El ministro de la Niñez y Adolescencia, Wal­ter Gutiérrez, anun­ció que el Poder Ejecutivo se encuentra analizando la posibilidad de imple­mentar dentro del sistema penal paraguayo la prisión permanente revisable, una alternativa que sí permite la Constitución y que difiere de propuestas que se encuen­tran en el Congreso.

“Estoy de acuerdo con que se puede incorporar la pri­sión permanente revisable, y lo estamos debatiendo en el Poder Ejecutivo. Está par­ticipando una eminencia del derecho como es la exminis­tra de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta”, explicó.

Detalló las diferencias entre ambas figuras. Cuando se habla de cadena perpetua, no hay posibi­lidad de que el individuo pueda reintegrarse a la sociedad; en cambio, con la prisión permanente revisa­ble sí es posible, pero está sujeto a constantes análi­sis que determinen si real­mente la persona está en condiciones de reinsertarse o si es mejor que continúe privado de su libertad.

“Por ejemplo, si se le con­dena a una persona por 30 años en el marco de la pri­sión permanente revisable, cuando se cumplan los 30 años, lo que va a suceder es que un equipo especializado va a hacer un análisis pro­fundo desde lo psicológico, psiquiátrico, socioambien­tal y otras aristas, verá si al momento del cumplimiento se encuentra en condiciones de ser reinsertado; si no es un peligro, recién ahí se le inserta”, añadió.

Señaló que esto no va en contra de lo que establece la Constitución, que en su artí­culo n.° 20 sobre el objeto de las penas habla de dos pun­tos, de la reinserción de la persona privada de liber­tad, pero también de la pro­tección a la sociedad. “Acá uno no cae en una contradic­ción porque le estás dando la posibilidad de que pueda ser reinsertado”, sostuvo.

Esta propuesta en análisis es diferente al del diputado Rubén Rubin, que estipula incluso 90 años. El minis­tro fue enfático ante la 1020 AM que la iniciativa del legislador; si bien fue pre­sentada como una prisión permanente revisable, no lo es. “No lo digo solamente como ministro ni parte del Poder Ejecutivo, sino como profesional del derecho. Así como está planteada la pro­puesta, es inconstitucional”, aseveró.