El equipo de “La caja negra” accedió a los resultados de una auditoría interna dentro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El informe revela cómo operaba el esquema de protección a narcos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez y ratifica la participación directa de un organismo del estado en esquemas narcocriminales.

• “La caja negra”

Al esquema de filtra­ciones de datos sen­sibles desde la Senad, revelado en su momento en la acusación del fiscal Deny Yoon Pak, se suma un contundente informe de auditoría interna en el ente antidrogas que revela información clave respecto a cómo operaba internamente el “servicio” de protección a narcos durante el gobierno de Abdo Benítez. Tío Rico y Marset, de un lado; Arnaldo Giuzzio, Zully Rolón y Abdo Benítez, del otro, emergen como responsables directos de un esquema que convirtió a Paraguay en un centro de acopio y distribución mundial de cocaína, impensable sin la abierta complicidad del poder político de turno.

El resultado de una audito­ría interna en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) reveló detalles del esquema de filtraciones que operaba dentro de la institución al servicio de los narcos. El informe detalla los inicios de la investigación del ope­rativo A ultranza Py, cono­cido inicialmente como Caso ARAI. Esta investigación se centraba en actividades de tráfico internacional de dro­gas y lavado de activos, invo­lucrando a varias personas y sociedades comerciales, lide­radas por Miguel Ángel Ins­frán Galeano, alias Tío Rico.

La investigación del esquema narcocriminal más grande descubierto en los últimos años comenzó en noviembre de 2019, enfocándose inicial­mente en un grupo de personas que proporcionaban logística aérea para el tráfico de dro­gas. Con el tiempo, la investi­gación se amplió, identificando nuevas sociedades y personas involucradas en un esquema más amplio y complejo de tráfico de drogas y lavado de acti­vos a nivel transnacional.

A mediados del año 2021, la Senad accedió a chats encrip­tados utilizados por los inves­tigados, obtenidos a través de autorizaciones judiciales de Francia. Estos chats se con­virtieron en pruebas cruciales, revelando actividades delicti­vas desde el año 2020 hasta marzo de 2021. El análisis de estos chats, junto con intercep­ciones telefónicas, permitió a las agencias de investigación a nivel mundial desmante­lar importantes organizacio­nes criminales, resultando en numerosos arrestos y la incau­tación de drogas, armas y bie­nes de gran valor económico.

En nuestro país posibilitó avanzar en la causa abierta contra Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico. Sin embargo, la Senad pudo deter­minar que este último contaba con un esquema de protección que le permitía tener conoci­miento sobre los procesos investigativos o despliegues operativos que se desarrolla­ban en torno a sus activida­des ilícitas, aparentemente mediante el pago de sumas de dinero a funcionarios públi­cos que integraban la fuerza de seguridad.

En la acusación presentada por el fiscal Pak aparecen trans­cripciones de mensajes entre Tío Rico con Sebastián Marset y Mauricio Swartzmann, res­pectivamente, y se menciona que el esquema de protección dentro de la Senad recibía pagos de hasta 100.000 dóla­res por cada informe de pri­mera mano, que incluían pla­nes de allanamientos, estados de investigaciones, informes de inteligencia sobre activi­dades criminales, entre otros.

De acuerdo a la información consignada en el reporte de auditoría interna de la Senad, en marzo de 2021, la Senad detectó los primeros indicios de filtraciones de información, que fueron comunicadas inter­namente a la máxima autori­dad y al agente fiscal corres­pondiente.

La ministra en ese momento era Zully Rolón, mano derecha de Arnaldo Giuzzio, a quien le llegó la información sobre las filtraciones y ordenó a media­dos de 2021 que la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) sea elevada al rango de direc­ción, dependiendo directa­mente de ella. Los indicios de filtraciones registrados en ese entonces y pese a su extrema gravedad no fueron comuni­cados al Ministerio Público.

Según revela la auditoría, entre los meses de noviem­bre y diciembre de año 2021 se dieron nuevas filtraciones, situación que fue informada nuevamente a la máxima autoridad, Zully Rolón, de manera verbal y por medio de un memorándum con acuse de recibo de fecha 15 de diciembre de 2021.

Posteriormente, el 24 de marzo del año 2022 se pre­sentó otro memorándum con 44 páginas que contenía un análisis de las informaciones que se generaron en torno a los hechos de filtración a favor de la organización criminal de Tío Rico y Marset.

El 22 de febrero de 2022 se iniciaron operativos de alla­namiento y detenciones, y recién el 22 de abril del mismo año se presentó una denuncia formal sobre las filtraciones y el esquema de protección a narcos que operaba dentro de la Senad. Pasaron 13 meses desde marzo de 2021 cuando se reportaron los primeros indi­cios de filtraciones a favor de un esquema narcocriminal y recién en ese momento, abril de 2022, se formaliza la denun­cia ante el Ministerio Público.

Todo lo expuesto constituye prueba directa e irrefutable del control e influencia deci­siva que ejercía la organiza­ción narcocriminal en la ins­titución que tenía por función combatirla, lo que a su vez es prueba irrefutable de que ese control involucró a las más altas esferas del poder político del gobierno abdista.

La exministra Zully Rolón, eterna mano derecha de Giuzzio y quien luego de aquel fungió ella misma como ministra secretaria de la Senad, cuando dijo a la prensa que ellos, es decir, las autoridades de la Senad, estaban en conocimiento de las filtraciones, pero que no hizo “cambios sustanciales” porque “se estaban desa­rrollando operativos muy importantes que llevaba esa dirección…”.

En esa entrevista, realizada el 23 de mayo del corriente, la exministra dijo que “cuando Europol envía estos mensa­jes, nosotros ya estábamos en conocimiento y es así que enviamos al Ministerio Público para su investigación ya en abril de 2022, cuando se operativizó A Ultranza…”; sin embargo, según reporta el mismo medio periodístico que entrevistó a la exminis­tra antes de ingresar a la sede del Ministerio Público para prestar declaración el pasado 31 de mayo, en esa ocasión dijo que “esas filtraciones de información fueron en 2020 y tomamos conocimiento en el mes de octubre de 2021, cuando recibimos los mensa­jes encriptados de Europol”.

La contradicción es noto­ria en lo relativo a si sabían de las filtraciones antes del reporte de Europol o sola­mente a partir del reporte de Europol, y parece indicar que la realidad es que siem­pre supieron de las filtracio­nes, como dijo en la primera entrevista, y que el citado reporte solamente los evi­denció y los obligó a comu­nicar el hecho al Ministerio Público.