El diputado Hugo Meza, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y vicepresidente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, se refirió acerca del estudio sobre el proyecto “Hambre cero en las escuelas”, destacando el compromiso y el consenso entre cada uno de los actores políticos, en torno a la importancia de materializar el plan. En el programa “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media, garantizó que existe un acuerdo ampliado para la aprobación en general del proyecto.
“Hay un amplio acuerdo, solo faltan ajustar algunas modificaciones que se estarían planteando. Nos interpela a todos los actores de la clase política la posibilidad de dar de comer por primera vez, en la transición democrática, a 1.300.000 niños y niñas de nuestro país. En la audiencia pública realizada, hemos consultado a la ministra Lea Giménez cuánto alcanzaría el proyecto y nos dijo USD 300 millones, que apuntará a la universalización, la cual no será inmediata, sino gradual”, detalló.
Puntualizó que el Gobierno nacional cuenta con la capacidad de invertir un monto como el estipulado, lo cual saldría directamente del Fondo Nacional de Inversión Pública y el Desarrollo (Fonacide). Manifestó que el dinero no es un factor a ser ajustado en el plan, sino el cuidado de la distribución de los fondos, buscando anteponer la idea de que la alimentación escolar no constituye la caja chica de autoridades municipales y gubernamentales.
CONTROLES EXHAUSTIVOS
Meza indicó que una de las prioridades en torno al proyecto “Hambre cero” se centra en el control absoluto a ser ejercido sobre la financiación y el desembolso del plan. Enfatizó en que no se permitirá dilapidar los fondos, por lo cual se desarrollará un acompañamiento constante sobre la manera en que son distribuidos. Apuntó a la necesidad de contar con una Contraloría más activa y que no solo se pronuncie ante hechos consumados, sino que realice un seguimiento constante de la distribución.
“Se crea un gran oligopolio de empresas que lucran con el estómago de la comida de los niños y niñas. Otro factor es el castigo a la impunidad, que existan verdaderas reacciones sobre quienes tienen una mala gestión y se devuelva el dinero malversado; este es el gran desafío del proyecto”, refirió el parlamentario.