El gerente comercial de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Hugo Rolón, señaló que el perjuicio para la entidad con el funcionamiento de las granjaminerías va desde G. 500 a 1.000 millones al mes. Estos montos son los que debería percibir la Ande, sin embargo, el consumo de energía eléctrica de las granjas de criptomonedas se da de manera clandestina.

“Lo que hace estas granjas es el procesamiento de monedas virtuales. Estamos hablando de un promedio de 500 a 1.000 millones de guaraníes por mes que tendría que pagar por el consumo de energía eléctrica”, refirió en comunicación con la 650 AM. El daño a la Ande no solo se representa en términos económicos, sino también en el consumo propio de la energía eléctrica.

“En lo que va del año hemos intervenido unas 14 granjas de criptominería que se estaban conectando de manera ilegal a la red de distribución y esto en término de potencia representa 40 megavatios, aproximadamente. Si hablamos en números, representa casi 2 veces el consumo de ciudades como Pilar y Villarrica”, detalló.

Reiteró que el perjuicio que están generando es enorme, en este caso a las redes de distribución y también al patrimonio institucional de la Ande.

“Normalmente se instalan donde tenemos varios alimentadores de distribución. Lógicamente en esos lugares tenemos también sectores industriales y ellos se mimetizan dentro de estas zonas industriales, entonces pasan desapercibidos”, refirió.

Apuntó que se sigue trabajando en la lucha en contra de estas granjas ilegales. “No existe una variación significativa, salvo que se instalen en líneas radiales, a finales de línea. Estamos trabajando con otros organismos del Estado para optimizar la lucha contra los ilegales”, puntualizó.

La Administración Nacional de Electricidad (Ande) trabaja en un sistema de monitoreo de consumo de electricidad en el marco de la lucha contra las granjas de criptominería ilegales que sobrecargan al sistema en muchas áreas del país. Así lo anunció su titular, Félix Sosa, revelando que hasta el momento llevan realizadas 64 denuncias ante la Fiscalía.

Luego de la pandemia, al registrarse el “boom” de la criptominería y el alto consumo que conllevaba este negocio, la Ande comenzó a tomar medidas contra las actividades de las empresas como Esur SA que utilizaban mucha electricidad, pero que pese a ello pagaban un módico monto, por lo que fijó una tarifa especial y comenzó a regularizar esos emprendimientos.

De acuerdo a su página web, la empresa Esur SA forma parte del grupo Azeta de la familia Zuccolillo. Esta firma inició sus operaciones en el año 2011 con el objetivo de desarrollar negocios en el sector energético, a través de la administración y distribución de energía eléctrica en algunos centros comerciales, entre ellos el Shopping Mariscal y Abasto Norte, pertenecientes al mismo grupo empresarial.

En setiembre de 2019, la empresa encabezada por Micky Zaldívar incluyó en sus negocios la minería de datos, específicamente criptomonedas, para utilizar la tecnología de Blockchain, lo cual consta en la página web del grupo Azeta.