La viuda del periodista brasileño Lourenço “Leo” Veras, quien fuera asesinado por sicarios en la ciudad de Pedro Juan Caballero el 12 de febrero del 2020, Cinthia González, brindó una conferencia de prensa este jueves y acusó al diputado Santiago Benítez de intentar manipularla para favorecer al principal sospechoso de la muerte de su esposo.

“Días después de la muerte de Leo me llama el señor Santiago Benítez, dueño de la radio Imperio. Me pidió mediar para la entrega de un pendrive a la Fiscalía con supuesta evidencia para favorecer al sospechoso de la muerte de Leo, que es alguien vinculado al crimen organizado. Santiago intentó mucho convencerme; a cambio, según él, tendría una recompensa económica y de protección; me depositarían en una cuenta una cantidad de dinero”, manifestó González.

Explicó que ella le tenía confianza al ahora diputado, ya que era amigo cercano de su marido, y que de igual manera este la expuso a ella y a su familia a situaciones de peligro. Sostuvo que en una ocasión el ahora parlamentario la habría citado a un hotel para confesarle que minutos antes de la muerte de su esposo habría conversado con él.

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“En esa ocasión me confesó haber hablado con Leo, me dijo: ‘El día que mataron a Leo le llamé y le pregunté si él sabía de alguna información porque yo recibí la información de que se le iba a matar a un periodista y Leo me respondió que no sabía nada. Media hora después mataron a Leo’, fueron las palabras de Santiago Benítez”, relató la viuda.

La mujer remarcó que trataron de hacerla ver como una persona que pedía dinero a cambio de su silencio y que inclusive recibió la visita de la abogada del principal sospechoso de la muerte de su marido, quien la habría encarado para consultarse sobre una supuesta solicitud de 10.000 dólares que le dijeron que realizó para brindar una declaración favorable hacia el acusado en aquel momento.

González aseguró que jamás solicitó dinero y que, además de este tipo de circunstancias, debió lidiar con dificultades económicas y el temor por su vida de manera constante, sacando a relucir que inclusive debía pagar el combustible de los policías que la custodiaban.

“No he aceptado ni aceptaré nada, estoy dispuesta a colaborar con la justicia buscando que este crimen no quede impune, pero no en un contexto manipulado ni a cambio de favores. Mi caso ha sido utilizado como herramienta de presión y oportunismo, ignorando que detrás hay una mujer luchando por vivir, una madre sacrificándose para proteger a su familia en condiciones sumamente difíciles, y nos siguen haciendo sufrir con la indiferencia de las autoridades”, dijo González.

Además de exigir transparencia en la investigación del caso de la muerte de su esposo, pide que las autoridades competentes den respuesta a las múltiples interrogantes que existen en torno a todo lo ocurrido y al procesamiento de evidencias, entre las cuales, según la mujer, se encuentran la computadora y el celular del periodista fallecido, los cuales podrían aportar pruebas contra sus asesinos.

Por el crimen del comunicador es sindicado como principal sospechoso Waldemar Pereira Ribas, alias Cachorrão, quien formaría parte del Primer Comando Capital (PCC).

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En la madrugada de este miércoles se reportó un accidente de tránsito entre dos automóviles sobre la avenida Manuel Ortiz Guerrero en la ciudad de San Lorenzo. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales, pero sí pérdidas materiales; los conductores involucrados dieron positivo al alcotest.

Según el informe de los intervinientes, ambos vehículos se dirigían desde la ciudad de Ñemby al centro de San Lorenzo cuando se dio el percance. Aparentemente, la conductora del automóvil Hyundai HB0, color gris, año 2022, habría perdido el control del rodado y terminó impactando contra el segundo vehículo involucrado, un Chevrolet Spark 2008.

Posterior a esto, habría pasado sobre el paseo central, chocando varias columnas y terminó volcando. Afortunadamente, la conductora, quien se encontraba en compañía de su hija de 9 años no sufrió heridas de consideración.

