El contralor general de la República, Camilo Benítez, manifestó que los organismos deben ejercer un control exhaustivo en torno a las acciones como la desarrollada por el expresidente Mario Abdo Benítez, quien tuvo un crecimiento económico abrupto a través de sus empresas, durante su presidencia.
Se determinó que Abdo Benítez tuvo un crecimiento exponencial durante su mandato como presidente de la República, facturando 100 veces más de lo que facturaba antes de su administración, en un rubro vinculado al Estado. “Vendía asfalto a empresas que contratan directamente con el Estado”, sentenció.
“Esto no es una ilegalidad, inmediatamente, pero claramente es una cuestión inmoral. Al ser presidente de la República, debía haber renunciado a las acciones que tenía o no haber permitido que sus empresas crezcan tanto”, señaló en “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media.
El titular de la Contraloría manifestó que incluso recibió cuestionamientos por parte de sus homólogos a nivel regional, en torno a la necesidad de contar con una legislación que castigue este tipo de acciones, al considerarlo como hechos graves en el servicio público.
Acciones en consecuencia
Por su parte, el gerente general de impuestos internos de la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT), Éver Otazú, explicó también en “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media, el rol de la mencionada institución en torno a las investigaciones sobre el expresidente.
“Tuvimos una participación de colaboración conforme a lo que nos permiten y obligan las leyes actuales de transparencia. Nos solicitan los informes la Contraloría, damos esto como insumo y la Contraloría consideró que había elementos para presentar el caso a la Fiscalía”, indicó.
En cuanto a la DNIT, como su interés se centra únicamente en la contingencia tributaria, para lo cual si se llega a considerar que existe algo a ser analizado, se concluye a la realización de algún control interno, fiscalización o acciones similares.
ORGANISMOS INVESTIGATIVOS
“Se debe analizar si la conducta esconde alguna ilegalidad y si sale bien eso, el examen debe volver a concluir. Siendo este caso el de una persona que administró el Gobierno central, los organismos encargados deben hacer un trabajo exhaustivo, pero estos en su mayoría dependen del Ejecutivo”, reiteró el contralor.
Remarcó que, al no existir una independencia palpable, los trabajos no se realizan con la legalidad o autonomía debida. Por otra parte, garantizó el compromiso existente para trabajar por la verdad en torno a este tipo de casos, logrando la transparencia debida.