• Dubái, Emiratos Árabes Unidos. AFP.

El avión que trasladó al detenido expresidente filipino Rodrigo Duterte a Dubái, en su ruta a Países Bajos, despegó el miércoles después de una escala de varias horas, según una página web de monitoreo de vuelos. No fue posible confirmar si Duterte iba a bordo del avión privado. El exgobernante deberá comparecer en La Haya tras su detención por una orden de la Corte Penal Internacional ligada a su mortal guerra contra las drogas.

Abogados del expresidente de 79 años presentaron una petición para exigir que Duterte sea enviado de vuelta a Manila, donde fue detenido el martes. El avión Gulfstream G550 despegó del Aeropuerto Internacional Al Maktoum de Dubái poco antes de mediodía (8:00 GMT), unas ocho horas después de aterrizar, según el sitio flightradar24.com.

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El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, partió ayer martes en avión hacia La Haya después de haber sido detenido en el aeropuerto de Manila por una orden de la Corte Penal Internacional (CPI), que le acusa de crímenes contra la humanidad por su mortífera guerra contra el narcotráfico.

Las organizaciones de derechos humanos estiman que esa campaña durante su mandato (2016-2022) se cobró la vida de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres pobres, a menudo sin pruebas de su vínculo con el narcotráfico. Una vez que llegue a La Haya, Duterte, de 79 años, tiene que ser transferido a la sede de la CPI, que abrió una investigación sobre esta campaña que inició en 2016.

Los abogados del expresidente presentaron el miércoles una petición en nombre de su hija menor, Verónica, ante la Corte Suprema de Filipinas acusando al gobierno de “secuestro” y exigiendo que lleven “de vuelta” a Duterte.

En una rueda de prensa, el sucesor de Duterte, Ferdinand Marcos, había confirmado el despegue del avión en la noche del martes en dirección a La Haya “para que el expresidente responda a las acusaciones de crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas”.

Corresponsales de la AFP vieron la aeronave hacer escala en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Tras el despegue del avión en Manila, la CPI confirmó haber emitido una orden de arresto. “Una vez que el sospechoso está bajo custodia de la CPI, se programa una audiencia de comparecencia inicial”, declaró su portavoz Fadi Abdullah.

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Duterte exigió conocer el fundamento de su arresto, en un video publicado en la cuenta de Instagram de su hija Verónica. “¿Cuál es la ley y cuál el crimen que cometí? Muéstrenme el fundamento legal por el cual estoy aquí”, declaró en el video. “Me trajeron aquí no por mi voluntad, sino por la de otro (...) Tienen que responder por la privación de libertad”, agregó.

Por su parte la vicepresidenta filipina e hija del expresidente, Sara Duterte, denunció en un comunicado que se habían llevado a su padre “a la fuerza”. “Esto no es justicia, esto es opresión y persecución”, dijo la dirigente, que el miércoles por la mañana tomó un avión en dirección a Ámsterdam.

Duterte fue detenido en el aeropuerto de la capital tras un breve viaje a Hong Kong.

Hablando el domingo a miles de trabajadores filipinos en Hong Kong, el expresidente condenó el proceso en su contra y calificó a los investigadores de la CPI como “hijos de puta”, aunque dijo que “aceptaría” la detención.

Filipinas abandonó la CPI en 2019 por orden de Duterte, pero el tribunal mantuvo la jurisdicción sobre el caso de las matanzas, así como otro caso de asesinatos en la ciudad de Davao cuando Duterte era el alcalde, tres años antes de ser presidente.

Duterte recibió un velado apoyo de China, que, a través de un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, exhortó a la CPI a “ejercer su poder con prudencia en conformidad la ley y a evitar la politización y el doble rasero”.

La CPI inició una investigación formal en septiembre de 2021 pero la suspendió dos meses después, cuando el gobierno filipino afirmó que estaba estudiando cientos de casos de operativos antidrogas que resultaron en muertes a manos de policías, vigilantes y sicarios.

El caso se reanudó en julio de 2023 después de que un panel de cinco jueces rechazara la objeción del gobierno de que la CPI tenía jurisdicción.

Desde entonces, el gobierno del presidente Ferdinand Marcos dijo que no cooperará con la investigación.

Duterte tiene gran popularidad entre muchos filipinos que apoyaron su forma drástica de combatir el crimen, y sigue teniendo influencia política.

Actualmente aspiraba a volver a ser alcalde de Davao, su bastión electoral, en los comicios de mayo.

Durante su gobierno, Duterte instruyó a los policías disparar a matar a los sospechosos de narcotráfico si sus vidas corrían riesgo, e insistió en que la política de mano dura salvaba a las familias e impedía que Filipinas se convirtiera en un “narcoestado”.