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Tras el percance, los intervinientes realizaron la prueba de alcotest a ambos conductores, la mujer, identificada como Yennifer Delgado, dio positivo al alcotest con 0,734 mg/L, al igual que el segundo conductor, quien fue identificado como Delvis Oviedo, con 0,864 mg/L de alcohol en sangre.

Debido a que no hubo heridos, los involucrados fueron trasladados hasta la comisaría jurisdiccional y los vehículos fueron retirados de la vía pública, mientras que se realizaba el informe de daños para el municipio y los servicios de luz que se vieron afectados.

“La verdad es que la forma en que se dio el siniestro es un milagro que nadie haya salido lastimado; creo que la velocidad en la que venía la mujer también ayudó a que esto no fuera peor, ya que hasta el paseo central pasó”, dijo el oficial interviniente Ramón Brizuela.

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La Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda promovida por un exfuncionario de la Administración Nacio­nal de Electricidad (Ande), quien reclamaba alrededor de G. 5.400 millones en con­cepto de indemnización por supuestos daños y perjui­cios derivados de una des­titución que consideraba injustificada.

Los ministros de la Corte César Garay, Eugenio Jimé­nez y Alberto Martínez Simón firmaron la resolu­ción judicial.

En la demanda civil, el exfuncionario de la Ande había solicitado el 3 % men­sual de intereses sobre tal monto, suma que alcan­zaba los G. 11.500 millones solo en intereses. Además, se ahorraron los posibles honorarios profesionales de los abogados del deman­dante, lo que habría repre­sentado un desembolso total de G. 20.608.583.310 para el Estado paraguayo.

La Procuraduría General de la República, en ejercicio de la representación legal del Estado, defendió la improce­dencia de la demanda y sos­tuvo que no se cumplían los requisitos legales para una condena por responsabili­dad civil extracontractual.

En su sentencia, la Corte señaló que no se acredita­ron ni la existencia de un daño jurídicamente com­probado, ni el vínculo cau­sal directo entre la actuación de los funcionarios y los per­juicios alegados, ni un factor de atribución válido.

El fallo resalta que las demandas contra el Estado deben demostrar con cla­ridad los cuatro elementos esenciales de la responsabi­lidad civil: antijuridicidad, daño, nexo causal y factor de atribución. La sola dis­conformidad con un acto administrativo no basta para fundar una preten­sión indemnizatoria, espe­cialmente cuando los actos cuestionados ya han sido revisados en otras vías juris­diccionales.

Este caso constituye un precedente relevante en la defensa del erario público y reafirma el compromiso ins­titucional de la Procuradu­ría General de la República en asegurar una representa­ción jurídica eficiente, que permita resguardar los inte­reses del Estado ante recla­mos infundados.

En la madrugada de este lunes se registró un accidente con derivación fatal sobre la avenida Bernardino Caballero en la zona de Ytororó de la ciudad de Ypané. El incidente involucró a dos camionetas.

Las autoridades intervinientes confirmaron que el fallecido fue identificado como Eder Froilán Saldívar, de 40 años, quien iba mismo iba al mando de una camioneta, la cual quedó completamente destrozada.

Según la información recabada, el conductor fallecido aparentemente circulaba a alta velocidad y en un momento dado habría perdido el control de su vehículo y terminó impactando de manera frontal contra la camioneta que circulaba en el carril contrario.

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La hipótesis de que el accidente se habría dado a raíz debido a la alta velocidad en que conducía el fallecido cobra fuerza por el resultado del impacto, ya que a raíz del mismo el conductor habría salido despedido de la camioneta y toda la parte frontal de la misma habría quedado destrozada.

El conductor del otro vehículo fue sometido a la prueba de alcotest, la cual arrojó como resultado 0,086 miligramos por litro. La investigación para dilucidar cómo se habría dado realmente el accidente continúa por parte de los efectivos policiales.

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