacional. Mencionó además que para un mejor desglose del informe, atendiendo que esta Comisión Bicameral tiene un plazo de 45 días para elaborar un dictamen, se han distri­buidos las instituciones entre los diferentes legisladores que conforman la bicameral. Indicó que el dictamen podría aprobar, objetar o hacer alguna salvedad respecto al informe.

Indicó que el informe fue ela­borado a partir de auditorías que practicó la Contraloría General de la República, en las diferentes entidades y orga­nismos del Estado, incluidas gobernaciones y municipalida­des. El senador Amarilla indicó que se han puesto a revisar los documentos y, a la vez, han soli­citado a la Contraloría acceder al listado de reportes de hechos punibles al Ministerio Público.

“Confirmamos que nuestra interpretación del informe remitido al Congreso de la Nación era la correcta, por­que habrán visto que el jueves quisimos tener la presencia del expresidente del Instituto de Previsión Social, el doctor Vicente Bataglia, quién remi­tió una nota excusándose de no participar porque la causa ya está en el Ministerio Público, lo que nos pareció llamativo, porque era una oportunidad de explicarnos de manera somera su visión sobre el reporte de la Contraloría”, comentó.

Indicó que ante la ausencia del extitular del IPS, y con la presencia de los mismos audi­tores que llevaron adelante el informe, han confirmado esos hechos punibles. Indicó que la denuncia de corrupción y daño patrimonial en el IPS está orillando los G. 1,7 billo­nes (USD 230 millones) aproxi­madamente, que corresponde a medicamentos no identifica­dos, insumos y bienes adqui­ridos no identificados, que corresponde solamente a la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2022.

“Los hechos punibles denun­ciados por la Contraloría tam­bién contienen otros ejercicios fiscales, pero el informe que nosotros estamos tomando como elemento de análisis es exclusivamente sobre la eje­cución, el saldo de la deuda, la gestión del Ejecutivo corres­pondiente al ejercicio fiscal 2022. No obstante, a partir de la confirmación de la inter­pretación que teníamos como órgano político del informe técnico de la Contraloría era el correcto, a partir de ahí nos propusimos a ampliar el aná­lisis”, explicó.

En tal sentido, informó que se están analizando los reportes de Contraloría sobre el MOPC, igualmente están realizando el mismo análisis con res­pecto a Petropar; asimismo, han solicitado informe sobre los hechos punibles y si los mismos se han presentado ante la Fiscalía. Indicó que hechos similares se están notando en el Instituto Nacio­nal del Cemento (INC), Minis­terio de Educación y Cien­cias (MEC), en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), entre algunas gobernaciones y municipios que están con observaciones de la Contraloría.