En octubre, durante una investigación del Senado sobre la guerra contra las drogas, Duterte dijo que no daría “disculpas o pretextos” por sus acciones.

• Manila, Filipinas. AFP.

El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido el martes en el aeropuerto de Manila en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional (CPI), que le acusa de crímenes contra la humanidad por su mortífera guerra contra el narcotráfico durante su mandato.

“Temprano por la mañana, Interpol Manila recibió la copia oficial de la orden de arresto de la CPI”, señaló un comunicado presidencial. “Actualmente [Rodrigo Duterte] está bajo custodia de las autoridades”, agregó. Unas horas después, alrededor de las 21:00 (13:00 GMT), el expresidente fue llevado a bordo de un avión con destino a La Haya, según uno de sus abogados, Martin Delgra.

El exgobernante de 79 años se enfrenta un cargo de la CPI por “crimen contra la humanidad por asesinato” por la campaña contra las drogas que llevó a cabo durante su presidencia (2016-2022). Según las asociaciones de derechos humanos, la campaña se cobró la vida de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres pobres, a menudo sin pruebas de su vínculo con el narcotráfico.

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Duterte exigió conocer el fundamento de su arresto, en un video publicado en la cuenta de Instagram de su hija menor, Verónica. “¿Cuál es la ley y cuál el crimen que cometí? Muéstrenme el fundamento legal por el cual estoy aquí”, declaró en el video. “Me trajeron aquí no por mi voluntad, sino por la de otro (...) Tienen que responder por la privación de libertad”, agregó.

No se reveló el lugar donde se grabó el video, aunque su partido divulgó una foto que indica que estaba detenido en la Base Aérea Villamor, contigua al aeropuerto de Manila.

Por su parte la vicepresidenta filipina e hija del expresidente, Sara Duterte, dijo que hay planes para trasladarlo rápidamente a La Haya. “Mientras escribo esto, está siendo llevado a la fuerza a La Haya esta noche. Esto no es justicia, esto es opresión y persecución”, dijo en un comunicado.

Duterte fue detenido en el aeropuerto de de la capital tras un breve viaje a Hong Kong.

Hablando el domingo a miles de trabajadores filipinos en Hong Kong, el expresidente condenó el proceso en su contra y calificó a los investigadores de la CPI como “hijos de puta”, aunque dijo que “aceptaría” la detención.

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Filipinas abandonó la CPI en 2019 por orden de Duterte, pero el tribunal mantuvo la jurisdicción sobre el caso de las matanzas, así como otro caso de asesinatos en la ciudad de Davao cuando Duterte era el alcalde, tres años antes de ser presidente.

Duterte recibió un velado apoyo de China, que, a través de un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, exhortó a la CPI a “ejercer su poder con prudencia en conformidad la ley y a evitar la politización y el doble rasero”.

La CPI inició una investigación formal en septiembre de 2021 pero la suspendió dos meses después, cuando el gobierno filipino afirmó que estaba estudiando cientos de casos de operativos antidrogas que resultaron en muertes a manos de policías, vigilantes y sicarios.

El caso se reanudó en julio de 2023 después de que un panel de cinco jueces rechazara la objeción del gobierno de que la CPI tenía jurisdicción.

Desde entonces, el gobierno del presidente Ferdinand Marcos ha dicho que no cooperará con la investigación.

Duterte tiene gran popularidad entre muchos filipinos que apoyaron su forma drástica de combatir el crimen, y sigue teniendo influencia política.

Actualmente aspira a volver a ser alcalde de Davao, su bastión electoral, en los comicios de mayo.

Durante su gobierno, Duterte instruyó a los policías disparar a matar a los sospechosos de narcotráfico si sus vidas corrían riesgo, e insistió en que la política de mano dura salvaba a las familias e impedía que Filipinas se convirtiera en un “narcoestado”.

En octubre, durante una investigación del Senado sobre la guerra contra las drogas, Duterte dijo que no daría “disculpas o pretextos” por sus acciones.

• Ciudad de Guatemala, Guatemala. AFP.

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora fue devuelto ayer lunes a una prisión militar, luego de que un juez acató una orden de un tribunal superior que revocó el arresto domiciliario en el que estaba desde octubre pasado.

Zamora, de 68 años, es acusado de un supuesto caso de lavado de dinero y chantaje, en un proceso que organismos internacionales y varios gobiernos consideran un ataque contra la prensa por parte del anterior gobierno guatemalteco y los colaboradores que aún tiene en la Fiscalía.

Tras el fallo del juez Erick García, rechazado por organismos de derechos humanos internacionales, agentes del sistema penitenciario esposaron a Zamora y de inmediato lo llevaron a la misma prisión donde ya estuvo encarcelado por más de 800 días, el cuartel Mariscal Zavala, en Ciudad de Guatemala.

