El pasado 11 de noviembre fue remitido a la Cámara Alta el pedido de desafuero en el marco de la causa caratulada: “Rafael Augusto Filizzola Serra y Otros s/Lesión de Confianza”.
El proceso judicial es por la compra irregular de cuatro helicópteros y el supuesto daño de más de 50.000 millones de guaraníes cuando se desempeñaba como ministro del Interior, en la era del expresidente Fernando Lugo.
Tras la lectura del oficio por parte del presidente del Senado, Basilio Núñez, el senador Filizzola pidió a sus colegas a constituirse en Comisión y dictaminar a favor del pedido judicial. Y adelantó que solicitará la extinción de la causa.”Este es un caso que se refiere a mi administración al frente del Ministerio del Interior. Lo que solicito es que los colegas permitan que el pleito se convierta en Comisión para poder dar las explicaciones correspondientes”, indicó Filizzola.
El legislador sostiene que el “caso helicópteros” nació como un ataque político de los colorados para manchar su entonces candidatura a la Vicepresidencia de la República. Afirmó que la Fiscalía lo acusó con una mentira y cometió numerosas irregularidades.
Filizzola agregó que ya se habían presentado varias acciones de inconstitucionalidad sobre el caso. “Yo había planteado una acción de inconstitucionalidad, se habían presentado varias acciones de inconstitucionalidad contra las actuaciones en este proceso y la Corte resolvió en forma unánime declarar inconstitucionales y nulas todas las acciones, incluyendo la acusación”, manifestó Filizzola.
COMISARÍAS “DE ORO”
De acuerdo a las investigaciones, también se habría producido un perjuicio de G. 1.200 millones en la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción.
El exministro del Interior había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.
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Chicanas y helicópteros “de oro”
El parlamentario es recordado principalmente por las causas penales que boicoteó durante años mediante chicanas por casos como la compra de los helicópteros y las comisarías “de oro” que supuestamente implicaron en conjunto un perjuicio de G. 51.200 millones al Estado.
En la causa por la compra de helicópteros para la Policía Nacional a precios “de oro”, su defensa querelló a los testigos de la Fiscalía por supuestamente haber mentido en sus declaraciones y también denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los fiscales que llevaron adelante las investigaciones.
Según el Ministerio Público, la empresa Proibérica fue adjudicada para proveer al ministerio, en noviembre de 2010, 4 helicópteros a pesar de no reunir los requisitos del pliego de bases y condiciones de la licitación.