El abogado del expresidente de la República Horacio Car­tes, Pedro Ovelar, manifestó que la ratificación de las san­ciones del Gobierno de EE. UU. a Tabacalera del Este SA (Tabesa) representa una acción política con la cual se busca un distractor para sacar los intereses sociales y mediáticos de un foco central.

“No sorprende esta ratifi­cación, por la lectura polí­tica del momento en el cual se da: cuando saltan pruebas de enriquecimiento ilícito por parte del expresidente de la República Mario Abdo Bení­tez durante su mandato”, sen­tenció el representante legal a la 1020 AM.

Ovelar puntualizó que Cartes se ha dedicado toda su vida a la actividad privada, generando su fortuna de ese modo, sin relación directa o indirecta con el sector público. Esto a diferencia del expresidente Abdo Benítez, quien tiene una directa relación entre empre­sas proveedoras del Estado y su empresa particular.

“No hay que dejar de ver esto como una acción absoluta­mente política por parte del exembajador para con sus aliados del gobierno ante­rior. Se debe decir también que Cartes nunca fue conde­nado en un juicio ni se ha pro­bado su realización de algún ilícito”, subrayó el abogado.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) había incluido a la empresa paraguaya en su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Blo­queadas. Ovelar explicó que Tabesa realizó todos los procesos correspondien­tes para solicitar a la enti­dad su desliste.

No obstante, el Gobierno norteamericano ratificó las sanciones al considerar que Tabesa brinda ayuda finan­ciera a Cartes. El represen­tante legal remarcó que el vínculo financiero solo corresponde a pagos al expre­sidente por la compra de sus acciones.

“Ayudar es proporcionar gra­tuitamente dinero y esto es muy diferente al pago reali­zado por lo que a uno perte­nece. Él (Cartes) podía haber donado a sus hijos esas accio­nes, pero para desprender a la familia de la empresa, se pro­cedió a esta venta”, relató el abogado.

Ovelar puntualizó que la acción es totalmente arbi­traria y se pretende afectar a un ciudadano paraguayo que cumple con las leyes y sus obligaciones tributarias. “Me parece esto una grave intro­misión en asuntos absoluta­mente propios del Paraguay y provocados desde el país”, puntualizó.