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El juez acató una orden de una sala de la Corte de Apelaciones que revocó el arresto domiciliario precisamente por gestiones de la Fiscalía y la querellante en el proceso, la ultraderechista Fundación contra el Terrorismo.

Tras escuchar el fallo, el periodista, que vestía un traje azul y camisa blanca, insistió en su inocencia y reiteró que seguirá “enfrentando el Estado mafioso, las mafias criminales que manipulan a su capricho, y arbitrariamente la justicia”. “Regreso a prisión. Yo pienso que no soy el único (criminalizado)”, declaró Zamora, quien calificó como “arbitraria” la resolución en su contra de la sala de Apelaciones. En su cuenta de X, la Fiscalía celebró la resolución del juez.

La oenegé Reporteros si Fronteras (RSF) hizo “un llamamiento al sistema judicial guatemalteco para que respete el derecho a un juicio justo y deje de abusar de los mecanismos legales para amordazar a los periodistas”. “La comunidad internacional debe seguir presionando a Guatemala para que garantice la libertad de prensa y el Estado de derecho”, subrayó RSF en una declaración enviada a la AFP.

Amnistía Internacional (AI) condenó el fallo debido a que “a todas luces” es arbitraria y se debe por “sus labores periodísticas de investigación y denuncia de la corrupción”.

“Su detención es un atropello más en la larga lista de violaciones a sus derechos humanos. Exigimos su liberación inmediata y el levantamiento de todos los cargos en su contra”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de AI.

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“Rechazamos la revocación del arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora. La arbitraria decisión del Juzgado constituye un grave ejemplo de persecución política y contra la libertad de expresión en Guatemala”, subrayó por su parte la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En tanto, la secretaría de Comunicación Social de la Presidencia en un pronunciamiento expresó su preocupación por “la continuidad del hostigamiento” contra Zamora y pidió al Organismo Judicial a “retomar el camino de una justicia transparente e imparcial”. El periodista estuvo preso en la cárcel del Mariscal Zavala desde el 29 de julio de 2022 hasta octubre pasado.

Zamora fue arrestado tras publicar en su diario El Periódico casos de corrupción que salpicaban al entonces presidente derechista Alejandro Giammattei (2020-2024). El rotativo cerró en 2023, mientras él estaba en prisión. Un tribunal lo condenó el 14 de junio de 2023 a seis años de cárcel por lavado de dinero, pero la sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse.

• Peshawar, Pakistán. AFP.

La activista paquistaní y premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai volvió el miércoles pasado a Khyber-Pakhtunkhwa, la provincia donde nació, antes de ser evacuada en 2012 a Reino Unido tras sufrir un disparo en la cabeza en un ataque de los talibanes cuando viajaba en su transporte escolar. “Cuando era pequeña, pasaba todas mis vacaciones en Changla jugando junto al río y compartiendo comidas con mi extensa familia”, escribió en la red social X.

“Ha sido una alegría volver allí hoy, después de 13 largos años, en medio de las montañas, con las manos sumergidas en el río fresco, riendo con mis queridos primos. Este lugar es muy querido en mi corazón y espero volver una y otra vez”, agregó. La activista, que en 2014 se convirtió en la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de la educación de las niñas, sólo ha regresado a Pakistán en contadas ocasiones.

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En la época en que Malala vivía en Pakistán, los talibanes habían ordenado a las niñas que se quedaran en casa, pero la joven siguió yendo a la escuela en secreto, escribiendo un blog sobre su experiencia. Aunque ha visitado en dos ocasiones el remoto valle de Swat, donde fue tiroteada por los talibanes paquistaníes, es la primera vez en 13 años que regresa a Changla, donde pasó su infancia antes de que su familia se trasladara a Swat.

En esta localidad ha ido en aumento la violencia desde que los talibanes volvieron al poder en el vecino Afganistán en el verano de 2021. El miércoles, se estableció un cordón de seguridad durante varias horas en la zona que visitó, según informaron a AFP funcionarios locales.

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Malala, que llegó en helicóptero acompañada de su padre, su marido y su hermano, pasó tres horas en la zona. Aprovechó la ocasión para comprobar por sí misma los progresos de los proyectos locales apoyados por el Fondo Malala, una ONG que trabaja en favor de la educación de las niñas. “Su visita se mantuvo en secreto para evitar incidentes”, declaró un alto funcionario de la región bajo condición de anonimato.

“Incluso la población local desconocía su llegada”, añadió. La noche anterior a su llegada, un grupo pro talibán atacó al ejército en la cercana ciudad de Bannu, matando a 18 personas. “Rezo por la paz en todos los rincones de este hermoso país. Los recientes atentados, incluido el de ayer en Bannu, me rompen el corazón”, escribió el activista.