El titular de la Direc­ción Nacional de Con­trataciones Públi­cas (DNCP), Agustín Encina, comentó que detectaron irre­gularidades en 256 procesos licitatorios impulsados por 108 municipios. Agregó que los casos ya fueron remitidos a la Contraloría General de la República (CGR) y a las juntas municipales para que tomen las medidas pertinentes.

“Encontramos, desde el mes de agosto de 2023 hasta la fecha, 250 procesos que hemos declarado irregulares, pertenecien­tes a municipios. Esto abarca el 41 % de los municipios del país, es decir, 108 munici­pios están afectados por esta declaración de irregularidad”, comentó Encina al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Encina detalló que las irregularida­des giran en torno a procesos licitatorios que no pasaron por la DNCP, persistencia en obser­vaciones que no fueron subsa­nadas, la falta de comunicación de contratos y sus etapas de ejecuciones. “Las irregularidades fueron cometidas desde los municipios más grandes hasta lo más pequeños, hay de todo”, puntualizó.

Recientemente, la DNCP reportó un nuevo récord his­tórico en la cantidad de inhabi­litaciones por incumplimientos en materia de contrataciones públicas, al alcanzar 164 per­sonas físicas y jurídicas sancio­nadas, superando la marca de 161 sanciones que se mantenía desde 2017. Encina había consi­derado que teniendo la cantidad de sumarios actualmente en curso, se estima que para finales de año la DNCP alcanzará aproximadamente 200 inha­bilitados.

“La inhabilitación es positiva, depende de los ojos con que se mire, estamos cum­pliendo con nuestro trabajo. Acá se trata de empresas proveedo­ras del Estado y sus inversionis­tas”, comentó. Señaló que el 30 % de los proveedores inhabili­tados son del rubro de la cons­trucción y mantenimiento, el 18 % son del servicio de lim­pieza y reparaciones, el 8 % adquisición de equipos médi­cos para laboratorios y un 8 % para servicios técnicos y con­sultorías.

Al analizar la distri­bución por rubros, se observa 30 % en proveedores de obras de construcción y manteni­miento, 18 % servicios de limpieza y reparaciones, 8 % adquisición de equipos médi­cos y de laboratorio, al igual que la categoría de servicios técnicos y consultorías, que también representa un 8 %, entre otros. Las cifras inclu­yen proveedores inhabili­tados más de una vez en un mismo año.