El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió ayer enjuiciar de oficio a las juezas de Paz Analía Cibils y Liliana González de Bristot, presuntamente involucradas en el caso denominado “mafia de los pagarés”. La decisión se dio a propuesta del ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Ramírez Candia, y fue aceptada por unanimidad. Además, el órgano extrapoder pidió a la CSJ la suspensión de las magistradas, sin goce de sueldo.
En la sesión extraordinaria del JEM, llevada a cabo ayer, los miembros del colegiado concluyeron de manera unánime que se cumplen los requisitos de gravedad, notoriedad y afectación para el enjuiciamiento de oficio a las juezas de Paz. Como fiscales acusadores fueron designados Alejandra Benítez y Celso Ayala, respectivamente.
En la auditoría de gestión realizada por la CSJ en los juzgados de Paz de San Roque y la Encarnación, de la capital, donde operaban las citadas magistradas, se registraron serias irregularidades en la tramitación de los juicios ejecutivos, que fueron las bases para que el JEM tramite el proceso de investigación de oficio.
En un informe remitido al JEM, los fiscales encargados del caso señalaron, el pasado 14 de febrero, que se detectaron notificaciones realizadas en el marco de expedientes de preparación de acción ejecutiva así como de juicios ejecutivos realizados en forma simultánea, en el mismo día y horas cercanas, en puntos distantes.
Además de varias otras acciones que van en desmedro de numerosas personas, principalmente de escasos recursos o gente que adeudaban en algunos comercios y cuyas cuentas ya habían sido canceladas, pero vuelta a ser requeridas con pagarés que no fueron entregados oportunamente.